Diez años después, Susana Aragón sigue esperando a que la sanidad aragonesa la opere de una distensión abdominal que sufrió tras dar a luz a su segunda hija, el pasado 8 de abril de 2011, en el hospital Miguel Servet de Zaragoza. Durante una década, esta zaragozana ha padecido las consecuencias de esa distensión abdominal, que se asemeja a una tripa de un embarazo de nueve meses, y ha tratado por distintas vías que el Salud atienda su caso, reclamándolo a través de Atención al Paciente e incluso al Justicia de Aragón.

Pero no ha obtenido una respuesta afirmativa. Ahora, a través de la Asociación Defensor del Paciente y de la mano del abogado Ricardo Agóiz, reclama 117.000 euros (una cuota diaria de 31,61 euros) al Salud como indemnización. Fuentes del Departamento de Sanidad de la DGA no quisieron manifestarse al respecto al estar el asunto judicializado.

"En 2011 di a luz a mi segunda hija, y en el parto venía de lado, lo que me estiró los músculos de la barriga. Así sigo a día de hoy", explica Susana, que desde entonces ha perdido notablemente calidad de vida y afronta incluso dificultades económicas tras tener que cerrar su restaurante y no poder acceder a un puesto de trabajo al tener dificultades para explicar a los empleadores que no está embarazada de 9 meses.

"Al principio los médicos me decían que era algo normal, pero yo ya había sido madre antes y veía que aquello no lo era", relata. Su médica de cabecera fue la primera en detectar que la distensión del abdomen no se correspondía con una situación postparto habitual. Ella trasladó su caso al centro de especialidades Grande Covián y después al hospital Provincial. "Ahí me dijeron que tenía una distensión que había que tratar", y de ahí, volvió al Servet, ya en 2013, donde reconocieron el problema. "Me dijeron que me tenía que operar y que entraba en lista de espera quirúrgica, pero que como no era algo grave, podía esperar dos, tres o cuatro años. Ya llevo diez", denuncia.

En este tiempo, ha tramitado diversas quejas al servicio de Atención al Paciente y al Justicia de Aragón. En febrero de 2017, el Justicia Fernando García Vicente emitió un informe reclamando a Sanidad que "se adopten las medidas necesarias" para agilizar su intervención y "evitar complicaciones que impliquen un menoscabo para su salud y su calidad de vida".

El abogado Ricardo Agóiz asegura que en 20 años con la Asociación Defensor del Paciente nunca había visto "nada igual". "Es una tortura que se alarga 10 años. Con esta patología la paciente no se va a morir, pero el daño físico y psicológico es incalculable", afirma. Y reclaman que el Salud la opere con "urgencia".

Mientras no lo hagan, la demanda incrementará a razón de 31,61 euros diarios, y se plantean la posibilidad de incluir perjuicios por las secuelas que padezca esta zaragozana.