La pandemia de coronavirus ha tenido un fuerte impacto sobre el mercado de trabajo en la provincia de Alicante, más importante que en otros territorios nacionales debido a la fuerte dependencia del turismo, la hostelería o el comercio, precisamente los más afectados por las restricciones. Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) han amortiguado los efectos de la crisis, pese a lo cual continúa habiendo en estos momentos 11.000 personas en esta situación, así como 32.000 parados más que antes de la irrupción del covid. El sector sanitario es el único que ha crecido, precisamente por las exigencias de la pandemia, con 7.000 nuevos empleados.
Con todo ello, lo que más preocupa a los sindicatos es el incremento de la precariedad laboral, lo que se pone de manifiesto en los más de 230.000 trabajadores que se encontrarían en la economía sumergida, de forma total o parcial, tras un aumento de entre un 5% y un 10%. Es decir, uno de cada cuatro trabajadores.
Las cifras del desempleo son las que mejor ilustran el impacto que la crisis sanitaria ha tenido y sigue teniendo entre los trabajadores de la provincia. En marzo de 2020, cuando irrumpió el virus, la lista de parados se situaba en 164.000 personas. Pues bien, las restricciones impuestas a partir de aquel momento, incluidos los confinamientos, el cierre de comercios y la hostelería y la inevitable recesión económica, provocaron una paulatina escalada del número de desocupados que alcanzó su punto máximo justo un año después, en plena tercera ola, con 191.000 personas inscritas en las oficinas de Labora.
La situación fue mejorando a partir de ese momento, fruto de la suavización de las restricciones y la progresiva recuperación del turismo, hasta llegar al momento actual, en que pese a que se han alcanzado las cifras de afiliación a la Seguridad Social anteriores a la pandemia, con una población activa de 680.000, continúa habiendo 171.800 parados, lo que supone 32.000 más que antes de la irrupción de la crisis.
En lo que respecta a los colectivos más desfavorecidos, las mujeres siguen llevándose la palma, dado que en estos momentos suponen el 58% del total de parados, lo que significa que hay casi 30.000 más que hombres. También los jóvenes menores de 25 años siguen castigados, con una tasa de paro que se sitúa alrededor del 40%.
Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) aprobados por el Gobierno en el contexto del diálogo social con empresarios y sindicatos, han contribuido sin duda a amortiguar el impacto del paro. En el momento álgido de la pandemia llegaron a haber 133.000 trabajadores de la provincia afectados por ERTE, cifra que se ha rebajado hasta los 11.000 actuales. Falta por ver qué ocurre a partir del momento en que esta herramienta desaparezca, lo que se traducirá, según todos los expertos, en un incremento reseñable del número de parados.
En materia de nichos de trabajo, hay que reseñar que mientras la afiliación en la hostelería y el comercio ha llegado a desplomarse durante la pandemia, el de las actividades sanitarias ha sido el único que ha crecido, sumando 6.768 nuevos afiliados a la Seguridad Social durante la pandemia, fruto de los refuerzos tanto en la sanidad pública como en la privada, principalmente, en este último caso, en residencias.
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«Presión» de las empresas
Con todo ello, una de las cuestiones que más preocupan a nivel sindical es el de la precariedad y la economía sumergida. Tanto CC OO como UGT coinciden al afirmar que este fenómeno se ha agudizado con la pandemia, y ponen como ejemplo empresas que han forzado a sus empleados a trabajar pese a estar en ERTE, la siniestralidad laboral, que se ha incrementado pese a que en teoría había una menor actividad, y la exigencia de hacer horas no remuneradas.
Es complicado hacer estimaciones tratándose de una actividad oculta e ilegal, pero teniendo en cuenta el último dato correspondiente a principios del año pasado, las estimaciones porcentuales que se realizan desde distintas instituciones como la Organización Internacional del Trabajo, o encuestas llevadas a cabo por diferentes entidades, el número de trabajadores que en la actualidad pueden estar inmersos en la economía sumergida es de alrededor de 230.000, lo que supondría un incremento de entre un 5% y un 10%.
Del total, más de 130.000 estarían trabajando totalmente en negro, mientras que el resto lo haría de forma parcial, para complementar los bajos salarios que perciben. En definitiva, uno de cada cuatro trabajadores de la provincia, una de las más afectadas por este problema, se encontrarían en esta situación.
Otro dato que ilustra el alto nivel de precariedad del mercado de trabajo es el de las contrataciones, toda vez que más del 92% son de carácter temporal.
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El secretario de CC OO en l‘Alacantí y Les Marines, Paco García, llama precisamente la atención sobre la economía sumergida. «Hay varios indicadores que nos dicen que está creciendo, cuando ya estábamos a la cabeza en España, porque tenemos sectores que son proclives a ello, como es la hostelería. También en el campo se están dando muchos casos, e incluso, aunque en menor medida, en algún sector industrial», lamenta.
Para el responsable sindical, es del todo imprescindible «reforzar las inspecciones laborales, porque en la actualidad esta labor inspectora se está demostrando muy ineficiente. No tenemos ninguna duda de que la pandemia ha agudizado la precariedad. Además, continuamos con salarios inferiores a la media, y eso es algo que se tiene que corregir».
García lamenta el escaso nivel inversor en la provincia de Alicante. «Somos la quinta provincia en PIB y no recibimos dinero por parte del Estado en consonancia. Tampoco la Generalitat invierte en este territorio de forma equitativa. Nos estamos cansando de ser los pagafantas».
Fondos de Europa
En cualquier caso, no todo es negativo para CC OO. «Queremos -señala- ser optimistas. Van a llegar muchos recursos de Europa, y eso se debe aprovechar para suavizar la fuerte dependencia que tenemos de la hostelería, el turismo y el comercio, sectores de una extraordinaria importancia y que hay que seguir apoyando, pero que no pueden concentrar el peso económico provincial, porque ya hemos visto lo que pasa».
Por su parte, Yaissel Sánchez, secretaria de UGT en la misma demarcación, reclama a las empresas «responsabilidad. Han recibido mucho dinero durante la pandemia de la administración, y lo mínimo es reclamarles que eviten la temporalidad y la economía sumergida, que ha crecido y bastante en estos meses. De esta forma será imposible salir de la crisis».
Para Sánchez es imprescindible cambiar el modelo productivo, para evitar la enorme dependencia del sector servicios. «La provincia tiene un modelo que no funciona, porque depende de sectores que son los primeros que se resienten cuando viene una crisis. Hay que utilizar los fondos que van a llegar para apostar por la formación, la innovación y la investigación, y también aprovechar el talento de nuestros jóvenes, que se está desperdiciando».
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Los accidentes laborales aumentan en plena pandemia
Los accidentes laborales en la provincia de Alicante están creciendo en plena pandemia, lo que desde los sindicatos se interpreta como una clara evidencia del constante aumento de la precariedad y la economía sumergida.
De acuerdo con los datos facilitados por CC OO, durante el presente año se han registrado 8.220 accidentes de trabajo, lo que supone un aumento de 1.462 en relación al año pasado. Lo que se reduce son los accidentes mortales, que se quedan en seis tras un descenso de 11 con respecto a 2020.
De ahí que los sindicatos insistan al reclamar un refuerzo de las inspecciones de trabajo, como un medio para combatir la economía sumergida y, de paso, reducir esta alta siniestralidad laboral. El secretario de CC OO en l’Alacantí y Les Marines, Paco García, destaca que este está siendo un caballo de batalla en la Comisión de Hacienda contra el Fraude Fiscal.