Fecha límite para limpiar los solares en Orihuela: antes del 15 de agosto o multa de hasta 1.500 euros

Los solares abandonados son una plaga en Orihuela a juzgar por la multitud de quejas que suscita este tema a lo largo y ancho del vasto término municipal oriolano. Para atajar un problema que se recrudece en verano, el alcalde, Pepe Vegara, ha emitido este miércoles un bando de Alcaldía para recordar a todos los propietarios de solares ubicados en los núcleos urbanos del municipio la obligación de mantener estos espacios en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, de conformidad con la Ordenanza Municipal Reguladora de la Limpieza Urbana y la normativa urbanística vigente.

Así, el bando avisa de una fecha límite, estableciendo que los propietarios o quienes ostenten el uso efectivo de los terrenos deberán proceder al desbroce y limpieza de los solares antes del próximo 15 de agosto, eliminando maleza, residuos, escombros, objetos inservibles y cualquier otro elemento que pueda suponer un riesgo para la salud pública, además de realizar las actuaciones necesarias de desratización y desinfección cuando sea preciso.

El primer edil ha hecho un llamamiento a la colaboración de los propietarios para contribuir al mantenimiento de un municipio más limpio y seguro, especialmente durante los meses de verano, cuando el crecimiento de la vegetación y la acumulación de residuos pueden incrementar el riesgo de incendios y generar problemas de salubridad.

Asimismo, el bando advierte de que, una vez finalizado el plazo concedido, el Ayuntamiento iniciará los correspondientes expedientes sancionadores con imposición de multa contra quienes incumplan esta obligación y podrá ejecutar de forma subsidiaria las labores de limpieza y desbroce, repercutiendo íntegramente el coste de estas actuaciones a los propietarios o usuarios de los solares afectados.

No en vano, estas obligaciones están recogidas en el artículo 30 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Limpieza Urbana, el Aseo, la Salubridad y la Gestión de los Residuos Urbanos, así como en el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana.

En concreto, la ordenanza establece que el incumplimiento del deber de limpieza, vallado y mantenimiento de solares se considera una infracción grave, con una sanción que oscila desde 751 hasta 1.500 euros.

Vertederos ilegales

A su vez, otra de las quejas vecinales más recurrentes, también en todo el municipio, es la acumulación de muebles y enseres en los espacios públicos. Su depósito está igualmente prohibido y con la misma multa que en el caso de los solares, así como los vertederos ilegales que se conforman al efectuar vertidos de tierras y escombros en lugares no autorizados, en este caso una infracción muy grave con sanciones desde los 1.501 euros hasta los 3.000.

Por ejemplo, es una batalla continua por parte de la Junta de Distrito III, en pleno casco urbano, que ha exigido en numerosas ocasiones en los últimos meses un mantenimiento adecuado, insistiendo en que el abandono de estos espacios favorece la acumulación de maleza y residuos, aumenta el riesgo de incendios y la proliferación de plagas, además de deteriorar la imagen de los barrios. Así, han ido constatando multitud de incidencias como en las calles Castellón y Valencia -alguna ya subsanada-.

De igual forma, han denunciado situaciones en las que las calles parecen más un mercadillo improvisado de colchones, sofás y todo tipo de tras viejos que podrían salirle muy caros a quienes los depositan sin solicitar el servicio municipal de recogida de enseres, algo que -aseguran- se ha convertido en un problema sin fin.

Ejemplos de incivismo que sufre la ciudad, a lo que se suma la falta de control sobre quienes incumplen las normas. Por eso, junto con las quejas se suele trasladar una petición al Consistorio para que refuerce la vigilancia y sancione con firmeza este tipo de comportamientos en calles como Virgen de Belén, Obispo Rocamora, Maestro Moreno y Juan XXIII.

"Las consecuencias son evidentes: una pésima imagen para el barrio, dificultades para la recogida de residuos y un mayor riesgo de proliferación de ratas y cucarachas", insisten desde la junta vecinal, que concluye que "es hora de pasar de las campañas informativas a los hechos", porque "la inmensa mayoría de los vecinos actúa con civismo y no merece sufrir las consecuencias de una minoría incívica". 

Rehabilitación

Por otro lado, a principios de año el Consistorio puso en marcha, dos años después de anunciarla, la Ordenanza del Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar (RMSER) para obligar a edificar terrenos y conservar inmuebles del casco histórico, una herramienta urbanística que aporta transparencia y seguridad jurídica para intervenir sobre aquellos inmuebles que incumplen el deber legal de conservar, pudiendo identificar y actuar sobre los que tienen órdenes de ejecución en vigor y supuestos que pueden derivar en rehabilitación forzosa.

Así, se establecieron dos ejes prioritarios de actuación: desde el Colegio Santo Domingo hasta el Santuario de Monserrate, pasando por la calle Mayor y los viarios adyacentes.

La primera fase contemplaba 155 actuaciones distribuidas según su situación urbanística y el grado de incumplimiento. En concreto, el Ayuntamiento remitió oficio a los propietarios de 67 solares recordándoles el deber legal de edificar y concediendo un plazo de 20 días para alegaciones. En caso de incumplimiento, podría activarse el régimen de edificación forzosa, incluida la expropiación cuando proceda. El presupuesto municipal contempla un millón de euros para esta finalidad. 

Otros 50 requerimientos fueron por incumplimiento del deber de mantenimiento y conservación de las fachadas, con plazos para subsanar antes de adoptar medidas de ejecución forzosa o sancionadora, así como 27 órdenes de ejecución sobre edificios en mal estado, con obligación de presentar la Inspección Técnica del Edificio y realizar obras de conservación o rehabilitación.

Además, se abrieron 11 expedientes de ejecución subsidiaria, con derribos que ejecutará directamente el Consistorio por razones de seguridad, repercutiendo posteriormente el coste a la propiedad.

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