La Generalitat Valenciana ha abierto hasta la fecha 130 expedientes de solicitudes para instalar plantas de energía fotovoltaica en la provincia de Alicante con 1.876,18 megavatios (Mw) de potencia eléctrica total. A esos expedientes hay que añadir 21 -con capacidad para generar 2.213 Mw- cuya autorización es competencia del Estado por su magnitud al superar los 50 Mw. También estos expedientes han sido remitidos a consultas a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. Nueve de ellos ya han recibido los informes de la Administración autonómica y uno está paralizado.
Que el Consell haya admitido a trámite, de momento, el estudio para implantar 82 centrales fotovoltaicas en las diferentes comarcas alicantinas no quiere decir que todas las peticiones vayan a prosperar. De hecho, tal y como este diario adelantó semanas atrás, la Conselleria que dirige Mireia Mollà ha rechazado una instalación solar en el Valle de los Alhorines de Villena tras un informe de impacto ambiental negativo por la afección de las aves esteparias.
De los 130 expedientes que son competencia de la Generalitat Valenciana un total de 82 se encuentran admitidos a trámite, es decir, ya tienen el proceso iniciado. Concretamente 22 se hallan en fase de información pública, tres tienen el estudio de impacto ambiental emitido por la Conselleria de Transición Ecológica, cuatro están en fase de autorización y 19 han sido rechazados porque no cumplían los requisitos o se les ha requerido la subsanación de los errores o carencias detectados en la documentación.
En función de los datos aportados por la Generalitat Valenciana, la situación en la que se encuentra el proceso de implantación de la energía fotovoltaica en la provincia adquiere un carácter piramidal. La base, que se corresponde con las peticiones de las empresas del sector energético, es ancha y el vértice, conformado por aquellas solicitudes a las que la Administración les ha dado luz verde, estrecho. Sobre la lentitud que impera en el estudio de los expedientes para emitir un dictamen favorable o desfavorable es preciso puntualizar que son tres las áreas competenciales por las que debe pasar cualquier solicitud. La Conselleria de Transición Ecológica es la última de un procedimiento que requiere de la revisión previa de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad y de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Cada megavatio (Mw) que se instala supone una inversión media de 600.000 euros. Por lo tanto, si todos los proyectos que se han presentado en la provincia de Alicante obtuviesen el permiso preceptivo para desarrollarse, extremo que no se producirá, la inversión rondaría los 2.500 millones de euros. A ello hay que añadir la creación de empleo. Los expertos calculan que durante la construcción de la planta las compañías energéticas contratan a una media de 15 personas por cada 10 Mw que se tengan que instalar. Y, en lo que guarda relación exclusivamente con el mantenimiento de la planta, se necesita un trabajador por cada 10 Mw. Un factor económico positivo al que se suma el ingreso que obtienen los ayuntamientos donde se instala una planta fotovoltaica.
En el conjunto de la Comunidad Valenciana hay presentados en estos momentos 400 proyectos de plantas solares. Y de todos ellos más de medio centenar los está tramitando el Ministerio de Transición Ecológica en colaboración con la Generalitat Valenciana. Actualmente se produce una media de 0,3 Mw de energía fotovoltaica en la Comunidad Valenciana. Pero las directrices que marca el Gobierno de España y la Unión Europea hacen necesario acabar la década de los años 20 del siglo XXI generando 6 gigavatios (Gw) para cumplir los objetivos de desarrollo de las energías renovables. La diferencia, por tanto, es más que apreciable y, al ritmo actual, todo apunta a que no se conseguirá. Precisamente, para facilitar la implantación de las centrales fotovoltaicas, la Conselleria de Transición Ecológica ha aprobado un decreto para que las instalaciones de menos de 5 Mw no necesiten declaración de impacto ambiental. Cabe recordar, al respecto, que las de menos de 50 Mw tampoco necesitan declaración de impacto comunitario.
La Conselleria de Mireia Mollà busca agilizar la implantación de estas centrales por exigencia del Gobierno y de la UE
En cualquier caso desde la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, en atención a las reivindicaciones de las organizaciones agrarias, grupos ecologistas y ayuntamientos afectados, se ha elaborado un mapa donde se muestran las zonas incompatibles y las sujetas a condiciones para poder ubicar paneles fotovoltaicos. También la Administración local dispone de mecanismos para condicionar o limitar los proyectos. Lo puede hacer a través de sus normas urbanísticas, que pueden determinar la ubicación y superficie máxima de los huertos solares, y por medio de moratorias que permiten suspender la aprobación de las solicitudes durante años. En última instancia también corresponde a los ayuntamientos otorgar o denegar las licencias de ocupación y actividad de las que el sector energético no está obviamente exento. En cualquier caso, para cumplir con los objetivos de producción de energía solar que ha fijado el Gobierno central y la Unión Europea se necesita ocupar un 0,25% del territorio de la Comunidad Valenciana, una superficie ínfima comparada con la que abarcan, por ejemplo, los polígonos industriales. Con la ventaja añadida de que los paneles se pueden desmontar y no erosionan ni contaminan el suelo.
Situación del sector
El sector fotovoltaico en la Comunidad Valenciana, según datos del Consell, cuenta en la actualidad con 200 empresas y 6.000 empleos directos e indirectos alcanzando la facturación anual los 3.000 millones de euros. Con las perspectivas económicas que se vislumbran a través de la aplicación del Decreto Ley 14/2000 se podrían crear 3.000 nuevos empleos en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón con una inversión de 5.000 millones de euros. Son las cifras que maneja la Generalitat Valenciana. Pues bien, en España el número de empleos del sector fotovoltaico fue de 40.368 en el año 2020 con un PIB -Producto Interior Bruto-generado de 3.717 millones de euros, lo que supone el 0,3% del PIB nacional. La inversión en I+D se situó en 236 millones de euros y en materia de autosuficiencia cabe destacar que dos terceras partes de todos los componentes necesarios se fabrican en el país. De hecho, en el «Top 10 Mundial» del sector fotovoltaico figuran cuatro fabricantes españoles en «trackers» y dos fabricantes de inversores de los que uno es valenciano. En resumen, la industria del sol es un sector en auge y de futuro y la provincia de Alicante es rica en esta «materia prima» renovable, ecológica y sostenible.
Falsas instalaciones para especular con el terreno
La «fiebre» de los proyectos de centrales solares que la provincia sufre desde hace dos años también tiene un alto componente especulativo. Las propuestas destinadas a ocupar grandes superficies de terreno se suceden todos los meses en numerosos municipios. Hay compañías que hacen públicos sus planes, mantienen contactos con representantes municipales e incluso publican en sus páginas web los proyectos que tienen en cartera. Sin embargo, las solicitudes para poder ejecutar muchas de esas actuaciones nunca se presentan en las Consellerias competentes. Son «globos sonda» que se lanzan para medir la reacción de los dirigentes políticos y de la opinión pública de un determinado municipio. En otros casos responden a un interés meramente especulativo para aumentar o disminuir, de forma interesada, el precio de los terrenos agrícolas donde suelen ubicarse las instalaciones fotovoltaicas. Salvando las distancias, tiene un componente parecido al «boom» de los campos de golf con urbanización de décadas pasadas.
