Una sentencia obliga al Ayuntamiento de Alcoy a pagar 2,1 millones de euros a la empresa adjudicataria del servicio de recogida de basura y limpieza viaria, la UTE formada por FCC Medio Ambiente, SA y Fomento de Construcciones y Contratas, SA, en concepto de actualización de precios. La mercantil reclamaba la revisión de las cuantías facturadas entre 2012 y 2018, justo el periodo en que el contrato estuvo prorrogado. La administración local también deberá abonar intereses de demora.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Alicante ha reconocido el «derecho individualizado» de la empresa a cobrar «la suma reclamada en concepto de actualización por diferencias de los precios facturados para las anualidades comprendidas entre 2012 y 2018», condenando al Ayuntamiento de Alcoy «al pago de la cantidad reclamada», que asciende a más de 2,1 millones .
La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, expone que la relación contractual entre ambas partes tiene su origen en el contrato suscrito el 13 de enero de 1999 para la recogida de residuos y limpieza viaria en la ciudad. El mismo finalizó en 2012 y estuvo prorrogado hasta 2018, cuando el Ayuntamiento concursó de nuevo el servicio, adjudicándoselo la misma empresa.
A lo largo de este tiempo, FCC ha solicitado hasta tres revisiones de precios, la primera en 2007, que fue atendida por el Consistorio, tal y como consta en el auto, y posteriormente presentó otra actualización de las anualidades 2008, 2009, 2010 y 2011, que fue denegada por la administración y recurrida por vía jurisdiccional, siguiendo un proceso que finalizó en 2016 con la anulación de la decisión municipal.
En aquella sentencia se establecía que el último precio o canon oficial válido era el aprobado en el año 2011 por un importe de casi 3,3 millones de euros.
Sin embargo, entre 2012 y 2018, coincidiendo con los seis años de prórroga de contrato, la mercantil facturó los servicios contratados a precio de 2007, al ser éste el año correspondiente a la última revisión de precios, obviando el pronunciamiento judicial de 2016 con respecto a los periodos de 2008 a 2011 y el precio «consolidado judicialmente» respecto a 2011.
Y es precisamente esta cuestión la que lleva a la empresa a hacer una tercera reclamación que ha acabado con una sentencia desfavorable para el Ayuntamiento, que ha sido condenado a pagar 2,1 millones, según la cuantía calculada por un perito en base al canon de 2011, e intereses de demora a contar a partir de 2 meses de cada una de las certificaciones mensuales reclamadas.
Con todo, cabe recordar que el actual servicio fue adjudicado de nuevo a FCC en marzo de 2018 por 3,9 millones al año y un periodo de 4 anualidades prorrogables a 6, poniendo fin a 6 años de prorrogas. Durante este tiempo, varios grupos de la oposición se han interesado por conocer si el Ayuntamiento está auditando el trabajo de la empresa y si ésta cumple con lo acordado.
El municipio no ha presentado recurso de apelación
Ante la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Alicante que obliga a pagar 2,1 millones de euros de las arcas municipales a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas SA en concepto de actualización de precios facturados en las anualidades comprendidas entre 2012 y 2018 cabía recurso de apelación. El plazo finalizó el pasado 30 de julio y, según ha sabido este diario, el Consistorio declinó hacerlo.
