El juez amplía las imputaciones por los abonos irregulares para el mantenimiento de una depuradora y una fuente en El Campello desde 2008. Los últimos alcaldes, el actual primer edil Juanjo Berenguer (PP) y el del pasado mandato, Benjamí Soler (Compromís), están investigados en este proceso por un supuesto troceamiento de contratos y ya declararon en octubre de 2019. Y ahora están citados como investigados el edil que estuvo al frente de la concejalía de Servicios Públicos en el primer mandato de Berenguer (2011-2015), el popular Alejandro Collado, y los dos que le sucedieron con Soler (2015-2019), los exconcejales de Compromís David Ramírez y Alfred Botella. Además, una técnico también está citada como investigada.
Se trata de dos contratos que han supuesto un desembolso de un total de 460.000 euros durante una década de forma supuestamente irregular, al no haberse adjudicados los contratos en un concurso público pese a su cuantía. Por ello EU presentó una denuncia por supuesto troceamiento de contratos y su adjudicación a dedo, que ha originado esta investigación judicial.
La nueva providencia del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Alicante está fechada el 27 de noviembre de 2020, citando a declarar el calidad de investigados a estas cuatro personas, de las cuales solo la funcionaria sigue en el Ayuntamiento. Y se produce después de que inicialmente fueran citados como testigos, y el Ministerio Fiscal recurriera para que prestaran declaración como investigados, petición finalmente aceptada por el juez.
Este cambio es justificado por el magistrado debido a que no se descarta «su participación en el delito de prevaricación administrativa que se investiga ya sea como cooperadores necesarios o cómplices, por lo que en aras a la mayor garantía de sus derechos aconseja que se les confiera el estatus de investigados, con información de sus derechos y con asistencia letrada en sus declaraciones». Y esto lo argumenta en «los reparos opuestos por interventora, secretario general y jefa de Contratación del Ayuntamiento, ante la falta de contratación legal y el fraccionamiento de contratos cual si se tratase de contratos menores cuando obedecían a una necesidad prolongada en el tiempo relativa a los servicios de mantenimiento de la depuradora Cala Merced y Fuente del Centenario, advirtiendo de su ilegalidad, a la que pudieron hacer caso omiso las personas, concejales delegados y jefa del servicio».
De esta forma los que fueron responsables del área de Servicios Públicos entre 2011 y 2019, así como la jefa de servicio de esta concejalía, acudirán este mes en calidad de investigados para declarar ante el juez que instruye este caso.
Testigos
Previamente, además del actual alcalde, por su gestión en su primer mandato, y el alcalde entre 2015 y 2019, también declararon en enero de 2020 como testigos la interventora municipal, la jefa de Contratación y el secretario del Ayuntamiento, ratificándose en sus informes, en los que ponían reparos de legalidad a los pagos por el mantenimiento de la depuradora de la zona norte, que debería ser competencia de la Generalitat pero que se ha negado en varias ocasiones a asumir, y de la fuente municipal del Centenari del Parque Central.
Los dos últimos alcaldes prestaron declaración durante cuatro horas ante el juez en octubre de 2019, defendiendo sus actuaciones. Pese a que desde entonces no han querido hacer declaraciones públicas al respecto al estar el tema judicializado, cuando trascendió la denuncia de EU ambos negaron haber incurrido en cualquier ilegalidad y que actuaron siguiendo los informes de los técnicos.
EU justificó en su día que «nos han obligado a adoptar una decisión drástica como denunciarla a los juzgados para que se adopten medidas. Hasta la fecha se han otorgado cerca de 340.000 euros a una misma empresa, con reparos, abonando grandes cantidades de dinero, sin pliego de condiciones, con un contrato menor sin publicidad». Unos pagos irregulares que también se realizaron en la fuente del Parque Central, por unos 120.000 euros. Además, esta formación lleva años reclamando sin éxito una auditoría de las cuentas municipales, así como de las áreas de Personal y Urbanismo.
Licitación tras 12 años
Precisamente, el pasado enero, el Ayuntamiento de Campello licitó el mantenimiento de esta depuradora tras 12 años de realizar la administración local pagos irregulares, poniendo fin a una práctica que ha acabado en los tribunales de justicia con seis personas que ya están imputadas.
