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La Policía sostiene que el plan Rabasa era una pantalla para el «pelotazo» de Ikea

Enrique Ortiz ante el Palacio de Justicia en una imagen de archivo

Enrique Ortiz ante el Palacio de Justicia en una imagen de archivo MANUEL LORENZO/EFE

El auténtico interés del empresario Enrique Ortiz en el plan Rabasa no fueron en ningún momento las 15.000 viviendas, de las que prácticamente la mitad iban a ser de VPO, para cuya venta incluso llegó a abrir una oficina en un local próximo al Ayuntamiento de Alicante que provocó largas colas de potenciales compradores, parejas de jóvenes en su mayoría. Lo que de verdad movió al promotor a presionar hasta la extenuación a los entonces responsables políticos municipales para que se aprobara el polémico macroplan fue la instalación allí de la multinacional sueca Ikea a la que, con el auspicio de esos dirigentes, había vendido los terrenos por un importe que al final acabó rondando los cien millones. Unas presiones que tuvieron su recompensa en unas decisiones políticas que, lejos de buscar el interés común, tenían como único objetivo el beneficio del promotor.

Los agentes del grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría de Alicante han plasmado estas conclusiones, entre otras, en un informe de cerca de 900 folios que ayer fue notificado a las partes personadas en el procedimiento abierto tras la denuncia presentada por EU por presuntas irregularidades en la tramitación de este plan. Un proceso en el que, tal y como ayer adelantó este diario, ya se ha citado a declarar como imputados a la alcaldesa de ciudad, Sonia Castedo, a Ortiz, al responsable de la Gerencia de Urbanismo y a su asesora jurídica, Enrique Sanus e Isabel Campos respectivamente, y a los responsables del Carreteras de la administración central cuando gobernaba el PSOE Emilio Peiró y Francisco Javier Criado.

Sobre la citación del exalcalde Luis Díaz Alperi y de la exsecretaria autonómica de Urbanismo María Ángeles Ureña, el instructor de la causa, el magistrado Juan Carlos Cerón, ha pedido a las partes que se pronuncien. Aunque las conversaciones interceptadas entre Alperi y Ortiz son menos numerosas que las que el empresario mantiene con Castedo, los investigadores sostienen que el exregidor seguía teniendo peso en las decisiones urbanísticas municipales aunque ya no estaba en la Alcaldía. Y llegan a decir de él que es, junto a Castedo, el principal valedor de los intereses de Ortiz.

Duras presiones

Con base en las conversaciones intervenidas al empresario, al que se le comenzó a pinchar el teléfono en relación a la adjudicación de un macrovertedero en la Vega Baja (un asunto también judicializado y en el que está el origen tanto de esta causa como del denominado caso Brugal, del que se desgajó el proceso por los presuntos amaños del PGOU de Alicante donde tanto la alcaldesa como Alperi y Ortiz, entre otros, también están imputados), los investigadores constatan las duras condiciones impuestas por IKEA para instalarse en Rabasa, que llegan a tachar de «leoninas», y recogen cómo el empresario las trasladaba a la alcaldesa, con la que en esos momentos tiene línea directa, comunicación casi diaria y un trato cariñoso y cómplice que aderezan con piropos y halagos. Sobre todo del empresario hacia la regidora, a la que en una de las conversaciones le llega a decir que será la próxima presidenta de la Generalitat porque «Paco (en alusión a Camps) está muy mal y Rita (Barberá) muy mayor».

No sale mejor parado el PSOE de las pesquisas policiales. Los agentes constatan el regalo por parte del promotor de un velero a Blas Bernal, portavoz socialista cuando el plan Rabasa fue aprobado con los votos de PP y PSOE (sólo EU se opuso) como agradecimiento a su apoyo. O cómo Ortiz recurría al exsenador Ángel Franco no sólo para obtener información de su partido sino para que le ayudara a resolver los problemas hídricos que dificultaban la aprobación del plan. Por contra, empresario y alcaldesa dedicaron alguna conversación a intentar encontrar algo que desprestigiara al también socialista Ángel Luna porque Camps, según le confiesa Castedo a Ortiz, «le quiere arrear». Le pregunta entonces la regidora al promotor si le ha hecho alguna obra a lo que responde: «Este ha sido muy acojonado, si ha hecho cuatro tabiques se ha buscado a alguien que no tenga nada que ver (...) ha sido tan acojonado que nunca hizo nada en el Ayuntamiento».

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