La tramitación de las ayudas de la dependencia triplica el plazo máximo en Alicante

Menos retrasos, pero aún muy superiores de lo fijado por ley. Un informe de la Sindicatura de Comptes sitúa en 585 días el plazo medio de tramitación de las ayudas de la dependencia en la provincia de Alicante, lo que supone triplicar el plazo máximo permitido por la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que está fijado en 180 días, y superar la media autonómica, que se queda en 526 días. Así lo resalta el informe especial sobre dependencia del Síndic de seguimiento de las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas. En el documento, por otro lado, la institución comisionada por las Cortes resalta que el período de la tramitación se ha reducido «paulatinamente» en la provincia desde los 1.041 días del año 2016 (949, en la Comunidad), aunque insiste en que continúa siendo «muy superior al plazo legal de seis meses».

El Síndic de Comptes, en su informe, subraya también que un «elevado número» de ayuntamientos de la Comunidad Valenciana (entre los que destaca a Alicante y València) existen «muchas solicitudes que empiezan a tramitarse después de cumplirse el plazo legal para resolver, lo que imposibilita su cumplimiento». Es decir, las peticiones arrancan la tramitación una vez superado el plazo legal para su respuesta definitiva. Los ciudadanos del municipio de Alicante esperan, de media, un plazo de un año y nueve meses. Peor aún están, según el Síndic, en València, donde la espera se dispara hasta los dos años y un mes.

Entre las críticas que realiza el Síndic destaca que «no se garantiza el derecho de las personas a conocer el estado de la tramitación de su solicitud de dependencia, en una única sede, para todo el procedimiento y en cualquier momento» en toda la Comunidad. «Tampoco se dan las condiciones para el correcto funcionamiento de la tramitación telemática de la dependencia que figura en la sede electrónica de la Generalitat», añaden desde la institución, que también subraya la falta de personal: «Aunque, en general, se ha producido un incremento de los medios humanos dedicados a la gestión de la dependencia, continúan siendo insuficientes para atender las solicitudes. La alta rotación e inestabilidad del personal implica el consumo de una importante cantidad de recursos en la formación y afecta negativamente a la eficiencia y la eficacia en la gestión».

Ésta es una de las quejas del bipartito de Alicante para justificar en parte el retraso en la capital de la provincia. Según la edil de Acción Social, Julia Llopis (PP), el Ayuntamiento ha tenido «problemas añadidos por el cese de los trabajadores por problemas con intervención». «Nos obligaba a quedarnos paralizados durante meses, y eso que además los trámites que nos transfieren son los más complicados. Ahora, afortunadamente, la conselleria va a apostar por contratos bianuales para evitar ese vacío», señaló la concejala, quien espera que la situación se «vaya normalizando poco a poco» tras «heredar una larga lista de espera».

Desde la conselleria que dirige Mónica Oltra (Compromís) resaltaron «todo el trabajo hecho desde 2016» para conseguir reducir unas demoras que, pese a todo, siguen triplicando el plazo máximo permitido por la ley. «Hay que recordar que veníamos de un sistema que el PP había abandonado. Hemos hecho un trabajo de ordenación y dignificación. Para nosotros, seguir reduciendo la espera es una prioridad», señalaron fuentes autorizadas del departamento.

Por su parte, Emilio García, coordinador de las Plataformas de la Dependencia en la Comunidad, apuntó que es «justo reconocer» que en los últimos años el gobierno del Botànic «ha permitido una mejora enorme en el sistema de atención a la dependencia», aunque -subrayó- que «todavía queda mucho por mejorar». Para ello, reclama más financiación y que el plazo para la tramitación no supere los tres meses, pese a que la ley marque un máximo de medio año.