En un principio se creyó que era un atentado etarra porque, según se dijo, se habían recibido unos minutos antes varias llamadas amenazadoras de la banda terrorista en medios de comunicación alicantinos y en el monasterio de la Santa Faz, en cuya capilla se estaba celebrando una boda. Pero a medianoche se descartó oficialmente esa hipótesis, al averiguarse que se trataba de un accidente causado por el material pirotécnico que portaba el coche que explotó.
Además, al día siguiente, ETA negó en un comunicado toda relación con aquella tragedia.
También al día siguiente, domingo, Pryca abrió sus puertas, la prensa siguió hablando de Joaquín Rigal (dueño del coche siniestrado y cuyo hijo murió por ser quien lo conducía) como dueño de la fábrica de pirotecnia La Levantina, pese a no ser realmente más que un comerciante al por menor, y la delegada del Gobierno, Concepción Sáenz Lalín, confirmó que se habían recibido llamadas telefónicas amenazantes en las redacciones de INFORMACIÓN y La Verdad, así como en el monasterio de la Santa Faz, minutos antes de que se produjera la explosión. La Guardia Civil pesquisaba si eran llamadas interesadas en denunciar que Pirotécnica Levantina seguía vendiendo cohetes pese a estar cerrada la fábrica por orden de la Conselleria de Trabajo.
En el Hospital General de Alicante había tres heridos muy graves: Julia Muñoz Contreras y Ana Alcántara, con el 60% de sus cuerpos quemados, y Juan Ortega Gil, con el 35%.
Trágicas casualidades
El lunes 21 de agosto fueron enterradas las ocho víctimas mortales del terrible suceso. La Guardia Civil seguía dos líneas de investigación: descubrir un presunto tráfico ilegal de pólvora y averiguar la cantidad de explosivos que había en el vehículo siniestrado. En cuanto a esto último, un portavoz del sindicato CC.OO. afirmó que los Rigal (padre e hijo) solían distribuir material explosivo los fines de semana y que el coche que explotó debía ir cargado con unos 400 kilos (cuatro veces más de lo que calculaban los investigadores policiales).
Florencio Camero, padre del novio que se casó la tarde del sábado en la capilla de la Santa Faz y cuya ceremonia fue interrumpida por el aviso de bomba, manifestó que no había encargado una traca a los Rigal. Lo mismo hizo el abogado Fernando Fajardo, simpatizante ultraderechista, cuya hija se casó en la Santa Faz el sábado por la mañana. Fajardo se vio obligado a negar públicamente que hubiese encargado cohetes a los Rigal para celebrar la boda de su hija ante los insistentes rumores que le señalaban como principal objetivo de la presunta amenaza terrorista. Todo se debió, según parece, a un supuesto comentario que Joaquín Rigal hizo al conocido foguerer Miguel Ángel Guirao, según el cual su hijo portaba en el coche 25 metros de traca para entregárselos a Fajardo.
Ante tal cúmulo de rumores e hipótesis, el gobernador civil, Pedro Valdecantos, declaró: «Sigo pensando mayormente en trágicas casualidades y en que todo fue un desgraciado accidente».
Suicidio
El martes 22 de agosto se suicidó Joaquín Rigal Martínez, conocido popularmente en el barrio de San Blas como Chimo, arrojándose al vacío desde la sexta planta del edificio donde vivía (Baltasar Carrasco 14). Según la Policía, guardaba en su casa gran cantidad de cohetes.
La Guardia Civil continuaba investigando si la explosión en Pryca había sido intencionada, motivada por la venganza profesional, y determinó que el coche iba cargado con 100 kilos de cohetes.
El fiscal que se hizo cargo del caso, Felipe Briones, se puso como objetivo principal descubrir a los proveedores del material pirotécnico.
Fallecen dos heridas
El 12 de septiembre falleció en el Hospital General Ana Alcántara Roca, de 34 años. Había ido al Pryca de San Juan en compañía de su amiga Ana Carrasco y la hija de esta, Patricia, ambas muertas en la explosión. El viudo se lamentaba, «mi mujer nunca iba a San Juan. Solía comprar en el de San Vicente». Fue enterrada en el cementerio de Dolores.
