La Guardia Civil ha elevado a cinco, todos miembros de una misma familia, los detenidos tras el desmantelamiento de una residencia ilegal de la tercera edad en Castalla. Los ancianos, a los que cobraban cuotas de hasta 500 euros a la semana, estaban en unas instalaciones sucias en las que además no recibían una atención adecuada.
Tal y como anticipó ayer este diario, la Guardia Civil desmanteló el pasado martes una residencia ilegal de mayores en un chalé situado a las afueras de Castalla. En un primer momento se detuvo a un matrimonio británico como responsable del centro, aunque ayer trascendió que también habían corrido la misma suerte sus tres hijos. A los cinco se les atribuyen los presuntos delitos de intrusismo profesional, estafa, contra la salud pública y delincuencia organizada.
Los detenidos, según la información facilitada por la Guardia Civil, regentaban la residencua desde hace ocho años. Para captar a sus residentes, los gerentes ofrecían comisiones de 500 euros por cada anciano, a los que posteriormente cobraban cuotas por residir de hasta 500 euros a la semana. Toda la actividad económica de la empresa era llevada a cabo en metálico, eludiendo impuestos. Además de los cinco miembros de la familia, trabajaban para el geriátrico ilegal tres personas que no estaban dadas de alta en la Seguridad Social y que no poseían ningún tipo de titulación que les habilitara para las labores que desarrollaban.
En el registro realizado se pudo comprobar que la vivienda en la que ejercían la actividad no estaba acondicionada para una correcta asistencia a los mayores. Las irregularidades que se cometían han sido numerosas y de gravedad, tales como que la alimentación era inadecuada, las instalaciones se encontraban sucias, el espacio era insuficiente y no había baños adaptados. Además, uno de los ancianos tenía su habitación en un almacén anexo a la vivienda, donde los presuntos autores guardaban material sanitario, mobiliario e incluso maquinaria.
La vivienda, por otro lado, tampoco contaba con extintores, puertas de emergencia, plan de evacuación y demás medidas que regulan este tipo de establecimientos en caso de emergencia, poniendo de este modo en grave riesgo la seguridad de los moradores. Por las noches se bloqueaban con sillas las habitaciones de los residentes para impedir que saliesen de ellas.
Además, se administraba medicación a los ancianos de forma irregular. Ninguna de las personas que los atendía poseía titulación sanitaria y los fármacos estaban almacenados al alcance de todos.
En el momento de la entrada, la Guardia Civil halló a tres residentes. Familiares manifestaron que alguno de ellos llevaba un año ingresado en el geriátrico. Todas las víctimas eran de nacionalidad inglesa. Se ha tenido concimiento, igualmente, que hace poco falleció uno de los residentes.
Se han incautado documentos que acreditan la gestión del establecimiento ilegal, tales como cuotas cobradas a los pacientes, sueldo de los empleados y horarios, entre otros.
