Los ecologistas exigen al Consell que tumbe la legalización del mercadillo del Campo de Guardamar con 600 puestos en suelo no urbanizable y que funciona desde 1993

Desde hace 33 años en el Campo de Guardamar se celebra un mercadillo con más de 600 puestos sin autorización formal sobre 7 hectáreas de suelo no urbanizable. Además, la mitad del terreno está protegido porque forma parte del ámbito del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja. La empresa mantiene la actividad gracias a las medidas cautelares que le otorgó un juzgado tras ver rechazada por el Consell su propuesta de legalización a través de un plan especial por su impacto ambientla. Ante la expectativa de que el juzgado termine por tumbar finalmente la actividad, ha iniciado otro proceso paralelo para evitar el cierre con la petición de una declaración de interés comunitario (DIC).

En este sentido, Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), que es el colectivo que ha avanzado la nueva iniciativa de la propiedad, pide a la Generalitat que rechace esta regularización del mercadillo, al considerar que la actividad presiona el entorno protegido de la Laguna de La Mata, ocupa suelos de valor agrícola, atrae cada domingo miles de vehículos y se sitúa en una zona con afecciones ambientales, territoriales y de inundación. Por su parte, el alcalde, José Luis Sáez (PSOE) sostiene que la empresa mantiene esas abiertas dos vías para intentar legalizarlo -la recuperación del plan especial tras una resolución judicial que obliga a revisar el informe ambiental desfavorable de la Generalitat y una nueva declaración de interés comunitario- y defiende que este caso se diferencia de los otros dos mercadillos cerrados en el Moncayo y el Fogón en la N-332-este último hace solo unas semanas- porque Grandpa’s Market sí ha presentado documentación técnica y mantiene activa la tramitación.

Alegaciones

AHSA en su escrito de alegaciones pide a la Generalitat que deniegue la declaración de interés comunitario porque la actividad afecta al entorno protegido de las Lagunas de La Mata y Torrevieja, genera una fuerte presión de tráfico todos los domingos, ocupa suelos con valor agrícola y se sitúa en una zona con riesgos ambientales, territoriales y de inundación.

La primera alegación cuestiona la ubicación del mercadillo por su proximidad al Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja ya que casi la mitad del ámbito afectado por la declaración de interés comunitario, unas 3,6 hectáreas de un total de 7,7, se encuentra dentro de la zona de amortiguación del espacio protegido y rechaza que la actividad tenga una incidencia nula sobre el entorno, como sostiene el promotor, y recuerda que el mercadillo se sitúa a menos de 400 metros de la zona protegida de la Laguna de La Mata. También defiende que un mercadillo no puede encuadrarse como uso turístico o recreativo autorizable en esa zona, que es lo que ha defendido el propio Ayuntamiento en un informe respaldando la actividad.

Sin autorización

Las alegaciones ecologistas añaden que la actividad se desarrolla desde hace más de 25 años sin la autorización urbanística que ahora se pretende obtener. A juicio del alegante, "la respuesta no debería ser su regularización, sino el cierre de una actividad que considera incompatible con el entorno", aunque los ecologistas no citan las medidas cautelares. Otra de las objeciones se centra en la presión de tráfico. El escrito recoge que en una jornada representativa pueden aparcar más de 4.000 vehículos, lo que supone la presencia semanal de miles de personas junto al entorno del parque natural -más de 8.000-. También advierte de episodios de aparcamiento descontrolado cuando se llenan las zonas habilitadas y apunta al riesgo de incendios. Parte del ámbito del mercadillo se encuentra dentro de la franja de 500 metros de influencia forestal, establecida para prevenir incendios en zonas próximas a terrenos forestales. El escrito sostiene que la concentración de vehículos y personas puede aumentar el riesgo de focos de fuego cerca de la Laguna de La Mata.

Además AHSA cree que estos terrenos deberían contribuir a un corredor territorial entre la Laguna de La Mata y los suelos forestales del Moncayo y considera que el mercadillo rompe esa función de conexión natural y que el uso comercial propuesto no encaja con la vocación agrícola y territorial de la zona. Por otra parte, el colectivo afirma que los terrenos tienen una permeabilidad muy alta y forman parte de un área importante para la recarga de aguas subterráneas. Por eso advierte de que el aparcamiento masivo, la compactación del suelo, la pavimentación y posibles fugas o vertidos pueden perjudicar el acuífero vinculado a la Laguna de La Mata.

Otra alegación cuestiona la tramitación por el riesgo de inundación. El escrito indica que unas dos hectáreas del ámbito están afectadas por peligrosidad geomorfológica de inundación y que el expediente de la empresa menciona un estudio de inundabilidad que no aparece entre la documentación sometida a información pública. Por ello pide repetir el trámite para que ese estudio pueda consultarse. La misma fuente sostiene además que la actividad no conserva ni potencia los valores del entorno y que podría ubicarse en otros suelos rurales con menos afecciones. El documento sostiene que el proyecto que no incluye simulaciones del paisaje resultante tras aplicar las medidas correctoras, por lo que pide que se complete y vuelva a exponerse al público. La última de las alegaciones reclama la denegación de la DIC y rechaza, en todo caso, que se conceda por 30 años, el plazo máximo previsto. El alegante considera que eso consolidaría durante tres décadas una actividad que, a su juicio, ya ha supuesto una carga ambiental y paisajística para el entorno. También se opone a la reducción del 50% del canon planteada por la promotora.

