Algorfa se sube al carro del foto-rojo y multará a los conductores que se salten el semáforo de la CV-920

El Ayuntamiento de Algorfa ha sacado a concurso un contrato "de colaboración técnica" para detectar infracciones de tráfico mediante cámaras de foto-rojo, radares de velocidad y sistemas de lectura de matrículas. Todo un arsenal de medidas para mejorar la seguridad vial que impulsa un municipio de apenas 3.900 habitantes.

El aspecto más llamativo del encargo es la instalación de un sistema para detectar el paso del semáforo en rojo en el cruce de las carreteras CV-920 con la CV-935, en el centro del casco urbano. La iniciativa sigue la polémica estela de otros dos municipios de la comarca que también lo han implantadado: San Isidro y San Miguel de Salinas. En ambos casos los ayuntamientos aseguran que el número de accidentes y la velocidad media de los vehículos se ha reducido sustancialmente desde que se puso en marcha la instalación en puntos muy conflictivos del casco urbano. No comparten ese planteamiento los conductores sancionados -saltarse el semáforo en rojo conlleva una multa de 200 euros-. Y ponen en duda la legalidad de las infracciones y mantienen que tiene fines estrictamente recaudatorios.

Instalación

La empresa adjudicataria instalará, mantendrá y gestionará técnicamente los equipos, generará las evidencias y las remitirá a la Policía Local, que revisará las imágenes y decidirá si formula denuncia. La empresa recibirá un precio máximo por "cada evidencia de infracción comunicada y susceptible de sanción es de 24,20 euros con IVA". Lo que significa que recibirá más ingresos si logra sancionar al mayor número de conductores.

El contrato se prolongará durante cuatro años. El sistema foto-rojo en la intersección de la CV-920 con la CV-935, en cualquiera de sus semáforos, siempre que la infracción se detecte dentro del término municipal de Algorfa. El Ayuntamiento podrá ampliar los puntos de control si lo solicita y existe acuerdo con la empresa adjudicataria.

Seguridad y velocidad

El foto-rojo captará vehículos que crucen semáforos en rojo. Pero además podrá detectar giros indebidos, accesos prohibidos, usos indebidos de zonas de carga y descarga y entradas en zonas u horarios restringidos. El pliego justifica su implantación por la supuesta "indisciplina viaria observada" por el Ayuntamiento y por "la necesidad de mejorar la seguridad de peatones y la convivencia".

Las cámaras se instalarán en soportes tipo báculo, a una distancia que permita encuadrar el cruce, el paso de peatones si existe y la señal luminosa del semáforo. Los puntos de control deberán estar señalizados antes de llegar al equipo. Cada posible infracción generará fotografías y un vídeo con marca de agua para acreditar que la grabación no ha sido manipulada. La Policía Local comprobará las imágenes, las condiciones del tráfico y la visibilidad antes de decidir si existe infracción y si procede formular el boletín de denuncia.

Pero las medidas municipales para atajar la inseguridad vial en el casco urbano del pequeño municipio no se quedan ahí. El Ayuntamiento presidido por Manuel Ros (PSOE) ha incluido en el mismo "pack" de este concurso el control de velocidad mediante cinemómetro o radar. La empresa deberá aportar un equipo, asumir homologaciones, calibraciones, verificaciones metrológicas, mantenimiento, limpieza, reparación de averías, sustituciones y formación del personal municipal. El radar funcionará de día y de noche, durante las 24 horas, con lectura de matrículas, fotografías y vídeo. Cada posible infracción de velocidad generará un fichero cifrado con imágenes, vídeo, matrícula, fecha, hora, ubicación, coordenadas, marca y modelo del vehículo. La empresa revisará las imágenes y enviará semanalmente a la Policía Local los archivos. La validación de las sanciones, según el proyecto, no queda en manos de la empresa. La colaboración privada se limita al soporte técnico, la detección, el tratamiento inicial y la generación de evidencias. La decisión final de denunciar corresponde a la Policía Local.

Además, la misma empresa externa deberá adquirir tres cabinas para alojar los cinemómetros. Serán estructuras antivandálicas, instaladas sobre postes de entre 2,3 y 3 metros. De momento se desconoce el emplazamiento escogido por el Ayuntamiento. Cada cabina deberá contar con una cámara de vigilancia con alimentación solar, grabación las 24 horas y conexión directa con la central de Policía y el grabador existente. El objetivo es proteger los equipos y permitir el acceso remoto al radar instalado en su interior.

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