Desalojan a unas 50 familias "estafadas" de un hotel "fantasma" de La Mata en Torrevieja : "No somos okupas, somos víctimas de fraude"

La Mata amaneció este lunes con varias calles cortadas, todas las que están en las inmediaciones del hotel "fantasma" Sole Bello, en la avenida del Mar, a pocos metros de la playa y la plaza de esta pedanía de Torrevieja. Sobre las 9 horas ya había un importante despliegue de la Guardia Civil, en torno a 60 agentes -de Alicante, Torrevieja y hasta de Valencia-, para llevar a cabo el desalojo del inmueble, generando gran expectación vecinal en un operativo que se desarrolló sin incidentes.

Algunos residentes se habían marchado ya, mientras que muchos otros fueron saliendo a la calle poco a poco. Algunos solo con lo puesto y otros con sus pertenencias: maletas, colchones, tendederos, ventiladores, macetas, sillas y hasta parques infantiles, cunas y juguetes, porque entre los desalojados, unas 50 familias, había muchos niños.

Los afectados mostraban sus contratos de alquiler y recibos de pago. "No somos okupas, somos víctimas de fraude", recalcaban entre lágrimas. Uno de los mensajes más repetidos era: "Somos familias que no tenemos otro lugar donde vivir", junto al reclamo de una solución para no quedarse en la calle, recordando que en pleno verano los precios se disparan, pudiendo alcanzar el coste de una semana lo que pagan al mes.

Así, algunos de ellos, mientras el desalojo culminaba tapiando con ladrillos las entradas al inmueble, se iban quedando a las puertas del que había sido su hogar en los últimos meses, a más de 30 grados y con una sensación térmica de casi 40.

Sin alternativa

Sin tener donde ir y solo con lo puesto se encontraba Carmen, una mujer de 75 años con problemas de movilidad, que había necesitado ayuda para bajar tres pisos porque "el ascensor no funciona". Ella vivía desde noviembre con sus dos hijas y dos nietas en una de las 49 habitaciones, que disponían de cocina y baño al haber sido apartahotel, después reconvertidas en viviendas que se estaban alquilando por hasta 750 euros al mes más luz, agua e Internet. "No he cogido ni la ropa ni el móvil porque me han dicho que saliera un momento, y ya no he podido entrar más", lamentaba Carmen entre sollozos.

Algunos, incluso, habían pagado por adelantado algunos meses, según mostraban en los documentos, y ahora estaban en la calle, como una colombiana que lleva cuatro años viviendo en España, empadronada desde marzo en este mismo "hotel" en el que vivía junto con sus tres hijas de 2, 3 y 6 años, o Marina, de Ucrania.

"Somos personas, no animales", manifestaba otra de las afectadas, insistiendo en que lo que habían pedido al Ayuntamiento, a través de un escrito con decenas de firmas y presentado el 22 de junio en el registro general, era tener más tiempo para disponer de un sitio al que poder ir, explicando que tienen un contrato de alquiler a largo plazo que están pagando religiosamente y se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, sin tener otra vivienda ni forma de ayuda, por lo que solicitaban aplazar el desalojo y así poder encontrar una vivienda asequible.

Fuentes municipales explican que los afectados deben seguir los cauces previstos para pedir la ayuda de los servicios sociales, asegurando que el Consistorio ha facilitado a una de las familias alojamiento en Guardamar del Segura y a otra se está tratando de realojarla.

Así ha sido el desalojo del Hotel Sole Bello de La Mata

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Contratos

En los contratos de arrendamiento en vigor -algunos durante dos años más-, aunque fraudulentos -quien alquilaba, a través de testaferros, carecía de la propiedad del inmueble-, aparece como arrendataria la empresa Mazart Global Group, con sede en Pilar de la Horadada. En el documento se afirma que la mercantil "tiene la posesión y el derecho de explotación del hotel", así como que "en consideración legal de arrendadora cede en alquiler destinado solo y exclusivamente a vivienda".

