El Ayuntamiento de Orihuela asegura que las retribuciones a funcionarios de 2024 anuladas por el TSJ beneficiaban a toda la plantilla y no solo a altos cargos

El Ayuntamiento de Orihuela asegura que la parte del presupuesto del ejercicio de 2024 declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tras un contencioso presentado por Ciudadanos "no se refería a retribuciones de altos cargos ni de un grupo concreto de funcionarios, sino a medidas salariales aplicadas al conjunto del personal municipal". Según mantienen fuentes cercanas al equipo de gobierno del PP-Vox, la sentencia "estima parcialmente" el recurso solo en lo relativo al incremento del 2,5% de la masa salarial y al 75% del complemento específico, partidas, reiteran, que afectaban a toda la plantilla del Consistorio con lo que "el titular el que se ceñía la resolución a los altos cargos es incierto", aseguran.

El contencioso señalaba que aquellos presupuestos superaban los límites legales del gasto máximo posible a destinar a retribuciones del personal municipal (un 2,5% respecto del año anterior) y a los complementos específicos de ese personal, es decir, retribuciones "complementarias de algunos funcionarios con base en la especial valoración del puesto de trabajo (sic), el 75% del importe total previsto para los conceptos agrupados de complementos específicos, complemento de productividad, gratificaciones y complementos personales transitorios". Las partidas asignadas al departamento de Recursos Humanos y Personal con ese objetivo superaron en 3,7 millones de euros (1,4 millones y 2,3 millones de euros, respectivamente, por cada uno de esos dos supuestos) al que se permitía legalmente, según indicaba la sentencia.

No lo anula

La aclaración municipal incide, además, que el fallo no anula el presupuesto en su conjunto ni acepta los principales argumentos de fondo planteados en el recurso de Ciudadanos presentado en 2024 por supuestas irregularidades y que en el momento de la presentación lo que buscaba era paralizar su vigencia con medidas cautelares, que finalmente no se adoptaron y la sentencia se ha producido cuando la resolución ya no puede tener efectos sobre la gestión municipal.

El juzgado habría rechazado las alegaciones relativas a la falta de informe de impacto de género, la supuesta irregularidad en el nombramiento del interventor y la inexistencia de la liquidación del presupuesto anterior, que no han sido cuestionadas en la sentencia.

Las imágenes del pleno ordinario de junio de 2026 del Ayuntamiento de Orihuela

Ver galería

Desde el Ayuntamiento se subraya que el incremento no estaba dirigido a unos pocos altos funcionarios, sino al conjunto de trabajadores municipales. Por eso, considera "incorrecto presentar la sentencia como una anulación de retribuciones vinculadas únicamente a altos cargos, ya que la medida formaba parte de la masa salarial general del personal del Ayuntamiento".

Limitado

La resolución, según esta interpretación, tiene además un alcance práctico limitado, porque el presupuesto afectado ya está liquidado y el ejercicio posterior fue aprobado sin recurso, por lo que se considera firme. El Ayuntamiento sostiene que la estimación parcial no implica que se vaya a reclamar la devolución de cantidades a los empleados municipales, sino que corrige una parte concreta del presupuesto ya ejecutado.

Suscríbete para seguir leyendo