La auditoría de la basura enfrenta a gobierno y oposición en Alcoy

En la última sesión del pleno municipal celebrado en la ciudad se ha aprobado el pago correspondiente al 4% de la facturación que depende de unas auditorías externas que determinen si la empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos, Fomento de Construcciones y Contratas, cumple o no los objetivos. Una decisión que, según el PP, se ha llevado a cabo sin que «ese sistema de control haya sido contratado por el Ayuntamiento más de dos años después de la puesta en marcha del nuevo contrato, adjudicado en 2018 a razón de 4,2 millones de euros al año».

Los populares votaron en contra, pues según señala su portavoz, Quique Ruiz, «no podemos apoyar pagos que están supeditados a un control que no se ha producido por parte del Ayuntamiento». El concejal, asimismo, asegura que no pone en duda el trabajo de la empresa sino «la falta de control del gobierno local del PSOE».

En este sentido, Ruiz recuerda que «el sistema de control era una de las principales novedades del nuevo contrato y uno de los requisitos exigidos por el Partido Popular para la adjudicación» del mismo.

Desde el ejecutivo local, sin embargo, aseguran que está a punto de contratarse ese servicio de auditoría externa para supervisar el cumplimiento de objetivos por parte de la empresa adjudicataria de la recogida de residuos y de la limpieza viaria, así como anuncian que la firma acaba de ingresar 33.000 euros en sanciones por incumplimiento de contrato. De hecho, insisten ante las críticas del principal grupo de la oposición, la última multa se impuso a finales de 2019.

Ahora bien, los populares se basan en que el informe de los técnicos destaca que «por causas atribuibles al Ayuntamiento y no a la empresa prestadora del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, no se realizó control de auditoría durante los trimestres primero, tercero y cuarto».

Por otro lado, la última auditoría externa a la que el consistorio alcoyano sometió a la firma corresponde, según los populares, al segundo trimestre de 2019. En este sentido, también dan a conocer que «el proceso de licitación comenzó en mayo de 2020 y está por resolver», por lo que «lamentamos que el sistema de control no se haya aplicado durante dos de los cuatro años del contrato».

Mientras desde el gobierno local exponen que la firma ha ingresado 33.000 euros a las arcas municipales por las sanciones y que ese dinero «vendrá bien para las necesidades extraordinarias que surjan por la crisis sanitaria del covid», el popular Quique Ruiz asegura que «la única auditoría realizada hasta la fecha se saldó con una penalización de 493,22 euros», así como insiste en que «no cuestionamos si la empresa está cumpliendo o no el contrato. Cuestionamos que el Ayuntamiento no lo sepa porque sigue sin tener instrumentos de control». La consecuencia, asegura el edil, «es que paga a ciegas dos años después de haber adjudicado el contrato».