Finalmente, el PP y Ciudadanos elevan al pleno municipal de este jueves una declaración institucional en contra de las vacunaciones VIP. El texto es idéntico, salvo retoques para ajustarlo al Ayuntamiento de Alicante, al que Ciudadanos promovió en la Diputación de Alicante. Sin embargo, existe un cambio sustancial. El portavoz adjunto del bipartito, el popular Manuel Villar, ha concretado que en el caso de que se produzca un hecho irregular en el Ayuntamiento se exigirá no solo renunciar a las competencias, sino también al acta como concejal. Esto supone ir un paso más allá de lo que sucedió en la institución provincial, donde se jugó con la ambigüedad para no reclamar el acta, al menos todavía, al diputado del PP Bernabé Cano. "La exigencia será del acta", ha subrayado el popular Villar.

El texto registrado por el PP y Cs para su votación en el pleno de este jueves dice textualmente que "todas las formaciones políticas con presencia institucional en el consistorio de Alicante asumen el compromiso ético de pedir la dimisión o cesar de manera inmediata a cualesquiera de sus cargos públicos, sean representantes electos o cargos de confianza, que se salten el plan de vacunación o que incumpla el protocolo de vacunación establecido y acreditado por la autoridad sanitaria, en provecho propio o beneficiándose de su posición, perjudicando con ello a las personas que realmente necesitaban con prioridad esa vacuna y han visto retrasadas su dosis a causa de estas irregularidades inadmisibles". Y añade: "El compromiso de todos los partidos políticos de este consistorio, que en pro del buen gobierno y ética política, inicien los correspondientes expedientes de investigación a los representantes electos o cargos de confianza que hayan recibido la vacuna contra la covid-19 y si se determina que dichas vacunaciones se han producido abusando de sus cargos y saltándose los protocolos establecidos de preferencia a los grupos mas sensibles, se les exija que asuman sus responsabilidades".

Esta propuesta se suma a la ya anunciada por Unidas Podemos y Compromís, que va más allá. Ya que recoge que si el cargo público no entrega su acta, sea "expulsarlo de forma inmediata del grupo político institucional al que pertenezcan".

Por su parte, preguntado el portavoz del bipartito, Antonio Manresa, la diferencia entre reprobar a un conseller o pedir a cargos políticos que dimitan por vacunarse irregularmente, el edil de Ciudadanos ha explicado: "Es vertical. La conselleria tiene competencias en el resto de ayuntamientos, y nosotros no en el resto del ayuntamientos. Somos unidad municipal y tenemos un término y nos dedicamos a él. Sin embargo, las consellerias sí afectan a todo el territorio. Y evidentemente podemos pedir [reprobaciones] en los plenos. La Diputación tiene competencias sobre el resto de municipios y se refiere a la provincia y no se sale de sus limites geográficos ni va más allá".

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