Medina justifica los 600 encargos en alumbrado y viales sin contrato global para evitar que Orihuela Costa se quedara sin servicios

El exalcalde de Orihuela, José Manuel Medina, defendió en su declaración como acusado de presunta prevaricación en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial con sede en Elche, que el Ayuntamiento que presidía recurrió a cientos de encargos de prestación de servicios para atender reparaciones y trabajos de mantenimiento en Orihuela Costa -siempre a las mismas empresas, según la Fiscalía-, porque la zona crecía, los servicios municipales eran insuficientes y no se podía dejar sin respuesta incidencias de alumbrado, calles o infraestructuras mientras se preparaban contratos globales de mayor importe.

También negó que las reformas en el Palacio del Marqués de Arneva, sede noble del Ayuntamiento oriolano, se fraccionaran de forma deliberada y sostuvo que se ejecutaron por partes porque el edificio debía seguir funcionando. Durante su mandato recurrió a numerosos contratos negociados sin publicidad para ir reformando por habitaciones cada una de las dependencias municipales.

La sala de vistas de la sección séptima en la Ciudad de la Justicia acogía este martes la tercera sesión del juicio el exalcalde oriolano y cuatro de sus entonces ediles en el equipo de gobierno durante el mandato 2003-2007, en el que están acusados por un presunto delito de prevaricación.

La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos ocho años y medio de inhabilitación por validar el pago, sin ningún tipo de respaldo administrativo, de más de 600 facturas durante ese periodo por trabajos encargados a dos empresas para servicios en Orihuela Costa y obras en el Palacio del Marqués de Arneva, sede del Ayuntamiento oriolano. En este último caso, el Ministerio Público considera que los trabajos de remodelación llevados a cabo en la Casa Consistorial fueron fraccionados y realizados por habitaciones para evitar una adjudicación por concurso público si se hubiera contemplado el coste de la reforma en conjunto: se destinaron más de 400.000 euros a esas obras distribuidas en 39 facturas.

La tercera sesión estaba dedicada a las declaraciones de los acusados, pero el protagonismo fue exclusivo de Medina, único que aceptó el interrogatorio de la Fiscalía.

Los exconcejales Antonio Franco, Araceli Vilella, Paz Chazarra y José Antonio Aniorte, también encausados por los mismos hechos denunciados en 2005, no respondieron a las preguntas de la Fiscalía y defendieron que siempre actuaron en función de lo que indicaban los técnicos sin ordenar directamente a ninguna empresa la realización de los trabajos.

La costa

A preguntas del fiscal, Medina, que se presentó al arrancar su comparecencia como "un anciano de 82 años", asoció el encargo de cientos de trabajos fraccionados a las mismas empresas -Intensilux y Zaplana Caselles-, a la propia evolución de Orihuela Costa. Explicó que durante años las urbanizaciones históricas funcionaron con entidades urbanísticas de conservación en las urbanizaciones más antiguas como Cabo Roig, Punta Prima o Campoamor, donde las promotoras asumían encargos y costes de mantenimiento con las cuotas de los vecinos. Según su relato, ese modelo empezó a agotarse cuando la población de la Costa cambió y los residentes reclamaron una presencia real del Ayuntamiento. “Cada vez reclamaban con mayor insistencia que el Ayuntamiento hiciese presencia real en la prestación de sus servicios”, declaró. Sostuvo que el Ayuntamiento fue asumiendo de forma progresiva servicios en una zona extensa, con trece kilómetros de litoral y un crecimiento urbano muy rápido. El exalcalde admitió que el sistema -el de encargar servicios sin contrato- no era el deseable, pero lo justificó por la necesidad de prestar servicios básicos. “Si no hay contrato, no prestamos servicio... eso es impensable”, afirmó al responder sobre por qué se siguieron pagando trabajos sin una licitación global.

Medina asegura que eran los ingenieros y el capataz de la brigada de la costa quienes encargaban los trabajos a Intensilux y Zaplana Caselles

Los ingenieros y el capataz

Al ser preguntado por el fiscal sobre el mantenimiento y reparación del alumbrado público y por la intervención de empresas externas junto a las brigadas municipales, Medina respondió que el Ayuntamiento intentó asumir los servicios con medios propios, pero que las brigadas eran limitadas, con personal antiguo y sin capacidad para atender toda la demanda. Según su versión, las decisiones concretas sobre qué trabajos hacía la brigada y cuándo se llamaba a una empresa -Intensilux y Zaplana Caselles,- no las tomaba él, "sino los responsables técnicos destinados en la zona". Citó al ingeniero municipal, al responsable de alumbrado e incluso al capataz como las personas que organizaban los trabajos ordinarios. Aseguró, sin embargo, que no solo fue a esas dos firmas oriolanas, aunque al "fiscal solo le llegara información de esas dos".

