La Guardia Civil ha puesto en marcha un plan de acción contra la violencia sobre la mujer que contempla potenciar la formación de los agentes para que sepan detectar los casos de malos tratos ante cualquier indicio que llegue tanto de la víctima como de otras personas de su entorno. Así lo anunció ayer la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, durante su intervención en el Foro Alicante celebrado en el restaurante El Maestral y que se pudo seguir online a través del Club INFORMACIÓN.
Gámez, que analizó en Alicante «El desafío de la Guardia Civil ante la violencia machista», elogió los mecanismos con que cuenta para combatir la «pandemia» de la violencia sobre la mujer y explicó que el Sistema Viogén, donde se realiza un seguimiento integral en los casos de violencia de género y que deberían copiarlo otros países, hay actualmente cerca de 64.000 mujeres que necesitan un «seguimiento o control» para trata de evitar que las agredan.
María Gámez, la primera mujer en dirigir la Guardia Civil en sus 176 años de historia y cuya intervención fue presentada por la subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador, reconoció que siente «escalofríos» con los datos de casos activos de mujeres incluidas en el Sistema Viogén y precisó que en la provincia de Alicante rondan las 4.000 víctimas, de las cuales 1.300 son controladas por la Guardia Civil.
La directora general de la Guardia Civil indicó que «somos responsables de plantarle cara al terrorismo machista», pero al mismo tiempo apeló a la colaboración de toda la ciudadanía para combatir esta lacra. «Es una cuestión que nos atañe a todos» y pidió que se alerte de cualquier atisbo de maltrato porque la violencia sobre la mujer «sigue siendo un problema muy preocupante», destacó.
Gámez recordó que la Guardia Civil ya puso en marcha hace más de 25 años los Equipos Mujer Menor (Emume), lo que ha supuesto un avance importante en la atención a las víctimas de violencia de género, pero la Benemérita quiere avanzar aún más en este camino «dando más formación» a los agentes y que «sepan entender las señales del maltrato» y no se les pase ningún indicio.
La máxima responsable del Instituto Armado manifestó que cada vez se trabaja de forma más sofisticada para detectar los casos de maltrato para dar protección a las mujeres y «no basta sólo con lo que diga la víctima». «La tarea de alertar nos incumbe a todos», indicó María Gámez, quien reconoció que aún queda «mucho por hacer», pero apostó por reforzar la formación de los agentes para tratar de acabar con la «pandemia» de la violencia sobre la mujer. Aseguró que «en menos de tres años se va a formar a todo el personal en materia de igualdad y diversidad».
Gámez insistió en la «gravedad» del problema de la violencia de género, que este año en la provincia se ha cobrado la vida de una mujer en Teulada. En todo el país han sido 41 las mujeres asesinadas este año, 35 de las cuales no habían denunciado previamente a sus parejas o exparejas. Gámez remarcó que el 66% de los autores de estos crímenes son de nacionalidad española y destacó que desde 2003, año en el que comenzaron a contabilizarse las víctimas de la violencia machista, han sido asesinadas 1.074 mujeres, 132 de ellas en la Comunidad Valenciana. «Son las cifras del horror, que nos avergüenzan como sociedad y que nos indican que queda mucho por hacer», señaló.
La vulnerabilidad de la mujeres se acrecienta además de por su situación económica por su hábitat. En este sentido, Gámez indicó que un estudio sobre el maltrato en el mundo rural, realizado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, revela una mayor incidencia en estas mujeres. Según la directora de la Guardia Civil, «las encuestadas aún perciben la violencia de género como una cuestión de ámbito familiar y privado, no como un problema social y estructural, y seis de cada diez mujeres reconocieron conocer algún caso». Además, más del 80% hablaba de la existencia de machismo generalizado en el mundo rural.
Por otro lado, destacó los delitos contra la libertad e indemnidad sexual como «otra parte dolorosa de la desigualdad de la mujer» y afirmó que «lamentablemente van en ascenso durante los últimos años». En 2019 crecieron un 11,3%, aunque Gámez considera que dicho aumento obedece también a una política de concienciación social que anima a las mujeres a presentar denuncia porque creen que les va a ir mejor si se ponen en manos de especialistas.
