La Generalitat ha aceptado la cesión del edificio que albergará el Centro Específico de Enfermos Mentales (CEEM) de Alcoy, que también funcionará como centro de día y que dará servicio a toda la comarca. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó ayer la recepción gratuita del inmueble por parte de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, lo que supone un paso definitivo para que el Consell, en este caso el departamento de Igualdad y Políticas Inclusivas, dote de equipamiento y personal las instalaciones y puedan al fin entrar en funcionamiento.

El edificio se encuentra en el Barranquet de Soler, entre los barrios de Santa Rosa y el Ensanche, y tiene una superficie de más de 8.200 metros cuadrados. Las instalaciones tendrán capacidad para 60 plazas, 40 en el centro específico y las 20 restantes en el centro de día. La cesión a la Generalitat debe poner fin a un lento proceso que dura ya diez años, en los cuales la pelota ha ido pasando sucesivamente del tejado del gobierno autonómico al del Ayuntamiento, que iba a ser inicialmente el gestor de las instalaciones. Mientras tanto, los grandes perjudicados han sido los potenciales usuarios y sus familias, que no han podido disponer de unas dependencias especializadas que, en teoría, debían haber estado operativas en un plazo mucho más corto.

La construcción del CEEM se remonta a 2010, cuando la entonces consellera de Bienestar Social, Angélica Such, colocó la primera piedra de las obras. Los trabajos para levantar el edificio, con un coste de 3,6 millones de euros, debían estar terminados en diez meses, pero varios impagos por parte de la Generalitat y problemas burocráticos con la empresa constructora demoraron su finalización. Una vez terminado el inmueble, dado que era de titularidad municipal, el Ayuntamiento debía cederlo al Consell, algo que no se produjo hasta enero de 2017, hace ya casi cuatro años y con un color político diferente del inicial en las dos administraciones implicadas, cuando el pleno municipal aprobó por unanimidad este trámite. Una de las causas de esta demora fueron diversas mejoras que exigía la Conselleria, tanto en el interior como en el exterior del edificio. A esto hay que añadir que no se consignaron en los presupuestos autonómicos las partidas anunciadas en un primer momento para el equipamiento del inmueble.

Con todo, ni siquiera el acuerdo plenario de enero de 2017 conllevó la puesta en marcha de las instalaciones, puesto que la Generalitat exigió como condición para recibir el edificio el arreglo de unos desperfectos causados por actos vandálicos. El coste de ello ascendió a cerca de 300.000 euros, sufragados por el Ayuntamiento, dado que, entre otros daños, habían arrancado la instalación eléctrica y las salas de máquinas estaban arrasadas. Las obras no estuvieron terminadas hasta la primavera de 2019; fue entonces cuando el Ayuntamiento recepcionó finalmente el edificio.

El mismo junio del año pasado, el Ayuntamiento acordó ceder el inmueble a la Generalitat, pero hasta ayer no se formalizó un trámite que a principios de 2020 ya se daba por hecho. Ahora, sin más trabas burocráticas pendientes en teoría, la puesta en marcha de las instalaciones debería al fin producirse a corto plazo.