El alcalde de Orihuela cesa al asesor del PP y gerente de Uryula Histórica

El alcalde Orihuela, Pepe Vegara, ha cesado a Rubén Rodríguez, que tenía un puesto de asesor del PP como personal eventual de la Corporación, adscrito al área administrativa (nivel 1) en régimen de dedicación completa, labor por la que percibía un salario de 50.000 euros brutos al año, una cantidad que hacía que fuera uno de los cargos de confianza con mayor retribución.

Además, era el gerente de la empresa municipal Uryula Histórica, que gestiona servicios como el Centro de Atención Temprana, la Escuela Infantil de La Murada y la compra, venta o urbanización de inmuebles para el bienestar social y la mejora del centro histórico, aunque de esto último se encargará la nueva Empresa Pública Municipal de Vivienda y Suelo de Orihuela. Rodríguez relevó en el cargo a Fernando Gómez por "acumulación de tareas", según indicaron fuentes municipales.

El documento firmado por el regidor indica que el cese se ha producido por la renuncia de Rodríguez, con efectos desde el pasado lunes día 8. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que el ya exasesor ha vuelto a su puesto de trabajo en un banco tras finalizar la excedencia que había solicitado.

Este cese se suma a la salida de Francisco Chumillas, también asesor de los populares, con jornada completa y un sueldo de 40.000 euros, por lo que el equipo de asesores del bipartito de PP y Vox ahora está en 21.

Equipo de asesores

El equipo de gobierno comenzó teniendo 23 asesores que se dividían en 17 para los populares y seis para los del partido de Manuel Mestre. Atendiendo al acuerdo de junta de gobierno en septiembre de 2019, entonces conformado por el PP y Ciudadanos, cuando se aprobó el organigrama de asesores del mandato, se establece un máximo de 25, según la normativa para poblaciones del tamaño de Orihuela. En tal caso, el tope fijado para el gasto es de 839.200 euros, solo 26.000 euros más que la cuantía de los 23 puestos de confianza, que alcanzaban los 813.235 euros.

Entre las filas populares, destacan Manuel Ortuño, expresidente de la Asociación de Moros y Cristianos Santas Justa y Rufina y padre de la concejala de Aseo Urbano y Fiestas, Rocío Ortuño, así como el exalcalde de Redován y letrado Emilio Fernández, y los exconcejales Dámaso Aparicio y Almudena Baldó. En este equipo también destaca Raúl Fernández, asesor en la Costa, que ocupaba el puesto número 11 en las listas electorales, quedándose a punto de ser concejal por apenas unos votos.

Aparicio, a su vez, ya es oficialmente gerente de la empresa municipal Servicio de Gestión Medioambiental de Orihuela (SGM), que se encarga de gestionar el servicio de las basuras y el mantenimiento de los viales de la Costa, que en este caso opera bajo la marca Ecoplan. El consejo de administración aprobó a finales de mayo la propuesta de nombramiento del exconcejal realizada por el tribunal que se encarga del proceso selectivo para el puesto directivo, que, tras descartar a tres de los cuatro candidatos por no presentar la documentación requerida, dejó como único aspirante a Aparicio.

Una vez que firme el contrato con un sueldo de hasta 80.000 euros al año, con una asignación fija de 50.000 euros y una variable de hasta un máximo de 30.000 euros, también cesará como personal eventual, un puesto por el que percibe 40.000 euros brutos anuales, cantidad a la que renunciará duplicando su nómina.

Cambios

Vegara hizo algunos cambios en septiembre fichando a dos nuevos asesores del equipo de gobierno para cubrir la baja de Chumillas y sustituir a Cristian Berná, que percibía un salario municipal de 30.000 euros brutos al año hasta que dimitió en agosto "por motivos personales" cuando estaba en ojo del huracán por presuntas irregularidades en unas facturas, una polémica que salpicó al Ayuntamiento, que entregó a la Fiscalía 117 archivos sobre falsificación de subvenciones en las fiestas de Orihuela Costa y La Murada -Berná fue presidente de la comisión de fiestas de la pedanía en 2022 y 2023-, una supuesta trama en la que Fiscalía, a raíz de la denuncia del Consistorio, ve indicios de un presunto delito por falsedad documental.

Poco antes, el alcalde también firmó a mediados del mes de julio un decreto que nombraba a Wifredo Danvila Del Barco como personal eventual para asesorar a Vox, que tenía una vacante, con el fin de plantear nuevas iniciativas tras la renuncia de Gonzalo Montoya como concejal de Cultura, área que asumió su compañera de filas Anabel García.

El equipo de asesores también se tuvo que reestructurar en marzo de 2024, firmando el regidor dos nombramientos para su socio de gobierno después del polémico despido del asesor de prensa de Vox, Álex Ferrer, en los diez primeros meses de gobierno.

Por su parte, la oposición en bloque ha insistido en varias ocasiones en "la opacidad" en los procesos de selección de personal de las sociedades municipales, a las que han llegado a calificar como "agencias de colocación para afines al PP y Vox", con procesos selectivos hechos a medida, pagando "favores políticos" con dinero público.

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