La violencia entre menores en el ámbito sexual, en clara alusión a las violaciones grupales, también preocupa a la responsable de la Benemérita, igual que la ciberdelincuencia, «que está siendo un vehículo útil para el acoso y el maltrato a las mujeres». Al respecto precisó que «las chicas menores de edad son la mayor parte de las víctimas de ciberdelitos sexuales y el 94% del millar de detenidos por estos delitos eran hombres».
El confinamiento provocado por el estado de alarma a causa del covid-19 conllevó una reducción del 14,6% de las denuncias por violencia de género durante el segundo trimestre. Pese a ello, la Guardia Civil, consciente del aislamiento, realizó 150.000 actuaciones con víctimas de la violencia de género y efectuaron 5.000 detenciones por este delito entre el 15 de marzo y el 21 de junio.
«El desafío ante la violencia machista nos compromete a todos y la Guardia Civil lo ha situado como una política estratégica».
A preguntas de asistentes a la conferencia, Gámez dejó claro que «todo aquello que no es consentido, querido, por parte de una mujer y que, por tanto, se hace sin respetar la autonomía y la voluntad de una mujer puede parecerse a un posible caso de maltrato». Sobre si su nombramiento como directora general de la Guardia Civil ha supuesto romper un techo de cristal, señaló que «lo rompe quien decide que haya ahí una mujer y afortunadamente en este caso fueron hombres; si no son conscientes de que las mujeres tienen que llegar a esos sitios nunca romperíamos ese círculo vicioso». Gámez afirmó asimismo que nunca ha percibido rechazo en la Guardia Civil por el hecho de ser mujer.
Gámez confía en que la primera piedra de la Comandancia esté en 2021
No quiso dar una fecha concreta sobre la colocación de la primera piedra de la nueva Comandancia de Alicante, aunque María Gámez anunció que es «una prioridad, una necesidad absoluta» y confía en que a lo largo de 2021 «podamos tener algún avance relevante y visible». ya que los plazos no dependen exclusivamente de la Guardia Civil, en referencia al suelo cedido por el Ayuntamiento de Alicante y los trámites que se necesitan para poder comenzar las obras.
Antes de impartir la conferencia en el Foro Alicante, la directora de la Guardia Civil mantuvo una reunión de trabajo con los responsables del Instituto Armado en Alicante y visitó las instalaciones de la Comandancia, la sede del Subsector de Tráfico y las instalaciones que albergan en el Puerto al Servicio Marítimo GEAS y la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic).
María Gámez también mantuvo un encuentro con guardias civiles que estuvieron hospitalizados por el covid-19 y «con los que la directora estuvo en contacto durante esos duros momentos», según la Comandancia. Además charló con una representación de guardias civiles de todas las escalas, a los que felicitó por su trabajo para reducir la criminalidad y por la gran cantidad de auxilios que prestaron a la ciudadanía, especialmente durante el confinamiento.
Más de 200 mujeres
La Guardia Civil en la provincia de Alicante es responsable de la seguridad ciudadana de 133 municipios, lo que supone el 78,04% del territorio y el 51% de la población. Para realizar este cometido cuenta con más de 2.200 efectivos, de los que casi el 10% son mujeres, cifra por encima de la media nacional.
Asimismo, cuenta con un total de 44 acuartelamientos (5 Compañías, 19 Puestos principales y 20 Puestos ordinarios).
Según los datos facilitados ayer por la Comandancia, el índice de criminalidad ha descendido en lo que llevamos de año un 16% respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, se han llevado a cabo casi 4.000 detenciones o investigaciones, principalmente por delitos contra el patrimonio (casi 36%), contra las personas (cerca del 6%), contra la seguridad colectiva (casi 5%) y contra la libertad e indemnidad sexual (cerca del 4%). Por otro lado, los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas han disminuido un 23% en lo que llevamos de año.
