La Fiscalía pide ocho años y medio de inhabilitación al exalcalde de Orihuela José Manuel Medina y cuatro exediles por el presunto fraccionamiento de contratos

La sección séptima de la Audiencia Provincial con sede en Elche juzga la próxima semana al exalcalde José Manuel Medina y cuatro exconcejales del PP en el Ayuntamiento de Orihuela en el mandato 2003-2007, responsables de las áreas de Servicios Sociales, Hacienda, Parques y Jardines y Servicios e Infraestructuras de la Zona Costera por un delito continuado de prevaricación. La Fiscalía pide provisionalmente para cada uno de ellos penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de ocho años, seis meses y un día, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia y ha podido concretar INFORMACIÓN.

El Ministerio Público les acusa de fraccionar contratos de alumbrado público en favor de una mercantil, así como de adjudicar de forma irregular bajo la apariencia de contratos menores a otra empresa, trabajos de limpieza y mantenimiento en playas de Orihuela Costa entre los años 2002 y 2006. La Fiscalía Anticorrupción también aprecia irregularidades constitutivas de delito en la adjudicación de las obras de reforma del palacio donde se ubica la sede principal del Ayuntamiento y su salón de plenos, que fueron asignadas a dedo fraccionando la rehabilitación por habitaciones o estancias.

Evitar el concurso

Se sentarán en el banquillo José Manuel Medina Cañizares, Araceli Vilella Mínguez, Paz Chazarra Navarro, Antonio Francisco Franco Andreu y José Antonio Aniorte Grau. La Fiscalía sostiene que para estos casos el fraccionamiento contractual es delictivo porque la ley prohibía dividir un contrato para reducir artificialmente su cuantía y evitar los requisitos de publicidad, procedimiento o forma de adjudicación. Tal forma de actuación habría impedido la licitación pública que correspondía por el importe real de los trabajos y habría quebrado los principios de libre concurrencia e igualdad.

José Manuel Medina Cañizares, fue alcalde de Orihuela entre 1995 y 2007, y figura en el sumario como responsable de diversos pagos mediante decretos de Alcaldía, tanto en expedientes vinculados a trabajos en Orihuela Costa como en actuaciones relacionadas con la reforma del Ayuntamiento.

Más de 600 facturas

Sobre los servicios de Orihuela Costa, la causa recoge que al menos en 2002 se adjudicó “de facto y permanentemente” el mantenimiento del alumbrado de Orihuela Costa a Intensilux, S.L., sin contrato y bajo la apariencia de contratos menores. La acusación sostiene que el mismo objeto contractual se habría fragmentado de forma sistemática y se pagó mediante sucesivas facturas, sin someter el servicio a la licitación pública por su cuantía total. Ese mismo bloque incluye también los trabajos atribuidos a Zaplana y Caselles, S.L. en playas, zonas verdes, viales, señalización, parques y otros servicios de la zona costera. Esta mercantil habría sido adjudicataria de facto del mantenimiento de las playas de Orihuela Costa, también sin contrato administrativo y con facturas sucesivas como soporte de pago. Sumadas las facturas que se validaron en junta de gobierno para la Costa - en servicios de alumbrado, playas y otros trabajos como asfaltado y reparaciones-, el importe asciende a 3.437.218 euros en más de 675 facturas.

Por habitaciones

El segundo eje sobre el que se sostiene la investigación es la reforma parcial del Palacio del Marqués de Arneva. El Ayuntamiento dividió las obras del inmueble por habitaciones o estancias y tramitó varios procedimientos negociados -con invitación a varias empresas pero sin publicidad-, para evitar supuestamente la licitación preceptiva. La acusación añade que en esos procedimientos no constan las invitaciones cursadas ni el tipo de supervisión realizada por el ingeniero municipal.

En la reforma del inmueble de la Casa Consistorial se actuó en diferentes espacios como el salón de plenos, salas de funcionarios, aseos, sala de prensa, sala de trabajo de concejales, zonas de acceso, despachos, archivo, informática, sala del Oriol e instalaciones eléctricas. Sumadas solo las facturas citadas en este bloque, sin contratos, certificaciones ni memorias valoradas, el importe asciende a 453.831 en 39 facturas.

La Fiscalía sostiene que los responsables públicos actuaron supuestamente bajo la apariencia de contratos menores, pero con encargos repetidos y continuados que, por su importe y unidad funcional, debieron tramitarse mediante los procedimientos de contratación ordinarios. Por eso califica los hechos como delito continuado de prevaricación.

Sin reparo

La mayoría de las facturas ni siquiera contaron con reparo de la intervención municipal pese a carecer de consignación presupuestaria y contrato. En ese momento ejercía el área de fiscalización económica de forma accidental José Manuel Espinosa Fenoll, quien después denunció algunas de las irregularidades que se sustanciaron en el Caso Orihuela. Esta pieza es la última que queda por juzgar de aquella investigación hace más dos décadas y de las que se derivaron 17 procedimientos. La mayoría fueron archivados.

Medina fue juzgado y condenado por el caso de Las Piscinas, en el marco del Caso Orihuela, una sentencia que luego fue revocada para ser absuelto. También fue juzgado en el procedimiento del caso Brugal sobre la contrata de basuras en Orihuela, del que fue absuelto.

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