Los abogados del empresario Enrique Ortiz y de su hombre para las gestiones en el plan Zonal de la Vega Baja, José Candel, pusieron este miércoles a prueba la paciencia del tribunal que está juzgando supuestos amaños en la adjudicación de este macro vertedero con su intento de sembrar dudas sobre trabajo policial. Ocurrió durante la segunda jornada que ocupó la declaración del inspector responsable del caso al que ambos letrados, Francisco Ruiz Marco y Alejandro Bas, torpedearon con preguntas que buscaban evidenciar lagunas en la investigación.
Entre ellas, cuestiones tales como si la Policía había tenido en cuenta la contestación social a la instalación de la planta de residuos en Albatera que habría justificado el cambio de ubicación de esa localidad, donde se le adjudicó a la UTE Cespa-Ortiz, a la pedanía de Torremendo, donde Ángel Fenoll tenía una finca. Una decisión que la Policía y la Fiscalía Anticorrupción consideran que obedeció al interés de Ripoll en que Ortiz le comprara los terrenos al empresario de Orihuela, afín al PP, para compensarle por no haber conseguido la contrata. «Cualquier vertedero genera protestas allá donde quiera instalarse», respondió el funcionario quien, ante otra pregunta de Ruiz Marco sobre si había analizado las cláusulas del contrato de la concesión, respondió: «no podemos revisar todo y nadie nos requirió para que lo hiciéramos».
Así arrancó una jornada en la que fueron varias las ocasiones en que el presidente del tribunal, el magistrado Joaquín Orellana, un hombre tranquilo y quien está dando muestras de una gran permisividad, tuvo que intervenir para recordar el tiempo transcurrido desde que sucedieron los hechos (más de 12 años) a la hora de reclamar precisión al testigo y rogar que no se extrapolaran otros testimonios.
También a preguntas de Ruiz Marco sobre si se había constatado el porcentaje de votos que tenía la Diputación en el consorcio del plan Zonal (15%), el inspector explicó que lo que había constatado «era la capacidad de influencia de José Joaquín Ripoll en quienes tenían que tomar las decisiones».
El letrado se interesó asimismo por si con las intervenciones telefónicas de este proceso se había seguido la misma operativa en cuanto a su control que con las de la causa de las basuras de Orihuela, también procedentes del caso Brugal, anuladas por un tribunal de la Audiencia de Alicante y pendientes ahora del Supremo. El agente apuntó que la firma digital que garantiza su contenido, y de la que adolecen muchas, se comenzó a insertar a partir de 2007 y que «es una garantía extra, pero no imprescindible».
Pero el momento más tenso de la jornada estaba por llegar y lo propició el defensor de Candel, quien inició el interrogatorio interesándose por si el policía se había reunido recientemente con los fiscales. Una pregunta que el presidente declaró improcedente pero que hizo que el fiscal Felipe Briones saltara visiblemente molesto «por el intento de cuestionar al testigo» recordando que «el inspector es responsable de sus informes» pero que «la instrucción la lleva el juez, los fiscales y también las defensas, que pueden plantear pruebas y pedir documentos».
El letrado continuó preguntado por cómo se montaron las vigilancias, por la transcripción de las intervenciones o sobre la imposibilidad de que las hubiera escuchado todas. «Lo he hecho. Otra cosa es que usted no quiera creérselo», respondió el policía.
Pero el rifirrafe, en esta ocasión con el tribunal, que más tiempo y energías consumió vino a colación de pinchazo del móvil de la mujer de Ortiz, después de que día anterior el agente hablara de «teléfonos seguros», y de la negativa de la sala a que Bas aportara el auto por el que se anuló esa intervención por irrelevante, un documento con el que el letrado buscaba cuestionar la credibilidad del funcionario.
Declaró también el exresponsable del finanzas del PSPV, José Cataluña, quien tras hacer una loa de Fenoll «porque sin él hubiera habido un colapso con las basuras aunque sus instalaciones (hoy clausuradas por delito ambiental) no fueran las mejores», admitió que el empresario oriolano había ido a verle a València «porque pretendía que influyera» en la propuesta que había presentado al consorcio pero que lo que él le dijo al diputado Antonio Amorós, ahora acusado, era «que tenían que votar a la mejor».
La interventora de la Diputación, quien también compareció como testigo, cifró en más de un millón los gastos corrientes del consorcio entre los 2006 y 2015 sin que la planta siquiera exista.
Pepe Cataluña a Ángel Fenoll: «¿Cuándo dices que acaba el plazo ese de la Diputación?
El sumario del plan zonal relata contactos del empresario Ángel Fenoll con las altas instancias del PSPV en la Comunidad para tratar de asegurarse el apoyo de este partido a su proyecto para el vertedero de la Vega Baja. La Policía interceptó esta llamada el 20 de abril de 2007 entre el empresario de la Orihuela y José María Cataluña, antiguo secretario de finanzas del partido en la Comunidad. Los investigadores sostienen que Cataluña era la persona que estaba por encima del exdiputado Antonio Amorós en los contactos que el empresario investigado tenía con el PSPV.
Pepe Cataluña: Ángel, Pepe Cataluña.
Ángel Fenoll: Ah, no veía bien el teléfono, voy conduciendo.
P.: Ah, pues no te preocupes.
A.: Pensé que era mi hija.
P.: Hablamos mañana o cuando quieras tú cuando llegues a casa me llamas.
A.: Sí, no, vamos …, que era a ver si para el miércoles de la semana que viene como lo tienes y quería yo subir...
P.: ¿Cuándo acaba el plazo ese de la Diputación?
A.: El plazo … no sé si es el día cuatro o por ahí.
P.: Vale, vale, entonces tenemos tiempo.
A.: Sí, sí.
P.: Yo te llamo y quedamos para la semana que viene
A.: Para la semana que viene, ¿te llamo yo no?
P.: Muy bien, me llamas el lunes y quedamos, ¿vale?
A.: Venga, vale.
P.: ¿Cómo estás de la salud?
Hablan del estado de salud de Ángel, Ángel dice que se encuentra bien.
