Los locales de ocio piden al TSJ la suspensión de las medidas "anticovid" de la Generalitat

En el escrito, Alroa defiende la necesidad de la suspensión cautelar, alegando que de "anularse la resolución recurrida, resultaría extremadamente difícil concretar los daños a efectos de solicitar una indemnización de la Administración por mal funcionamiento, por lo que resulta de vital importancia que se proceda a la apertura inmediata de los locales y a que se anulen las limitaciones en cuanto a las distancias y horario de cierre". Según la asociación que agrupa a locales de ocio de Alicante, la ejecución de las medidas "produce unos daños de reparación difícil e incluso imposible, tanto es así que de prosperar el recurso y estimar la pretensión de nulidad de las medidas de esta parte, la situación jurídica de la mayoría de los locales no se vería afectada por la resolución judicial, ya que de no poder reabrir sus negocios por imposibilidad de subsistir, el acto impugnado habría sido agotado y terminados sus efectos, y por tanto, la resolución judicial se convertiría en una mera declaración de intenciones".

Entre los principales cambios recogidos en el documento de la Conselleria de Sanidad publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) este pasado lunes, se prohíbe la apertura del ocio nocturno. En concreto, se suspende la actividad de discotecas, pubs, salas de baile y karaokes durante al menos los próximos 21 días. Por otro lado, la normativa que entró en vigor este lunes obliga a los locales de hostelería y restauración a cerrar no más tarde de la 1 de la madrugada (hasta ahora la mayoría podía abrir hasta las 2.30 horas en verano), aunque no pueden atender a nuevos clientes desde la medianoche. Además, los establecimientos deben aumentar la distancia social para internar evitar rebrotes, ya que a partir de ahora se tiene que mantener la distancia de 1,5 metros con las personas más próximas de las mesas del entorno, mientras que hasta la fecha la obligada separación era solo entre mesas. También, el aumento de las restricciones lleva a que la ocupación máxima sea de 10 personas por mesa o agrupación de mesas.

Según Alroa, las medidas acordadas "no son necesarias, idóneas ni proporcionadas, ni pueden extenderse sin más a todo el territorio autonómico, porque la situación de la comunidad autónoma no es uniforme ni ahora ni en ningún momento de las últimas semanas".

En el escrito dirigido al TSJ, según explica Galdeano, la asociación recuerda que "se trata del cierre total de la actividad de un sector económico trascendente para la economía de la ciudad de Alicante y para el mantenimiento de más de 2.000 puestos de trabajo". Además, añaden que la vigencia de esta resolución es de 21 días, lo "que implica la totalidad de la temporada de verano, dato que unido al cierre derivado del Estado de Alarma, hace que dicho periodo sea vital para el mantenimiento de la mayoría de estos negocios, vinculados en gran medida al turismo de temporada".

La entidad que aglutina a locales de ocio insiste en su argumentación en que "la resolución impugnada rige desde el momento de su publicación, lo que ha impedido al sector hacer previsiones respecto a la situación laboral de sus empleados", lo que se une -según apuntan- a que "no existe en la resolución, ni en ninguna relacionada con la misma, del propio Gobierno de la Generalitat ni del Gobierno de España que prevea mecanismos de carácter compensatorios económicos o asistenciales, ni para los trabajadores ni para los empresarios del sector".

Cuestionada por las intenciones del sector del ocio y de la hostelería de recurrir a los tribunales para tumbar la resolución autonómica, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, se ha limitado hoy a reconocer que es una vía abierta. "Los empresarios afectados están en su derecho de ejercitar las acciones legales que consideren oportunas. Serán los tribunales los que decidan", ha señalado Bravo en una visita a Alicante, junto a la consellera de Sanidad, Ana Barceló.