Un error retrasa la declaración ante el juez de la portavoz del PSOE de Orihuela por un presunto delito de revelación de secretos

La asistencia de Carolina Gracia, exalcaldesa de Orihuela y portavoz del PSOE, a los juzgados de la plaza Santa Lucía en la mañana de este miércoles ha causado cierto revuelo. El motivo ha sido que el viernes recibió un correo en la cuenta corporativa del Ayuntamiento, ya que al parecer no se había encontrado otro modo de hacerle llegar la notificación, para citarla a declarar por un presunto delito de revelación de secretos.

Sin embargo, debido a un error en el procedimiento, la citarán de nuevo en los próximos días, con la paradoja, en un primer momento, de que pudiera producirse la rocambolesca escena de que coincidiera en el juzgado con el alcalde del municipio, Pepe Vegara, que afrontará el jueves una quinta sesión del juicio por el "caso Agendas", en el que está acusado por un presunto delito de fraude fiscal y falsedad en documento mercantil, unos hechos que se remontan a 2005, cuando era consejero de la empresa ITV Vega Baja.

Pero finalmente, según ha podido saber este periódico, tendrá que presentarse de nuevo el 5 de noviembre, a menos que impugne la citación en el plazo de tres días.

Gracia, que ha acudido junto a dos letrados, la también edil socialista en el Consistorio oriolano, Milagros Lacárcel, e Iván Gómez Peñalver, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche, se enfrenta a pena de multa de 12 a 18 meses, prisión de dos a cuatro años e inhabilitación de empleo o cargo público de uno a tres años, según el Ministerio Público, por difundir en nota de prensa datos personales sobre un expediente de compatibilidad de un funcionario, que a su vez se presentará como acusación junto a la Fiscalía.

La causa se encuentra en estos momentos en una fase de diligencias previas, es decir, primero se tomará declaración a las partes y el juez, en caso de apreciar delito, abrirá juicio oral. En caso de que esto se produjera y fuera condenada, Gracia también podría enfrentarse a una importante indemnización por daños morales y derechos al honor del funcionario en cuestión.

El principal escollo que deberá solventar la denunciada es que hay prueba del supuesto delito: el propio registro de acceso al expediente, en el que aparece la persona que lo consulto -ella misma-, con la fecha, pocos días antes de emitir una nota de prensa en la que, además, se reconoce ese acceso.

La Fiscalía

La Fiscalía pidió en abril que la concejala fuera llamada a declarar ante el juez como investigada -lo que antes era imputada-, algo que iba a producirse este miércoles y que ahora se pospone a noviembre, por un presunto delito de revelación de secretos a raíz de una denuncia que presentó un funcionario, alto cargo directivo de libre designación del municipio oriolano, que a su vez motivó unas primeras diligencias de investigación por parte del Ministerio Fiscal que derivó en la presentación de una querella en el juzgado.

Los hechos se refieren a un supuesto delito por difundir información personal obtenida del acceso a un expediente de un funcionario coordinador general de área del Ayuntamiento, que luego remitió a los medios de comunicación a través de una nota de prensa.

En concreto, el técnico, funcionario de carrera perteneciente a la Administración General del Estado -ahora en comisión de servicios en el Consistorio-, había solicitado ante la Administración local, como es preceptivo en esos casos, compatibilidad para el desempeño de una segunda actividad en el ámbito universitario como profesor asociado de una universidad pública de la provincia.

El 8 de octubre la exalcaldesa y exdiputada provincial accedió, tras una solicitud realizada y autorizada por el alcalde, al expediente de compatibilidad laboral del denunciante, obteniendo datos de la misma, con información personal identificativa.

Poco después, el día 16 de ese mismo mes, Gracia los difundió a través de una nota de prensa en los medios de comunicación con referencia expresa al contenido y la finalidad de la solicitud de compatibilidad. Unos datos que, según la denuncia, son información reservada. La propia denunciada desvelaba en la nota cuál era su fuente de información, refiriéndose a que la había obtenido del expediente al que había accedido dos días antes tras la autorización del primer edil.

La Fiscalía señala que todo ello podría ser constitutivo de un delito de revelación de secretos, por lo que Gracia se enfrenta a pena de multa de 12 a 18 meses, prisión de dos a cuatro años e inhabilitación de empleo o cargo público de uno a tres años, según el artículo 417 del Código Penal.

La denuncia

El escrito del denunciante, que primero hizo que Gracia fuera denunciada y que después la Fiscalía solicitara que fuera llamada a declarar como investigada, señalaba que los concejales tienen derecho a acceder y conocer la información del registro de entrada de un Ayuntamiento, como ocurrió en este caso, pero mantenía que su uso debe limitarse al ejercicio legítimo de sus funciones institucionales y que la legislación establece expresamente que "queda prohibida su cesión a terceros o su utilización con fines mediáticos, partidistas o personales".

Así, la denuncia sostenía que la divulgación de datos a medios de comunicación constituye una infracción grave del deber de reserva de los cargos públicos y una "vulneración directa del derecho fundamental a la protección de datos personales", remarcando que la portavoz realizó un acceso al registro que no fue casual ni anónimo, sino un "acto deliberado de fiscalización que conllevaba la obligación legal de custodia de la información obtenida".

Filtración

También incidía en que la "información filtrada", que no debía ser divulgada por afectar a la intimidad de un tercero, no fue objeto de debate en órganos colegiados como la junta de gobierno, la comisión informativa o el pleno, algo que también limita su difusión pública porque de esos debates se deriva un acta que es de acceso público, formando parte de un expediente administrativo que "ni siquiera había iniciado su tramitación".

Además, sostenía que se produjo una supuesta manipulación informativa y daño al honor porque la filtración no se limitó a revelar la existencia de la solicitud, "lo cual ya sería delictivo", sino que se acompañó, a su juicio, de una narrativa construida sobre datos falsos o tergiversados para generar "escarnio público". Con la difusión de la nota de prensa, añadía, se destacaban datos erróneos como que no era funcionario de carrera o que cobraba 100.000 euros al año.

"Afirmaciones objetivamente falsas", según describía el denunciante, ya que ocupa un puesto como funcionario, por libre designación, cuyo principal requisito es ser funcionario de carrera del subgrupo A1.

Derecho a la información

Gracia, por su parte, siempre ha sostenido que accedió a un documento de solicitud de compatibilidad -no a un expediente completo- porque la legislación le ampara para conocer el contenido de los expedientes administrativos en su labor de fiscalización y derecho fundamental a la información y que de esos documentos solo trasladó que el funcionario había solicitado una compatibilidad, sin hacer públicos datos personales, recordando que su grupo lo que anunció públicamente es que no iba a aprobar favorablemente la compatibilidad, algo que el Ayuntamiento de Orihuela delega en el pleno.

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