La tasa de mujeres que sufren malos tratos en la Comunidad Valenciana es de 22,14 por cada 100.000 habitantes sólo superada por Baleares, ¿a qué cree que se debe?
Es un dato que pone de manifiesto que las mujeres denuncian esa situación de maltrato. Hay una violencia de género que se denuncia y recogen los datos estadísticos pero hay un maltrato técnico que no se visibiliza porque no se denuncia. Los factores que influyen para que se denuncie son una mayor concienciación y una confianza en las instituciones y en los mecanismos que permiten a las mujeres salir de esa situación. Después habría que analizar cómo acaban esas denuncias.
¿Qué estamos haciendo mal como sociedad para que sigan aumentando los casos?
La base de este problema es la educación. ¿Por qué salen estos casos a la luz? Por esa concienciación de que la situación que viven no es aceptable. No es que haya más casos de malos tratos que antes, es que ahora se denuncian y antes de naturalizaban y minimizaban incluso dentro de la propia familia. Ahora la mentalidad es más crítica con respecto a las expectativas y proyectos vitales y las mujeres deciden poner fin a esa situación de violencia.
Pero pese a ello, surgen casos de malos tratos en personas cada vez más jóvenes.
Al analizar los datos en personas jóvenes vemos que la situación es alarmante. Estamos advirtiendo que a través de las redes sociales se dan muchas conductas de control y hostigamiento. También de lo que ellos llaman las pruebas de amor y el chantaje de varones socializados a través del porno que reproducen determinados roles de violencia y de violencia sexual con respecto a sus compañeras, que son muy jóvenes. Existe un chantaje de proponer determinadas prácticas ante las que ellas no dan un consentimiento desde un plano de igualdad. Es preocupante.
¿Va cambiando la sociedad por esa concienciación? ¿Se está erradicando el machismo o está derivando hacia unas conductas más sutiles y soterradas?
Es la diferencia entre el machismo de la coacción y el del consentimiento. Ahora ya no vemos esas actitudes machistas más fuertes, o al menos se critican socialmente, pero sí que es cierto que la desigualdad estructural de la forma de socialización patriarcal y del propio sistema sexo-género pone de manifiesto que todavía vivimos en una sociedad en la que las mujeres estamos posicionadas en una clara inferioridad en el ámbito laboral, económico y de las relaciones personales. Hay un dato muy significativo. El 75% de las mujeres directivas en altos puestos sufren acoso sexual.
Los defensores del pueblo ya han puesto sobre la mesa que los condenados por maltrato pierdan la patria potestad o vean limitado el régimen de visitas. Pese a los avances de estos últimos años ¿sería necesario cambiar más leyes?
Se ha hecho mucho desde 2004. En 2015 hubo modificaciones en el Código Penal y estamos viendo los resultados ahora. El jueves la Sala de lo Penal del Supremo dictó una sentencia en la que decía que para aplicar la agravante de género no es necesario que exista una relación de pareja. Pero es cierto que se necesita seguir avanzando, no ya sólo en modificación normativa. En 2015 se aprobó la Ley Orgánica 8/2015 que reconoce a los menores como víctimas. En casos de violencia de género si no se opta por suspender la patria potestad o el régimen de visitas el tribunal debe pronunciarse y explicar por qué. Pero hay que dar un paso más. No es compatible ser un un buen padre con ser un maltratador. La violencia de género afecta al entorno de la víctima y muchas veces se utilizan los regímenes de visitas para seguir ejerciendo un control sobre la víctima. Sobre todo cuando se opta por la vía civil para salir de una situación de maltrato porque es más difícil acreditar después la violencia. Los menores sufren y han sido los grandes olvidados.
También se ha abierto un debate este año por algunas sentencias judiciales como el caso de «la Manada».
El día 7 se reunió el Tribunal Superior de Justicia de Navarra para decidir sobre los recursos porque la condena no era firme. Hay unos hechos probados, así que es un problema de interpretación de la norma. Ahí entra también el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que prevé un abordaje más global. Hace falta más formación en perspectiva de género para los operadores judiciales. La sentencia cree a la víctima pero sin embargo no aprecia intimidación. Ha propiciado que se abra un debate muy importante sobre el abuso y la agresión sexual.
¿En qué punto está jurídicamente?
Hay una comisión de expertos que ya ha elaborado un borrador. Considera necesario que todo sea agresión y se elimine el concepto de abuso, pero hay un principio penal de intervención mínima, así que habrá que hilar muy fino con eso porque es posible que algunas cosas no se puedan considerar agresión y se queden fuera. Tengo mis suspicacias con esto.
