GUARDAMAR DEL SEGURA
Marina de las Dunas Guardamar afronta el fin de la concesión con los usuarios enfrentados al Ayuntamiento por un aumento de tarifas del 70 %
Los cesionarios, que ya no podrán subarrendar los puntos de amarre, barajan dejar de pagar desde julio si el municipio, gestor de la instalación, no da marcha atrás en su decisión
D. Pamies / Áxel Álvarez
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El puerto deportivo municipal Marina de las Dunas (Madusa) de Guardamar del Segura llega a julio con el fin de la concesión de 30 años de la Generalitat sobre la mesa y un conflicto abierto por las nuevas tarifas de amarre. Los usuarios con derecho de uso preferente -cesionarios desde hace 30 años-, sostienen que la empresa municipal Madusa les aplica una subida cercana al 70% para abaratar los amarres de tránsito. El concejal delegado, Pablo de Miguel Pradillo, defiende, por el contrario, que al extinguirse la cesión actual decaen los derechos preferentes y durante el periodo transitorio debe aplicarse una tarifa común por superficie de lámina de agua, sin ánimo de lucro y sin que el Ayuntamiento asuma pérdidas.
Entre el final de la concesión y la eventual prórroga o nueva adjudicación debe mediar una autorización temporal de la Conselleria para que la gestora actual, el Ayuntamiento de Guardamar a través de una empresa municipal, siga explotando el puerto. Esta autorización permitiría a Madusa continuar gestionando, pagando gastos y cobrando cuotas mientras se resuelve la nueva concesión.
Casi quinientos amarres
El Ayuntamiento señala que el 75% de los 485 amarres son de cesionarios con derecho de uso preferente, pero este derecho se extingue cuando acaba la cesión. Quienes recibieron en su día la cesión, hace tres décadas, pagaban menos porque hicieron una aportación inicial por esta preferencia. Pero a la conclusión de este periodo si desean entrar en la nueva etapa de 15 años, a su juicio, tendrán que valorar si les interesa asumir una nueva inversión o quedarse como usuarios de tránsito.
La mayoría de cesionarios rechazan ese planteamiento. Para ellos la igualdad no puede consistir en bajar alrededor de un 50% a los amarres de tránsito y subir un 70% a quienes ya eran cesionarios. Su propuesta es mantener a los cesionarios las cuotas actuales, actualizadas con un 3%, y encarecer algo más las nuevas tarifas de tránsito para que el reparto no recaiga sobre los antiguos titulares de derechos preferentes.
Uno de los pantalanes ocupados por embarcaciones recreativas y veleros en el puerto deportivo Marina Las Dunas / Áxel Álvarez
El Ayuntamiento trabaja con la previsión de un proceso de autorización temporal entre el final de la concesión vigente y una nueva o prórroga de 15 años para el que va a presentar un plan de viabilidad con una previsión de inversiones de cinco millones de euros. Añade de Miguel que la intención es presentar el proyecto y el estudio de viabilidad de forma que el trámite dure lo menos posible. "Entregárselo totalmente preparado a la Generalitat para que resuelva cuanto antes", indicó a INFORMACIÓN. Considera, además, que no contempla que la Generalitat saque el puerto a concurso, porque entiende que el proyecto municipal cumple las condiciones necesarias para continuar.
Tarifas
La polémica no está tanto en la continuidad inmediata del puerto, sino en las tarifas que la empresa municipal quiere aplicar durante ese periodo. El Consejo de Administración de Madusa aprobó nuevas tarifas mensuales de amarre para el periodo posterior al final de la concesión el pasado 28 de mayo, reunión que contó con los votos favorables de los consejeros del PSOE y la abstención del PP, sin que acudiera el regidor de Vox, con una ausencia justificada por motivos familiares. Las tarifas aprobadas fueron comunicadas por correo a los usuarios.
Para fijar el nuevo canon Madusa habría tomado como base los ingresos de 2025 por cuotas de amarres, unos 760.000 euros, los habría actualizado con un 3% hasta situarlos en torno a 783.000 euros y después los habría repartido entre la superficie total de láminas de agua de los amarres. El resultado sería una cuota mensual por metro cuadrado.
