Amazon, el gigante mundial del comercio electrónico, deberá contratar a sus 4.000 repartidores en España. La Inspección de Trabajo, después de la denuncia presentada por el sindicato UGT hace un año, concluye que son falsos autónomos y obliga a la empresa a darles de alta en la Seguridad Social. Además, deberá pagar unos seis millones de euros de cuotas no abonadas.