En el mismo hospital murió el 18 de septiembre Julia Muñoz Contreras. Fue enterrada en Onil.
Con estas dos muertes el número de víctimas mortales de aquel suceso ascendió a 10, sin contar otro fallecimiento vinculado con el mismo: el suicidio de Joaquín Rigal.
Juicio
El juicio se desarrolló con escasa expectación popular. Comenzó en la Sala de la Sección Primera de la Audiencia Provincial el 6 de junio de 1994. Eran tres los procesados: Eduardo Samper Lledó, apoderado de Pirotécnica Alicantina, su hijo Antonio Samper Muñoz, gerente de la misma empresa, y el sargento de la Guardia Civil Saturnino Romero Romero, encargado del control de la pirotecnia en San Vicente del Raspeig cuando se produjo el accidente. El fiscal Felipe Briones acusaba a los dos primeros del delito de imprudencia temeraria profesional por suministrar material pirotécnico mientras tenían la fábrica clausurada y pedía para ellos penas de seis años y un día de prisión mayor. Al guardia civil le imputaba una falta por imprudencia en el desempeño de su trabajo y solicitaba que fuera condenado a 30 días de arresto menor y multa de cien mil pesetas, señalando al Estado como responsable civil subsidiario. Para los afectados por el accidente Briones pedía indemnizaciones que ascendían a 275 millones de pesetas.
El presidente del tribunal, José Ramón Soriano, reconoció el día 7 que la principal prueba del caso (los restos del material pirotécnico que estalló) había desaparecido, por lo que debían conformarse con las fotografías tomadas tras el suceso.
Ese mismo día 7 declararon los acusados. Los empresarios negaron haber vendido el material pirotécnico a los Rigal, y uno de ellos, el hijo, provocó quejas ante el tribunal por el tono de sus respuestas al fiscal, a quien llegó a acusar de estar ofuscado. Por su parte, el sargento de la Guardia Civil reconoció no ser experto en explosivos y afirmó que su cometido como comandante del puesto de San Vicente era únicamente inspeccionar las mechas y la pólvora (la cual calculaba a ojo), pero no la pirotecnia que se fabricaba en los talleres de los acusados.
En su alegato final del 26 de junio, el fiscal pidió al tribunal que condenase a los procesados para que las víctimas pudieran cobrar las indemnizaciones, pero la sentencia, hecha pública el 7 de julio, fue absolutoria para los tres acusados. En ella se afirmaba que «a las víctimas deben añadirse tres más», en alusión a los procesados, por haber sufrido «cinco años de presión social». «No se ha aportado ninguna prueba de cargo que indique que los productos provinieron de su empresa», dijeron los magistrados refiriéndose a los Samper, señalando como únicos posibles responsables del suceso a los fallecidos Joaquín y Antonio Rigal. Con respecto al guardia civil, había cumplido con su deber, según la sentencia.
Como consecuencia de ello, no recibieron indemnizaciones los familiares de los fallecidos, los heridos ni los particulares que las pedían por los daños sufridos. También se abrieron diligencias contra María Luisa Rigal (hija de Joaquín y hermana de Antonio) por presunto delito de falso testimonio. Durante el juicio había declarado que en la mañana del sábado 19 de agosto de 1989 acompañó a su padre hasta Pirotécnica Levantina para recoger unos paquetes de fuegos artificiales que les entregó Eduardo Samper. Pero otros testigos declararon que Samper se hallaba esa mañana en una playa de Santa Pola y, en un careo que el tribunal ordenó entre ella y una peluquera con la que había trabajado, esta contradijo a María Luisa al asegurar que no había librado aquel día y no había podido ir por tanto a Pirotécnica Levantina. El tribunal sugirió que María Luisa había actuado movida por el reproche que durante años había sufrido su familia por parte del vecindario y de la sociedad alicantina y, quizá, porque el fiscal solicitaba para su madre 15 millones de pesetas de indemnización por la muerte de su hermano.