El alcalde

Por su parte, el alcalde de Guardamar del Segura, José Luis Sáez, asegura que Grandpa’s Market mantiene abiertas dos vías para intentar regularizar el mercadillo del Campo de Guardamar: la recuperación del plan especial tras una resolución judicial que obliga a revisar el informe ambiental desfavorable con la incorporación de nueva documentación, y la tramitación paralela de una declaración de interés comunitario. El Ayuntamiento sostiene que este caso es distinto al de los otros dos mercadillos cerrados porque aquí la empresa sí ha presentado documentación y ha asumido el coste técnico y jurídico para intentar legalizar la actividad.

Sáez explica que la empresa recurrió en vía contencioso-administrativa la declaración ambiental desfavorable que bloqueó en su día el plan especial. Según el alcalde, el juzgado le ha dado la razón en parte y ha retrotraído esa negativa de la Conselleria al momento en el que debían incorporarse determinados informes que faltaban en el expediente, aunque el expediente judicial lleva en esa situación más de un año y medio, con prórrogas de las medidas cautelares.

Esa decisión no supone la autorización del mercadillo, pero sí reabre la posibilidad de que el plan especial vuelva a tramitarse con nueva documentación. El alcalde subraya que será la Conselleria quien determine si las medidas y mejoras propuestas son suficientes para emitir una nueva declaración ambiental favorable o mantener el rechazo. A esa vía se suma una segunda: la desvelada por Amigos de los Humedales de intentar la declaración de interés comunitario. La empresa ha visto denegados varios intentos de lograr la DIC, algo que no figura en su actual petición. Según Sáez, la empresa trabaja ahora en paralelo con esos dos caminos administrativos: por un lado, el plan especial vinculado al expediente ambiental; por otro, la DIC como fórmula específica para regularizar la actividad en suelo no urbanizable.

Mientras se resuelve esa situación, el cierre del mercadillo permanece suspendido por medidas cautelares. El alcalde señala que esas cautelares se van renovando aproximadamente cada seis meses y que dan margen al Ayuntamiento mientras los juzgados comprueban si existe una posibilidad real de legalización.

Sáez insiste en que el Ayuntamiento no es quien debe resolver el impacto sobre el entorno del parque natural. Esa valoración, afirma, corresponde a la Conselleria, que deberá analizar el conjunto del proyecto y las mejoras previstas en accesos, infraestructuras y ordenación del recinto y diferencia alcalde este caso de los otros mercadillos que acabaron cerrando en Guardamar. Según su explicación, el Ayuntamiento puso en los tres expedientes la misma disposición para intentar ordenar la situación, pero no todas las empresas actuaron igual.

Documentación

En el caso de El Campico, sostiene que los promotores han “tirado para adelante”, han encargado proyectos, informes y asistencia técnica, y han gastado importantes cantidades en abogados e ingenieros para mantener viva la tramitación. En los otros dos casos, afirma, los empresarios no apostaron por sus negocios ni impulsaron documentación suficiente para sostener una posible regularización. Por ese motivo, el Ayuntamiento decretó finalmente el cierre de los otros mercadillos. Sáez asegura que el consistorio no puede mantener abiertas instalaciones sin autorización si los titulares no presentan proyectos sólidos o si se limitan a alargar los plazos sin avanzar en la tramitación.

En el caso del mercadillo del Campo de Guardamar, el alcalde afirma que existe un intercambio constante de documentación entre la empresa, el Ayuntamiento y los juzgados. Esa actividad administrativa, junto a las cautelares judiciales, es lo que permite que el recinto continúe abierto mientras se resuelve si puede obtener encaje legal.

Propuesta

Lo que propone la firma Grandpa’s Markets SL es regularizar el mercadillo en la partida de El Aljibe, junto a El Raso en Guardamar del Segura y con el camino de Los Curros desde la CV-895 como principal acceso. La actividad es conocida como El Campico o Lemon Tree Market. En el proyecto indica que la actividad consiste en la venta al por menor de productos agroalimentarios, hogar, moda, antigüedades y otros artículos, con presencia de bares, restauración -estas dos últimas actividades con mucho protagonismo actualmente- y servicios vinculados al ocio y al turismo. El documento reduce a 375 metros cuadrados a las construcciones fijas y 7.822 a construcciones móviles o ligeras, aunque de estas últimas muchas se podrían considerar como consolidadas.

El cuadro de superficies reserva 26.147 metros cuadrados a aparcamiento público, con una capacidad aproximada de 1.690 vehículos. También recoge 8.650 metros cuadrados para viales interiores y zonas de maniobra, 5.770 metros para puestos de frutas y verduras y 28.406 metros para zonas de tránsito y comunes. El estudio incorporado contabiliza más de 4.000 vehículos en una jornada representativa, con puntas de 584 vehículos por hora en el acceso norte desde la CV-895 y 423 vehículos por hora en el acceso sur desde la N-332 -generando tráfico denso en este caso dentro del propio PORN-. Para mejorar el acceso, la promotora plantea ejecutar una glorieta de 40 metros de diámetro interior en la intersección de la CV-895 con el camino de Los Curros. El documento también menciona medidas complementarias "como autobuses lanzadera desde núcleos residenciales y espacios para bicicletas".

El proyecto incorpora un estudio de inundabilidad y señala que "no existe riesgo significativo para la zona", con una propuesta de evacuación perimetral de aguas pluviales como medida adicional. También incluye un estudio de integración paisajística que, según la documentación, "no aprecia alteración cualitativa de unidades de paisaje de valor". Algo que niegan los ecologistas. La empresa ha defendido la continuidad de la actividad en que sostiene los ingresos de muchas familias y empleados.

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