Vecinos y regantes piden en el juzgado la suspensión cautelar del PORN de Sierra Escalona para evitar la planta comarcal de basuras en Orihuela

La Asociación de Vecinos de Torremendo (Orihuela) y la comunidad de regantes San Onofre han presentado sendos recursos contenciosos-administrativo ante el tribunal de lo contencioso de Elche contra el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor. En concreto, para la suspensión cautelar del artículo 48, además de pedir que se invalide, un polémico punto que permite la ubicación de industrias de residuos en la zona protegida.

Pese a que el PORN es el instrumento legal para preservar la zona natural, la Generalitat incluyó en el último momento en su articulado la compatibilidad de la instalación de plantas de tratamiento de residuos en las zonas de amortiguación de impactos: 9.000 hectáreas distribuidas entre San Miguel de Salinas, Pilar de la Horadada y Orihuela.

Una inclusión sobrevenida que, además, no figuraba en la exposición pública inicial del documento y que se incorporó al hacerse público su versión final, poco después de que el Consorcio Vega Baja Sostenible anunciara su opción por ubicar la planta comarcal de tratamiento de residuos en suelo de amortiguación de impactos de la pedanía oriolana.

Por el momento, según ha adelantado la portavoz de la asociación vecinal, Lucía Páez, el recurso se presentó el viernes y el juzgado ya ha dado de plazo 10 días a la conselleria para que exponga su oposición a la suspensión cautelar y 20 días más para que argumente sobre la conveniencia del artículo que declara compatible con la protección natural la instalación de "plantas para el tratamiento, valorización, depósito y eliminación de residuos que, por sus características, deban emplazarse alejadas de áreas habitadas", según el propio artículo.

"Falta de transparencia"

Páez subraya lo de alejarse de núcleos urbanos, porque, a su juicio, se pretende instalar una planta de residuos comarcal en una zona limítrofe para que no haya control. Para la organización vecinal, "han cambiando las leyes medioambientales en función de los intereses", señalando al mismo tiempo "ocultismo" y "falta de transparencia" en lo que parece ser "un segundo Brugal" volviendo 20 años atrás.

En este sentido, Páez recuerda que ya una sentencia en 2010 rechazó la ubicación que ahora vuelve a estar sobre la mesa en el paraje que primero se llamó La Pistola, luego La Ermita y después Fuente Amarga, porque es "una aberración medioambiental", explica. Supondrá, en su opinión, camiones, ruidos y contaminación 24 horas los siete días de la semana durante los 365 días del año.

La planta, según una nota de prensa del propio Consorcio Vega Baja Sostenible, se instalará sobre unos 200.000 metros cuadrados de estos terrenos que son los mismos que se barajaron en 2008, en aquel momento con vertedero, y que la empresa adjudicataria de la gestión de los residuos comarcales PreZero-Cívica volvió a incorporar en el proyecto a principios de 2024.

Una planta que ahora, insiste el Consorcio, funcionará sin vertedero y sin incineración -instalación de valorización para la generación de energía- para que reciba toda la producción anual que se sitúa en torno a 200.000 toneladas de residuos y que se pueda regenerar más del 65 %.

Comisión técnica

Precisamente, la junta del Consorcio se reunirá el próximo día 24 para abordar, entre otros puntos, los convenios con otras plantas a las que se trasladan los residuos de la comarca al carecer de una propia.

La comisión previa a esa junta aprobará la creación de una comisión técnica, compuesta por miembros de diferentes organismos, que deberá valorar el plan de gestión de la UTE, que incluye la planta de residuos en Torremendo. Todo ello antes de que se traslade a una junta, que es la encargada de validar los proyectos, en un plazo por el momento indeterminado. Aunque el Consorcio planteó sacar adelante el proyecto antes de final de este mandato, lo cierto es que la Generalitat, la Diputación y los 27 municipios de la comarca, que forman parte del organismo de gestión, en un asunto que genera tanta polémica, temen las reacciones de los distintos ayuntamientos de cara a las elecciones municipales y autonómicas.

CHS

Por otro lado, la Confederación Hidrográfica del Segura ha trasladado que no hay petición de informes, que son preceptivos, sobre el vertedero previsto. En una reciente reunión con la alcaldesa de Beniel, María del Carmen Morales, y representantes de la Asociación de Vecinos de Torremendo, la CHS ha informado de que cualquier actuación que pueda afectar al dominio público hidráulico, a las zonas de policía de cauces o al régimen de las aguas deberá ajustarse a la normativa vigente y contar, en su caso, con los informes, autorizaciones o tramitaciones administrativas que resulten preceptivos.

El PORN

Pese a los recursos de vecinos y regantes, además de posiblemente el del Ayuntamiento de Beniel, el Consistorio de Orihuela ha rechazado recurrir el PORN porque, en palabras de su concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, es el principal elemento de protección legal del futuro parque natural y recurrirlo podría resultar contraproducente en el momento que se va a crear de forma efectiva el parque natural. Ruiz asegura que el propio PORN fija un corredor ecológico entre las Sierras de Pujálvarez y el Cristo, donde se sitúan esos terrenos para la planta que invalidan cualquier posibilidad de que las instalaciones se ubiquen en ese emplazamiento.

Desde que se conoció la primera propuesta para recuperar el entorno de la pedanía como ubicación de la planta, a principios de 2025, el alcalde Pepe Vegara señaló que nunca otorgaría la licencia para esa infraestructura. Con todo, la negativa no implica que no la otorgue finalmente, porque es un procedimiento reglado y si la documentación es correcta no podría negar el visto bueno como alcalde.

Con ese objetivo, el Ayuntamiento oriolano -el único que lo hizo- presentó una alternativa al Consorcio junto a la Estafeta-Vistabella de Jacarilla. Todos los municipios salvo Jacarilla, Bigastro y Benejúzar votaron a favor de la propuesta en un plenario del Consorcio. Las presiones de los municipios afectados, pero sobre todo de grupos inmobiliarios oriolanos con intereses en la zona de Vistabella -más de 3.000 viviendas turísticas por construir a menos de un kilómetro de la ubicación propuesta- la tumbaron -sin que esa decisión pasara de nuevo por el Consorcio, que anunció que recuperaba la opción de Torremendo con una nota de prensa tras un estudio presentado por la UTE gestora-.

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