El exalcalde explicó que las empresas externas intervenían cuando la brigada no podía atender una incidencia. Puso como ejemplo reparaciones pequeñas de alumbrado, como “arreglar tres farolas” en una calle, que se encargaban para dar respuesta inmediata. El fiscal le recordó que había relaciones de facturas de una misma empresa por importes muy superiores a los límites del contrato menor por encima de los 80.000 y los 100.000 euros. El exalcalde, que volvió a recordar -y esta vez en la propia sala de vistas-, que se sentaba en el banquillo de los acusados por décimosexta vez y que en todas las anteriores ha sido absuelto, respondió que la junta de Gobierno no aprobaba un contrato único por esas cantidades, sino "relaciones de facturas individuales".

Agrupaciones

Estas relaciones, afirmó, agrupaban facturas de importes menores, algunas de 1.500, 2.000 o 6.000 euros. Insistió en que llegaban con el visto bueno de los órganos municipales correspondientes y que preguntaba al secretario general y a la intervención si los expedientes estaban conformados antes de aprobarlos.

El exalcalde también rechazó haber ordenado pagos al margen de controles y, paradójicamente, recurrió a la declaración en la segunda sesión del exinterventor José Manuel Espinosa Fenoll, a quien acusa públicamente de impulsar todos los procedimientos sobre su gestión, donde sostuvo que “el alcalde nunca ha ordenado ningún pago que no esté aprobado previamente”. Cuando la Fiscalía le preguntó por qué no se licitó de forma conjunta un servicio permanente como el mantenimiento del alumbrado público, respondió que el Ayuntamiento era consciente de que había que sacar pliegos, pero defendió que en aquel momento no se conocía con precisión "el estado de las redes ni las necesidades reales de la Costa".

Urbanizaciones

El exalcalde vinculó esa dificultad al proceso de recepción de urbanizaciones y al crecimiento de población, aunque, según se reflejó en la vista, el gobierno municipal presidido por José Manuel Medina no trasladó tales reparos a la concesión de unas 5.000 licencias urbanísticas en la costa en ese periodo. Indicó que el agua pública no llegó a la zona costera hasta 2002 y que también estaban pendientes redes de saneamiento y depuración. “Cómo íbamos a hacer un pliego de condiciones que contemplara el mantenimiento de redes si no sabíamos cuántas redes había ni el estado de esas redes”, declaró. Puso como ejemplo que el contrato de basura se tramitó desde finales de los 90 y solo se adjudicó en 2008.

Medina afirmó que, tras los reparos planteados desde intervención a partir de finales de 2005, la junta de Gobierno acordó avanzar en la regularización de los servicios y al no ser suspensivos, los servicios debían seguir prestándose. A preguntas de su defensa, el exalcalde negó haber dado instrucciones a funcionarios, jefes de servicio, ingenieros o empresas para que asumieran sin contrato el mantenimiento de determinadas infraestructuras. Defendió que las órdenes de trabajo salían de los responsables técnicos y no de la Alcaldía. Los contratos de viales de la costa y alumbrado tardaron mucho tiempo en formalizarse. Más allá de 2010.

Ayuntamiento

La segunda parte de su declaración se centró en las obras de reforma del Ayuntamiento. El fiscal le preguntó por actuaciones en dependencias municipales y por contratos tramitados de forma separada. Medina respondió que la reforma del salón de plenos no fue una decisión personal. Según declaró, la Corporación surgida de las elecciones de 2003 tomó posesión en un salón que consideró inadecuado, no era digna del municipio de Orihuela, y pidió que se remodelara y defendió que no era viable cerrar el inmueble completo y trasladar la administración a otro edificio mientras se hacía una reforma integral. Las obras se hicieron por zonas o dependencias porque el edificio debía seguir operativo. Citó actuaciones en el salón de plenos, despachos, salas de reuniones, informática y otros espacios municipales.

El fiscal le preguntó si esa forma de actuar suponía dividir una obra que debía haberse tramitado como un proyecto único. Medina lo negó de forma tajante. “No ha habido ningún fraccionamiento”, declaró. Aunque se realizaron encargos por habitaciones tal y como figura en el sumario. Según su versión, se trataba de actuaciones autónomas, con necesidades distintas y tramitación diferenciada. Defendió que unas se gestionaron como contratos menores y otras mediante procedimiento negociado, según el caso y con intervención de los técnicos y del área de contratación. También negó haber decidido personalmente el modo concreto de contratación de esas reformas. Aseguró que no entraba a revisar de forma material cada expediente que llegaba a la Junta de Gobierno y que comprobaba que contara con los informes y conformidades correspondientes. El "anciano" Medina demostró, en suma, que mantiene una excelente memoria y que todavía sabe moverse con mucha agilidad en los tribunales.

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