Rubén Martínez, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante (UA), fue el encargado de abrir la sesión de expertos de la jornada con una ponencia en la que habló de los retos a los que se enfrentan las administraciones locales en cuanto a su digitalización. Por ello, recordó las tareas llevadas a cabo en el año 2010 con el Plan E que contemplaba una línea de financiación para la administración electrónica «que dio lugar a muchas plataformas electrónicas que no sirvieron para la finalidad por la que fueron concebido, por lo que tuvo que tirarse todo lo realizado», lamentó.
«Ahora nos encontramos en un momento en el que solo hay administración electrónica, algo que la Covid-19 ha puesto aún más de manifiesto. Por ello, debemos aprovechar la oportunidad histórica de transformar nuestras administraciones locales. Es nuestro momento. Y tenemos que actuar con inteligencia para crear las herramientas que nos ayuden a modernizar nuestras administraciones», opinó el experto en administración electrónica.
Para conseguirlo, Rubén Martínez habló de retos. El primero es el de «no repetir los errores del pasado con los fondos que van a estar destinados a la e-Administración» tal y como sucedió en el año 2010. El segundo es formar a los empleados públicos. «Tenemos la necesidad de ofrecer un buen conocimiento del marco normativo y una formación adecuada de los empleados públicos. Cuando desconoces una materia esta genera miedo y los involucrados tratan de llevar lo que conocen en papel al soporte electrónico. Y esto no es así. Hay que invertir en formación de los empleados públicos. Es una condición imprescindible», subrayó.
Derechos y datos ciudadanos
El profesor de la UA también habló de la obligación de las administraciones de cumplir adecuadamente con los derechos de los ciudadanos. Y, entre estos, Rubén Martínez destacó el de «no tener que aportar datos que ya obren en las administraciones públicas o que hayan sido realizados por ellos. Esto es algo que ya están haciendo los bancos y que las administraciones pueden hacer. Pero las soluciones deben estar muy bien diseñadas y cumplir con parámetros como la interoperabilidad, algo que se olvidó en el año 2010».
Mención especial tuvo la implementación de la e-Administración en los pequeños y medianos municipios, donde abogó porque la Diputación preste un servicio de asistencia en este proceso, yendo a los municipios a ayudar a hacer tramitaciones. «Ahí es más importante que en las ciudades porque los desplazamientos pueden ser de 1,5 horas y hay muchas personas con problemas de movilidad. Hay que dotar de personal específico para que estas personas puedan hacer sus trámites online. La administración electrónica es hoy un derecho fundamental», concluyó.