Entre las cláusulas figuran la obligación para el arrendador de cumplir las normas y acuerdos de la comunidad de propietarios, comunicar los ocupantes del inmueble y responsabilizarse ante posibles daños. También se indica que la forma de pago debe ser en efectivo, incluyendo como medidas por impagos los intereses de demora o el desahucio. Asimismo, estipula el abono de un mes de fianza y otra mensualidad más para la agencia intermediaria en concepto de honorarios de gestión y mediación.

En cambio, en los contratos, en ruso y español, no figuran las características de las "viviendas" ni sus metros cuadrados, ni se hace alusión a que se trata de estancias de un apartahotel.

Aviso de desalojo

El aviso judicial por orden de la sección civil del Tribunal de Instancia de Torrevieja, con una resolución firmada por el juez de la plaza número 4, llegó el 11 de junio para el cierre del establecimiento, advirtiendo a "huéspedes y ocupantes" que debían abandonar las dependencias este lunes a las 9:15 horas; de lo contrario, se procedería al "desalojo por la fuerza pública", pasando todos los bienes que quedaran dentro a ser propiedad del propietario.

La orden corresponde a una ejecución de título judicial impulsada por la empresa Eurointerfisa, nombre que figura en la licencia firmada por el Ayuntamiento de Torrevieja en 2018 y que seguía colgada en el vestíbulo del establecimiento como titular del hotel. Durante la tramitación del lanzamiento, el juzgado tuvo conocimiento de que el inmueble estaba ocupado por terceras personas y convocó una vista para que acreditaran el título que justificaba su permanencia.

Varios residentes en las habitaciones del hotel esgrimieron entonces contratos de alquiler en vigor suscritos con la empresa Mazart Global Group. Sin embargo, la jueza los rechazó porque, según el auto, no consta qué título tenía esta mercantil para poder arrendar el inmueble, ya que el derecho de explotación del hotel correspondía "única y exclusivamente" a Eurointerfisa.

El lanzamiento, actuación judicial por la que se ejecuta la entrega de un inmueble o establecimiento a quien tiene reconocido ese derecho en una resolución judicial, supone en la práctica poner fin a la ocupación del espacio afectado.

Representantes de la propiedad declararon a este periódico que llevaban siete años inmersos en un procedimiento judicial para echar a quien había alquilado el hotel, pero no estaba pagando nada, ni siquiera los impuestos. Entretanto, aseguraron las mismas fuentes, a su vez estaba alquilando las habitaciones con contratos fraudulentos. Además, añadieron que la noche anterior al desalojo se produjo un conato de incendio.

Vecinos de la zona fueron testigos de un gran trasiego de camiones hasta pasada la 1 de la madrugada, porque, aseguraban, se han llevado todo, desde los colchones hasta la cocina industrial del establecimiento.

El hotel

El Hotel Sole Bello figura oficialmente todavía como un establecimiento de tres estrellas en los registros de la Generalitat Valenciana. Estuvo funcionando de forma ordinaria desde su construcción en los años 2000 hasta la pandemia. En ese momento comenzaron a firmarse contratos de alquiler que luego se demostraron fraudulentos por parte de personas ajenas a la propiedad inicial, que denunció los hechos.

Ese arrendamiento, realizado a través de personas interpuestas que reclamaban personalmente el pago a los inquilinos -también del consumo de luz, Internet y agua a "ojo" a través de una cantidad fija dado que no hay contadores individualizados-, había provocado una situación singular en el propio edificio. El inmueble mantenía el aspecto de hotel, con las puertas abiertas de par en par, la recepción vacía y los comedores y salones cerrados, pero con residentes.

Seguridad

En los últimos meses, además, vecinos de La Mata denunciaron el supuesto aumento de problemas de seguridad en torno al inmueble, que se habría convertido presuntamente en la base de un grupo de personas que se dedicaba a la delincuencia con robos y tirones.

Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local e inspección de la Generalitat actuaron conjuntamente el pasado martes 2 de junio para verificar la situación del inmueble tras la alarma social provocada por las constantes denuncias vinculadas a la actividad en torno al establecimiento. La resolución de lanzamiento está firmada por la jueza dos días después.

Otros vecinos afirmaron que los residentes del inmueble no daban problemas. Si bien los propios inquilinos se percataron de que había entrado gente sin contrato que estaba generando conflictos, robos, ruidos por la noche y una supuesta venta de drogas.

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