El comienzo de la Cuaresma, el rito cristiano que arranca el Miércoles de Ceniza (el pasado 17 de febrero) y termina justo antes de la Última Cena -este año el 3 de abril con un nuevamente descafeinado Jueves Santo-, un periodo que simboliza la prueba por la que pasó Jesús al permanecer durante 40 días en el desierto, los 40 días que duró el diluvio universal o las 40 décadas que duró la esclavitud de los hebreos en Egipto, nos ha devuelto a la realidad del drama que sufre este provincia en la que parece que la pandemia lo ha tapado todo. El avance de la desertificación, no confundan con desertización, aunque sean primas hermanas. La primera hace referencia al proceso de deterioro de los suelos y la flora por la erosión y la otra cuando, pasado este, ya no queda casi vida posible y desaparecen hasta los seres vivos de la zona afectada, incluidas las personas. Pues bien, en medio de la lucha contra la pandemia del covid, se ha conocido también, con datos científicos, la gravedad de un problema que azota la provincia, anterior al virus, que seguirá cuando le derrotemos, y que en Alicante se ha convertido en una auténtica pandemia ambiental. Similar, pero incluso, más grave que la producida por la bacteria Xylella Fasitidiosa, el cáncer de almendros y olivos para la cual también se busca ahora una vacuna en la Universidad de Alicante.

Si no he sido hasta ahora suficientemente claro, intentaré ser más gráfico. El cambio climático, el abandono de las tierras de cultivo por unos agricultores y ganaderos -a ellos el covid también les ha puesto al borde la ruina por el cierre del turismo- sobrepasados por los bajos precios, la falta de agua en cantidad y calidad, y la ausencia de una respuesta efectiva de la Administración han provocado que en los últimos veinte años la provincia haya perdido el 40% de su suelo fértil. Cuarenta -como la de la Cuaresma-, una cifra que revela una enfermedad ambiental para que la parece que no tenemos ni cura, mientras el Gobierno, lo mismo que sucedía hasta ahora con las ayudas directas al turismo, mira hacia otro lado.

La falta de agua y soluciones -van para cinco los meses de cierre del Tajo-Segura y las reservas se acaban- tienen contra las cuerdas a un sector agroalimentario del que comen cien mil familias, demuestra, de nuevo, la falta de solidaridad y la incapacidad del Gobierno central este, el anterior, el precedente al anterior y me temo que el próximo- para solucionar un problema que pasa desapercibido para los ciudadanos (mientras abra el grifo y salga agua…), pero que puede hipotecar el futuro de la provincia porque hasta los más acérrimos defensores de las políticas de la vicepresidenta Teresa Ribera, digna heredera de las tesis de Cristina Narbona, admiten que la desalación, la «vacuna hídrica» que nos impone el Ejecutivo, no puede ser la única solución al problema.

El sol no se puede exportar, el agua sí, y el hecho de que en las comarcas del sur se puedan obtener dos cosechas al año beneficia a todos los españoles, y más en estos tiempos marcados por el covid que ha disparado la demanda de productos hortofrutícolas en toda Europa. Que a estas alturas se sigan defendiendo los argumentos de que el agua que llega de Castilla-La Mancha es para construir casas y regar los campos de golf en Alicante clama a ese cielo que desde hace años se resiste a regalarnos agua con generosidad y de manera normal, no con gotas frías que destruyen en vez de ayudar.

El problema es grave porque al margen de la agricultura, el suministro urbano de los 34 municipios de la provincia abastecidos por el Taibilla depende de los caudales del Tajo, ya que la desalación, insisto, no puede suplir el agua del trasvase en su totalidad. Y la falta de solidaridad, más grave aún. Resulta fácil seguir acusando a Alicante y Murcia de esquilmar los recursos de Castilla-La Mancha, mientras la vecina comunidad agota sus acuíferos sobreexplotados creando miles de hectáreas de regadío y en la que nadie se pregunta, por ejemplo, en Toledo, en qué emplearon los gobiernos del PSOE y del PP el caudal de millones de euros que llegaba y llega todos los años desde Alicante y Murcia a cambio del agua del trasvase. Un dinero que debía haberse empleado para dotar de infraestructura a los municipios ribereños del Tajo para garantizar su suministro hídrico. ¿Por qué nadie se lo pregunta o no es motivo de una investigación de oficio?

El agua es también un problema de Estado y si en los convulsos años 30 del siglo XX se pudo llegar a acuerdos para empezar a diseñar el Tajo-Segura, ¿qué hace falta en la Europa de la globalización para que no se sigan permitan los reinos de Taifas? Urge una solución porque ahí están los datos del propio Gobierno. Más de un tercio de la provincia se encuentra en una situación de riesgo importante de pérdida de suelo cultivable. El Programa de Acción Nacional contra la Desertificación advierte de que 94.360 hectáreas están afectadas por el proceso y otras 89.989 en peligro muy alto, lo que suma cerca del 40% del total de 581.000 hectáreas de superficie que tiene Alicante.

Las zonas con una situación de mayor riesgo son el litoral de la Marina Baixa, el interior de l’Alacantí y todo el Alto y Medio Vinalopó. Estas áreas se corresponden con la ubicación de los acuíferos sobreexplotados y en los que el nivel del agua está a 400 y 500 metros de profundidad. Las mismas comarcas que debieran recibir desde hace cinco años agua con regularidad del Júcar, un trasvase en el que se enterraron 500 millones de euros y que sigue cerrado, más por el afán recaudatorio del Estado que por la falta de recursos hídricos. Lo dicho, en este universo marcado por el inmisericorde covid, Alicante sufre su particular pandemia. Y lo peor: nadie parece que es consciente de ello, pese a que en algunas comarcas llueva tanto como en el Sahel – entre el desierto del Sahara y Sudán-, o sea, nada. Los agricultores también han sido héroes en esta pandemia, pero parece que en Madrid les importa ya un bledo que el tomate sea de Mutxamel o de Fez. Así nos va.

Posdata: los embalses de Entrepeñas y Buendía -arranque del Tajo-Segura- almacenan esta semana 854 hm3, casi el doble de la media de febrero en los últimos cinco años. Mientras, el trasvase sigue cerrado.