Balón de oxígeno para el movimiento de los graneles en el Puerto de Alicante. La Generalitat tiene ya prácticamente cerrada -el documento no es todavía oficial ni se ha trasladado a la Autoridad Portuaria- la autorización ambiental (propuesta de resolución) para legalizar la emisión de partículas a la atmósfera, permitiendo, de momento, que la operativa del muelle 17 siga desarrollándose al aire libre, según ha trasladado el director general de Calidad Ambiental, Joan Piquer, a los representantes de la asociación Gran Vía Sur-Puerto.
La Generalitat considera ahora, en una primera fase, suficiente para prevenir la contaminación del aire con que se mejoren las pantallas cortavientos, se moje el material y se reduzca la altura de las montañas de granel en los muelles, además de la instalación de cuatro nuevos medidores para controlar la emisión de las partículas. No obstante, un portavoz autorizado de la Dirección General de Calidad Ambiental ratificó ayer que la autorización contempla también «la obligación de iniciar el procedimiento administrativo, desde ya, para disponer de naves en caso necesario a la mayor brevedad posible, aunque confiamos en que funcionen las medidas propuestas ahora».
Los vecinos del entorno portuario se muestran, no obstante, desconcertados, porque, según subraya José Santamaría, portavoz de Gran Vía Sur-Puerto, «lo que nos trasladaron el viernes se contradice con el informe del mes de junio en el que la Dirección Territorial de Alicante sostenía que se debía negar la licencia si el Puerto no pasaba a mover los graneles en naves o silos cerrados. Para nosotros es un claro ejemplo de prevaricación y así lo vamos a denunciar al personarnos en el expediente por el que se concederá la licencia provisional», reiteró el portavoz de la asociación. En la Autoridad Portuaria desconocen si existe la autorización y emplazan su valoración al día en que ésta sea oficial.
Los vecinos se muestran estupefactos cuando la propia Dirección Territorial concluyó en un informe del 27 de junio de este año, que en aplicación del Plan de Mejora de la Calidad del Aire de l´Alacantí Occidental, «para la obtención de la autorización administrativa de actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera, se debiera proceder a la adaptación de las instalaciones con el fin de garantizar que todas las operaciones de almacenamiento y manipulación de materiales pulverulentos se realizan en naves cerradas y en depresión o, en su caso, mediante sistemas equivalentes de semejante eficacia probada. Tolvas ecológicas, sistemas de aspiración, silos cerrados etc...», según reza el texto del informe, desfavorable a la solicitud de autorización de emisiones. El Puerto ha presentado alegaciones.
El Puerto espera una autorización que, según el Consell, le va a generar unos costes de más de cuatro millones de euros, pero sin variar sustancialmente la operativa, al no incluir las naves o silos cerrados que reclaman los vecinos y que, según fuentes del sector, podrían elevar la inversión a casi 20 millones.
Gran Vía Sur-Puerto asegura que «lo único que perseguimos es garantizar la salud de los vecinos del entorno, de los escolares de los centros, y que el Puerto se modernice y destierre una operativa que sigue igual que a finales del siglo XIX. Y lo hacemos porque vivimos al lado de los muelles. Si estuviésemos a diez kilómetros de los montones de granel no pasaría nada».
El Puerto es el que mejores datos ofrece sobre el movimiento de graneles sólidos este año en España al acumular un crecimiento del 67% en los nueve primeros meses del año con un total de 1,4 millones de toneladas. Santander, instalación modelo según Gran Vía Sur-Puerto movió en el mismo periodo 2,1 millones de toneladas, un 16% menos; A Coruña, 3,4 millones; Gijón, 13,1 millones; Tarragona, 5,8 millones; Valencia, 1,9 toneladas y Castellón, 3,9.
El paso adelante de los vecinos, que han dejado la reclamación judicial y administrativa en manos de la organización de consumidores José María Mena, es independiente de la denuncia de noviembre de 2015 ante la Fiscalía Anticorrupción contra el Ayuntamiento y el propio Puerto a los que acusan de un presunto delito de prevaricación por omisión al permitir la operativa sin la licencia ambiental preceptiva, que ahora se va a conceder.
