Recursos judiciales contra la denegación de las licencias para levantar varios chalés de lujo sobre un acantilado en la Coveta Fumà. Dos promotoras de sendos proyectos han interpuesto un contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de El Campello por su negativa a permitir estas polémicas construcciones, medida que fue adoptada por el Consistorio a instancias del Servicio Provincial de Costas.
El Consistorio denegó la concesión de licencia solicitada en pleno estado de alarma el pasado 29 de marzo por la empresa Podoba para levanta un chalé de lujo, después de que el Ministerio para la Transición Ecológica iniciara de oficio el expediente para ampliar la protección en esta zona, una de las últimas zonas vírgenes de la costa campellera. Con esta medida incoada por Costas se impedía de forma inmediata que se pudiera edificar ni en esa parcela ni en otras adyacentes, después de varios años de polémica con el proyecto de una de las promotoras de la zona. Y por extensión esto también ha afectado a la mercantil Delta Energy, que también había pedido licencia para construir en esta zona.
Así, las empresas reclaman una indemnización al Consistorio por esta negativa a construir en unas parcelas que el Plan General de Ordenación Urbana cataloga como urbana, y por tanto susceptibles de ser edificadas. Y todo pese a que los varios intentos que ha habido en los últimos 20 años para construir en la parcela de Podoba no han fructificado, aunque sí que se ha construido en el otro extremo del acantilado.
Por su parte desde el Ayuntamiento su alcalde y edil de Urbanismo insistió en que el no va a hablar de licencias particulares, y se limitó a manifestar a este medio que las licencias son actos reglados y si no lo tienen todo en orden, se les tiene que denegar.
Y es que Costas informó desfavorablemente sobre la solicitud de licencia para el chalé de Podoba, tras haber renunciado la promotora meses antes a su idea inicial de levantar dos viviendas, y tras denuncias de irregularidades en el proyecto. Esta casa se proyectaba en la calle La Nucia, en un escarpado acantilado sobre el que Costas venía advirtiendo de su falta de estabilidad, por lo que ya se había mostrado contrario a que se pudiera edificar allí. Además, vecinos, EU y Cs ya advirtieron en el pasado mandato que se trata de una zona de gran valor y muy inestable, donde no se debía edificar, denunciando además irregularidades -después confirmadas por una auditoría- en su tramitación mediante la Comisión de Evaluación Ambiental municipal, que ignoró las advertencias de Costas así como su valor natural. El informe de Costas advertía en este escrito que «este tramo de costa presenta un perfil notablemente escarpado», y las parcelas en cuestión están «afectadas por las servidumbre de tránsito y protección». Y continuaba señalando que «las parcelas se mantienen a día de hoy sin edificar, con presencia de vegetación natural en su superficie. Tanto el talud como el acantilado subyacente están conformados por terrenos sueltos de escasa cohesión y fácilmente disgregables. En terrenos de similares característica de este mismo tramo de costa se ha constatado la extrema dificultad de utilizar estos terrenos para la instalación de una plataforma estable».
Y recordaba que ya en 2018 planteó a la conselleria su ampliación sin obtener respuesta, y el pasado abril el Servicio Provincial elevó propuesta para la ampliación de la anchura de la zona de servidumbre de tránsito, para que pase de 6 a 20 metros, lo que de facto imposibilita cualquier edificación en este acantilado, donde hay otras parcelas urbanas que también se ven afectadas de igual modo y podrían seguir los pasos de esta empresa en los tribunales. Y es que «el proyecto presentado contempla numerosas construcciones dentro de la franja de 20 metros adyacente a la ribera del mar, resultando todas ellas incompatibles con la servidumbre de tránsito en su delimitación provisional».
EU advierte que la tramitación debió pararse en 2018
La formación recuerda que Costas ya alertó cuando se vendió la parcela en 2017 de la posible afección
Esquerra Unida lleva dos décadas oponiéndose a la urbanización de este acantilado por el riesgo de colapso y su importancia ambiental. Y por ello lamentan que este último proceso no se paralizara en 2018, en la tramitación de la Comisión Ambiental.
Su edil Pedro Mario Pardo explica que «el procedimiento se debió parar con el primer informe desfavorable de Costas », calificando de «muy grave» que se continuase con el procedimiento, a pesar de las discrepancias trasmitidas por Costas. Hasta tal punto llegó la situación de contradicción que «mientras que Costas nos informaba que emitió en mayo de 2017 un certificado para el Registro de la Propiedad por el que se avisaba a los compradores que ‘al tratarse de un tramo de costa de tránsito difícil’ (...), la anchura de la zona de servidumbre de tránsito (fijada en seis metros) podrá ampliarse en lo que resulte necesario hasta un máximo de 20 metros, por parte municipal aseguraban «que la promotora podría iniciar de inmediato las obras para construir un chalé en la Coveta Fumà, al ser suelo urbano», «algo que ha quedado claro que no era así», lamenta Pardo, que señala que «solo esperamos que ante las alertas realizadas al Ayuntamiento y las negativas continuas de técnicos y políticos, esta situación no le suponga un nuevo perjuicio a nuestro municipio».
Por último, desde Esquerra Unida denuncian «que dicha situación se pudo dar tras la decisión política de “apartar” al técnico responsable del área. Situación que lamentablemente se ha agravado desde la llegada de Juanjo Berenguer (PP) a la concejalía de Urbanismo en 2019».
