El cierre de la investigación sobre el presunto trato de favor a Enrique Ortiz en la tramitación del Plan Rabasa no tiene una repercusión directa sobre el plano urbanístico, que ya quedó zanjado hace año y medio cuando el Tribunal Supremo confirmó la anulación del polémico proyecto por falta de recursos hídricos, la ausencia de autorización ambiental y «vicios determinantes» en su adjudicación. Y es que la investigación penal y la administrativa sobre el plan adjudicado a Ortiz hace una década han seguido caminos paralelos.
Si la penal ha acabado archivándose, la administrativa iniciada a instancias de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC), PSOE y EU acabó por enterrar el polémico Plan Rabasa, en el que se preveían 13.000 viviendas y con el que se pretendía dar amparo al macrocentro comercial junto a Ikea que despertó la oposición del pequeño comercio. En mayo de 2013, coincidiendo con la reapertura de la investigación penal, llegaron las primeras sentencias del Tribunal Superior de Justicia que tumbaban el plan por la vía contencioso-administrativa. En mayo de 2015 el Supremo lo ratificaba. Descolgados de un plan urbanístico, los terrenos de Rabasa se consolidaron como suelo no urbanizable. Y así continuarán hasta que no se definan en el nuevo Plan General que tiene en agenda el tripartito.
Ortiz trató de sortear el escollo de las sentencias judiciales promoviendo a finales de 2013 la llegada del macrocentro comercial e Ikea al margen del Plan Rabasa, bajo la figura de una Actuación Territorial Estratégica (ATE). Aunque el Consell, durante el mandato del PP, comenzó a tramitarlo, el promotor acabó desistiendo del proyecto tras el cambio de gobierno por la oposición del Ayuntamiento, de los comerciantes y los costes de los accesos de tráfico. El pasado septiembre, el Consell confirmaba el archivo del ATE.
Desde ese momento, la llegada de Ikea a Alicante es, más que nunca, una incógnita. Desde el Consell llegaron a plantearse comprar el suelo en Rabasa para ofrecérselo a la multinacional. Algo que quedó descartado ante las dudas que generaba la operación. El alcalde, Gabriel Echávarri, desveló recientemente que la negociaciones con la multinacional van en la línea de que se instale en Rabasa junto a una parcela de medianas superficies. El vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, admite que las parcelas colindantes a la avenida de la Universidad tienen vocación comercial, lo que podría dar cabida a Ikea. En cualquier caso advierte de que toda operación urbanística tendrá que ir en consonancia con el tipo de suelo que se prevea en el nuevo Plan General.
En este punto y aunque el archivo de la investigación penal no tenga repercusión sobre el plano urbanístico, la llegada de Ikea Alicante sigue sin concretarse y arrastra ya un periplo de 15 años.