El regidor señala que con autorización temporal, no se pueden mantener diferencias entre usuarios. Por eso defiende una “tarifa plana” por metro cuadrado de lámina de agua, calculada en función de la eslora y la manga de cada embarcación. Según su explicación, el objetivo es mantener los ingresos previstos, “para no ganar ni perder”. Para los usuarios de tránsito, que antes pagaban tarifas más altas, el nuevo sistema supondría una rebaja importante. Para los cesionarios, que durante años han pagado cuotas menores porque abonaron una cantidad inicial al comienzo de la concesión, el nuevo reparto implica una subida que estiman en torno al 69% o 70%.
Vista aérea del puerto deportivo Marina Las Dunas en una imagen de archivo / INFORMACIÓN
Dejar de pagar
Los principales usuarios del puerto Deportivo cuestionan esta subida como "abusiva" si consideran los servicios que reciben, a su juicio muy deficientes, el estado de las instalaciones y en especial las limitaciones de navegación por la falta de calado de la bocana. Los usuarios tienen prevista una reunión este mismo sábado donde se planteará que los cesionarios dejen de abonar la cuota si Madusa no reconsidera las tarifas antes del vencimiento en julio.
Adiós al subarriendo
Otra cuestión relevante que subyace al malestar entre los cesionarios es la que afecta al subarriendo de puntos de amarre. Estos aseguran que el reglamento de explotación permitía subarrendar el derecho de uso preferente con autorización expresa de Madusa. Sin embargo, también reconoce que la misma empresa municipal puede dejar sin efecto esas autorizaciones antes del fin de la concesión. A partir de ahí, calcula que solo unos 139 titulares con embarcación propia en amarre de cesión quedarían en la situación que se pretende proteger con las cuotas actuales; el resto de amarres pasarían a tratarse como de tránsito al desaparecer las autorizaciones de subarriendo.
El concejal, por su parte, aclara que la eliminación de los subarriendos, práctica habitual entre los cesionarios preferentes, no se plantea como posibilidad, sino que será una realidad en la nueva etapa. Señala que nunca han estado autorizados expresamente y en ningún caso por la Generalitat, muy restrictiva con el hecho de que los titulares de los puntos de amarre y lámina de agua sean quienes figuran administrativamente. Admitió, sin embargo, que se trata de una situación histórica consentida desde que arrancó la andadura del puerto, ya que en su momento se quiso evitar que quedaran muchos amarres vacíos y se permitió que un solo cesionario acaparara varios. Convertido en un negocio lucrativo para algunos cesionarios, el concejal señala que el subarriendo no volverá a permitirse ni durante la autorización temporal ni en la futura concesión.
Nuevo dragado de emergencia y una minidraga permanente
El concejal de Miguel Pradillo y los cesionarios coinciden en un punto. Los problemas de calado de la bocana del puerto deportivo por la acumulación de sedimentos es la principal limitación de estas instalaciones y resolverla debe ser una prioridad. Para los veleros y barcos de eslora y calado mediano salir o entrar a los pantalanes del puerto deportivo se ha convertido en una maniobra de riesgo. De forma periódica aparecen las imágenes de las embarcaciones varadas por falta de calado. El puerto deportivo se construyó modificando la margen derecha de la desembocadura del río Segura, zona donde la acumulación de sedimentos del propio río y los temporales de levante es una constante.
El Ayuntamiento ha trasladado a los usuarios que en el momento que se culmine el actual dragado del cauce viejo y comience el del nuevo la administración local quiere aprovechar la presencia de la maquinaria para contratar la draga de Acciona ya presente en la zona y adjudicar un dragado de emergencia que permita contar con un pasillo de calado de más de dos metros. Pablo de Miguel Pradillo señala que una de las aportaciones del informe de viabilidad económica que se presenta a la Generalitat incorpora la adquisición de una minidraga para llevar a cabo los trabajos de dragado de forma continua sin depender de trabajos extraordinarios. Afirmó que para el previsto ahora ya se han analizado los sedimentos porque, además, hay que tener en cuenta los impactos ambientales. Los lodos que se extraen, en función de sus características, pueden emplearse para regenerar playas, rellenar parcelas o acabar en vertederos autorizados si se detecta la presencia de metales pesados -esta última opción es la más cara-. Los usuarios dudan de que esa propuesta puesta estar en marcha antes del mes de julio.
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