¿Está la fiscal general? Que se ponga

Tres investigaciones en las que han mediado denuncias (de dos particulares en el caso de Alicante y del PSOE y Podemos en los otros dos) que afectarían en total a cuatro provincias cuando las vacunaciones supuestamente irregulares, extendidas por todo el territorio nacional como una mancha de aceite, pueden superar los varios centenares. Y entre los inmunizados por esta vía rápida, políticos, militares, sacerdotes, juristas y hasta sindicalistas que, aduciendo las justificaciones más variopintas, se habrían saltado su turno en el calendario de las inmunizaciones.

Una realidad que evidencia una preocupante falta de previsión de los redactores del protocolo de vacunación, que no repararon en eventualidades tales como qué hacer con las dosis sobrantes tras cada sesión, máxime con unas condiciones de conservación tan complicadas. Y que demuestra también una alarmante falta de control por parte de los encargados de aplicarlo. Un cóctel que habría perpetuado una operativa ahora bajo sospecha de no haber saltado a la opinión pública por el puro afán propagandístico de los agraciados con una dosis, algunos de los cuales no dudaron en posar vial en mano en el interior de geriátricos cuyo acceso estaba restringido para más inri.

Unas anomalías que dibujan un escenario lo suficientemente grave como para que a estas alturas la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, hubiera tomado cartas en el asunto dando instrucciones precisas y uniformes a todas las fiscalías del país sobre cómo actuar. Porque con su callada por respuesta podemos encontrarnos con que de las 62 vacunaciones irregulares que la consellera de Sanidad, Ana Barceló, aseguró que se han detectado en la Comunidad, solo acaben judicializadas las denunciadas en la provincia de Alicante, que en lo tocante expresamente a cargos públicos no llegan a la decena. Entre ellos políticos tanto del PSPV, como los alcaldes de El Verger y Els Poblets, Ximo Coll y Carolina Vives, como del PP, tal es el caso del regidor de La Nucía y diputado provincial, Bernabé Cano, o del edil de Sanidad de Orihuela, José Galiano. ¿Y qué ocurre con los del resto de la Comunidad entre los que, por cierto, se encuentra el fiscal jefe de Castellón, quien también se vacunó por la puerta de atrás? ¿Y los del país, donde también está el Jemad? De acabar considerando un juez delictivas estas vacunaciones Vip, ¿la pena no va con ellos? ¿A qué obedece el silencio de la fiscal general?

Buena prueba de que se trata de un asunto de especial relevancia es la notificación de apertura de diligencias que el fiscal jefe de Alicante, Jorge Rabasa, le remitió a la fiscal superior, Teresa Gisbert, para que se lo hiciera llegar a Delgado. Eso fue el lunes pasado y seguimos sin noticias de Madrid.

Mientras tanto, el fiscal que se ha hecho cargo de asunto en Alicante, Pablo Romero, ha remitido un escrito a Sanidad reclamando tanto el protocolo de vacunación y las peculiaridades que contempla como la cadena de suministro de las vacunas y los expedientes que haya abierto por estos hechos. Por su parte, el fiscal jefe de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, que ha asumido personalmente las pesquisas, ha optado porque sea la Guardia Civil la que recabe de la Consejería de Salud el listado de los vacunados. Habrá que esperar a ver cuál es la fórmula por la que se decanta Extremadura. Lo mismo recurre a los buitres leonados de Monfragüe. Mientras desde arriba la jefa no diga nada...