E l conflicto de la convocatoria electoral ya está en los juzgados. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad admitió ayer a trámite un primer recurso judicial contra el decreto por el que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, realizaba la distribución de escaños para los próximos comicios del 27-M. El auto judicial, al que tuvo acceso este periódico, descarta decretar ya la suspensión de los comicios y otorga a la Generalitat un plazo de diez días para presentar alegaciones.

Este primer recurso, el presentado insiste en la tesis de la inestabilidad jurídica - alimentada por numerosos expertos en Derecho Constitucional - de los comicios y hace hincapié en la derogación expresa, tras la aprobación del Estatuto, de la legislación electoral valenciana que data de 1987. El auto judicial prefiere tomar la decisión final sobre la anulación de los comicios tras escuchar a la Generalitat que tendrá trámite de audiencia a pesar de que el recurso consideraba que ni era preceptivo.

La ofensiva judicial sobre la legalidad de los comicios del 27-M no se va a paralizar. El Bloc, de hecho, presentó ayer, último día del plazo legal, otro recurso judicial ante el TSJ por vulneración de derechos fundamentales que se centra en cuestionar la barrera del 5%, según explicaron fuentes nacionalistas. A juicio de Enric Morera, secretario general de los nacionalistas, ese techo electoral está «derogado» con la aprobación del Estatuto. La falta de acuerdo entre PP y PSPV impidió reformar antes de que acabara la legislatura la ley electoral para adaptarla a la nueva Carta Magna valenciana. «Quieren utilizar la perversión de una norma derogada para ganar las elecciones», dijo Morera.

El Bloc no insta a «la suspensión de las elecciones» sino que no se aplique una barrera que «puede perturbar la composición de las Cortes». Por su parte, el conseller Vicente Rambla se mostró convencido que ninguno de los recursos saldrá adelante.