El Consell de Transparencia señala al Ayuntamiento de Santa Pola como uno de los más opacos en la Comunidad Valenciana sino el que más. Y lo hace a través de un reciente informe en el que apunta que son innumerables las ocasiones en las que ciudadanos, organizaciones o representantes de partidos de la oposición han solicitado información y esta no ha llegado por parte de la administración que dirige Lorente Serrano y, si lo ha hecho, ha sido con demoras del tiempo que marca la ley, que es de un mes.
Desde Transparencia apuntan que de las 186 reclamaciones que se hicieron en 2020 a los ayuntamientos a nivel autonómico, un 23% del total iban dirigidas hacia el Consistorio de la villa marinera, lo que ha hecho poner el foco de este organismo, que urge de una vez que se busquen los medios para que no vuelvan a producirse estas circunstancias.
Ricardo García Macho, como presidente del Consejo de Transparencia recuerda que en septiembre de 2020 se reclamó al Consistorio que se iniciase un procedimiento sancionador contra los responsables de la posible comisión de faltas graves o muy graves expresadas en los fundamentos del Consejo, que finalmente resolvía una reclamación que presentó un concejal del PSOE para obtener cierta información.
Un mes más tarde, en octubre, el Consejo remitió una carta a la alcaldesa en la que apuntaba que a lo largo del 2020 se encontraban abiertos y pendientes de resolución 17 expedientes de reclamación contra el Ayuntamiento, y en alguno de ellos se habían acumulado solicitudes presentadas «por razones de economía procesal». Sin embargo, las presuntas infracciones de la legislación sobre transparencia eran 43, según señalaba Transparencia. Entonces se reprochaba a la regidora santapolera que el volumen desproporcionado de reclamaciones «ponía de manifiesto un grave problema de transparencia en su Ayuntamiento y también está suponiendo una carga de trabajo adicional e injustificada para este Consejo, que va en detrimento del cumplimiento de sus funciones con la necesaria agilidad», alegaba.
Desde Transparencia refieren que no se les ha contestado a la carta y nuevamente, en febrero de 2021, han vuelto a instar a la administración local que inicie un procedimiento sancionador contra los responsables de no cumplir preceptos de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, en materia de transparencia. Desde este organismo aseguran que «se sigue manteniendo o incrementando la desproporción en el número de reclamaciones recibidas contra el Ayuntamiento de Santa Pola por incumplimientos de los deberes previstos en la legislación».
En respuesta, el portavoz del gobierno local, José Pedro Martínez, del PP, niega que el Ayuntamiento sea opaco y culpa a la oposición. «Esa cifra es consecuencia de la campaña constante de presentar registros continuamente de la oposición y con el fin de entorpecer la gestión del equipo de gobierno». Al hilo, asegura que «faltan medios para contestar todas las peticiones que nos hacen constantemente, la mayoría de las veces contestadas en las sesiones plenarias y en las juntas de gobierno donde asisten».
Cuatro meses sin acceso a la orden de plenos y juntas
Los ciudadanos que quieran tener acceso a los puntos que se han tratado en el pleno o en las juntas de gobierno no pueden hacerlo, ya que la web municipal del Ayuntamiento de Santa Pola lleva sin actualizar más de cuatro meses los ficheros que dan acceso a este contenido, aunque los plenos sí que se pueden ver vía online en los perfiles sociales. En cuanto a las comisiones informativas, no consta ningún acta desde mayo de 2020.
