Una gasolinera con tienda y dos boxes para lavado de coches con casas contiguas y a poco más de 100 metros de dos colegios. Es el proyecto, ya en marcha, contra el que se está movilizando el barrio de San Agustín, con recogida de firmas y una manifestación que la asociación de vecinos La Prosperidad prevé organizar después de tener acceso al expediente registrado en el Ayuntamiento en 2018. Desde la Concejalía de Urbanismo explican que existe una sentencia judicial a favor de la actividad, «y nos guste o no, hay que cumplir con la ley». Por su parte, la empresa instaladora denuncia que el proyecto está desde hace dos años y medio en el Ayuntamiento, y que cuentan con una orden judicial a favor pero llevan meses esperando la preceptiva licencia municipal.
«Es un atropello», afirman María José Molina y Julia Sánchez, presidenta y tesorera de la asociación de vecinos, que pidió el pasado 30 de noviembre la paralización del proyecto y poder personarse en el expediente por el perjuicio que entienden causa esta explotación a la zona de San Agustín. Entre los motivos, que «la tienda de la gasolinera estará pared con pared con unas casas; y han colocado los depósitos (de combustible) a 15 metros» de las viviendas, que están habitadas y que, con la excavación, han sufrido grietas y desprendimientos. María José Molina pudo ver el proyecto en Urbanismo y «pone comercio de combustible. Lo están haciendo de una forma sibilina y no se ha dado a conocer el expediente a los vecinos».
«La pregunta es si este barrio necesita una gasolinera, que tendrá entrada por el Bulevar de Teulada y salida por Jaime I, que ya es un cuello de botella de tráfico, donde se forman colas. Es una zona de paso por la que cruzan niños que vienen del CEIP Rabasa que van a respirar la gasolina y el humo de los tubos de escape. Detrás está el colegio Santa María del Carmen, y enfrente hay un parque y petanca», prosigue la asociación vecinal. El presidente del AMPA del colegio Rabasa, Juan Carlos de la Torre, recuerda además que ya hay gasolineras en Tómbola y Los Ángeles, a unos 800 metros de distancia; y a un kilómetro las de Decathlon. «No somos un polígono industrial sino un barrio de plantas bajas y casas pegadísimas, con muchos niños y personas mayores», afirman. En San Agustín consideran que, con presión vecinal, pueden parar la instalación como ocurrió con otro proyecto de gasolinera en Gran Vía, revocado por el Ayuntamiento en junio de 2021, donde «la distancia a los edificios era superior».
Al respecto, desde la Concejalía de Urbanismo indicaron que la promotora cuenta con una sentencia judicial a favor de la actividad de marzo de 2021 que está recurrida por el Ayuntamiento, y que la instaladora obtuvo un auto en julio de 2021 que permite la ejecución provisional de la sentencia, situación que fue comunicada a los vecinos, molestos porque inicialmente no se les informara del proyecto.
Por su parte, los servicios jurídicos de PetroAlacant criticaron que «el Ayuntamiento de Alicante, después de denegar ilegalmente las licencias, no ha acatado las sentencias y autos de ejecución de distintas instancias judiciales, incluido el Supremo. La Concejalía de Urbanismo, después de mantener una reunión con el responsable de la empresa, consciente de la situación judicial y los perjuicios ocasionados a la empresa, se comprometió a notificar las licencias otorgadas por los tribunales y, después de meses, sigue incumpliendo plazos y desobedeciendo las sentencias».
