Vegara testifica que no tenía "función ejecutiva" ni poder de decisión cuando se produjo el supuesto fraude fiscal: "Firmaba lo que había que firmar"

El Palacio de Justicia de Orihuela celebró este jueves la cuarta sesión del juicio a cinco acusados, entre ellos el alcalde del municipio, Pepe Vegara, por presunto fraude fiscal y falsedad en documento mercantil, unos hechos que se retrotraen a finales de 2004 y 2005, cuando la Estación ITV Vega Baja, de la que era consejero, empleó en material publicitario 1,4 millones de euros para supuestamente eludir el pago de 488.000 euros a Hacienda del Impuesto de Sociedades y del IVA.

La vista oral se centró en esta ocasión en las declaraciones de un perito, que aportó un contrainforme frente al informe del inspector de la Agencia Tributaria, así como en las de los cinco acusados. El ahora regidor -y también concejal de Hacienda- reconoció que era consejero delegado de la mercantil desde 2001, pero que no llevaba a cabo "ninguna función ejecutiva", algo de lo que se encargaba el entonces gerente. Básicamente, firmaba los documentos sin tomar decisiones, simplemente para rubricar como consejero de derecho que era. De hecho, recalcó que él se encontraba en la sucursal que la empresa tiene en Murcia.

Lo mismo mantuvieron los otros dos consejeros durante el juicio, una como secretaria y el otro en un puesto técnico de inspección de vehículos. Todos ellos recalcaron que firmaban sin siquiera leer el contenido en muchos casos, como ocurrió, según testificaron, con el contrato con Oricofi, la mercantil que le vendió a ITV Vega Baja 100.000 agendas y listines telefónicos a 17 euros cada unidad, cuyo gerente también está encausado, porque, a tenor de la hipótesis del inspector de Hacienda, engordaron el precio de esos obsequios para captar a clientes con el objetivo de evadir impuestos.

En cuanto a que un excontable de la ITV corroborara que Vegara tenía poder de decisión cuando se produjo el supuesto fraude fiscal, el alcalde manifestó desconocer "los motivos por los que [el exempleado] mintió". Asimismo, reconoció que Oricofi era uno de los proveedores habituales de productos publicitarios, no solo de las agendas, sino también de parasoles, sombrillas... Por decisión del gerente, del que dijo que "como buen comercial, y conociéndolo, lo que costaba un euro nunca lo pagaría ni a un 1,1 euros", en referencia a que, según la acusación, el proveedor de las agendas las compró a 1,97 euros y las vendió a la ITV a 17 euros, "un precio irreal y ficticio" para llevar a cabo el fraude.

Así, la sesión giró en demostrar, como línea de defensa, que los consejeros daban la conformidad con la firma basándose en la confianza plena de quien gestionaba la sociedad, que funcionaba como una empresa familiar en la que los padres tomaban las decisiones. "No participé en ninguna negociación. Seguramente no leí ni el contrato. Firmaba lo que había que firmar. Me he enterado de todo esto ahora", reiteró Vegara, que también afirmó desconocer el circuito de intermediarios entre mayoristas y proveedores, y negó que se pretendiera eludir el pago Hacienda, así como utilizar el auxilio del gerente de Oricofi, una figura conocida como facturero, para acometer fraude.

Beneficios

Ese contrato, apuntó Vegara, "no fue un hecho extraordinario ni aislado", sino que se realizaban otras campañas publicitarias de enjundia. En esta línea, otro de los acusados defendió que ITV Vega Baja gastó casi 1,4 millones de euros, una cantidad desorbitada -según Hacienda-, pero logrando un salto en cuanto a facturación, pasando de 5,6 a 10 millones en tres años. "Nunca hemos tenido un aumento tan significativo sin abrir nuevas estaciones", argumentó, para incidir en que el esfuerzo en captación de clientes tuvo un rédito que se tradujo en beneficio económico.

El contrainforme

También el perito particular fue en esta línea, sosteniendo que decir que hay un sobrecoste "es una manifestación que carece de todo fundamento" e incluso afirmando que "ese gasto en publicidad es razonable", además de subrayar "un crecimiento exponencial con más de 2,5 millones de euros de beneficio cuando antes era de medio millón". "La campaña tuvo sus frutos", concluyó, al tiempo que insistió en que Hacienda, ya que calificó el importe abonado de "ficticio", debió encargar un informe que estableciera el precio de mercado, algo que no se hizo, primando -a su juicio- "una opinión subjetiva", criticó el economista, que agregó que "el expediente administrativo siembra dudas".

Además, tras analizar toda la documentación de la causa, el también máster en tributación afirmó que el informe de la inspección de la Agencia Tributaria -realizada en 2010-, ratificado por dos inspectores debido al fallecimiento del primero, "no se ajusta a derecho" y "tiene graves defectos en cuanto a cálculos", por ejemplo, "el cuarto trimestre de 2005 está mal autoliquidado: ITV había ingresado a Hacienda 46.000 euros de más", una cifra que presumiblemente sea más elevada y que, avanzó la defensa, se incorporará en el informe final. Es decir, la cuota defraudada según el inspector menos las cantidades mal autoliquidadas.

Hay que recordar que antes de iniciarse el juicio la cantidad que se daba por defraudada era de 917.000 euros. Después, sin embargo, solo se pudo apuntar una supuesta pérdida para las arcas públicas de 488.000 en el Impuesto de Sociedades.

El supuesto intermediario

Por su parte, el entonces gerente de Oricofi, empresa que se fundó en marzo de 2004 y cesó la actividad en 2007, afirmó que compró las agendas y los listines telefónicos a otra empresa por 12 euros la unidad, declarando desconocer por qué Hacienda lo cifró en 1,97 euros. En cuanto a las dudas en cuatro facturas, resolvió que fueron 106.000 agendas a 17 euros más 17.000 parasoles a 5 euros. También aseguró que cobró en 2007 y que no recordaba el beneficio obtenido en esa operación, pero que con eso montó dos cafeterías.

El alcalde, al igual que otros acusados, también puso el foco en el procedimiento, ya que la primera vez que fue citado "no había ninguna documentación, el disco estaba vacío, y años después volví y fue extraño, según me dijo mi abogado, porque ya se había formulado el escrito de acusación".

En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía pide para Vegara, junto a otros tres acusados de la empresa y un intermediario, siete años de cárcel. Tras la vista oral, el alcalde aseguró que "confía en la Justicia y en que la verdad saldrá a flote".

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