Un día después de que el Consell de Transparencia señalase a Santa Pola como uno de los municipios más opacos de la Comunidad Valenciana, por no responder a decenas de escritos ciudadanos y de partidos políticos, la oposición de la villa marinera enumera los problemas que están teniendo para fiscalizar la labor del equipo de gobierno. Aseguran que sin información a tiempo no pueden hacer su trabajo. El presidente del Consell de Transparencia, Ricardo García Macho, ha instado incluso a la Administración local a que sancione a los responsables de no responder las reclamaciones.
Vox se desmarca de las críticas y defiende la labor municipal. Desde el equipo de gobierno, del PP, se defienden y aseguran que hay una distorsión de la realidad. Se escudan en que dos ex trabajadores del Ayuntamiento, contra los que hay un procedimiento judicial abierto, están bloqueando el departamento de Personal porque aseguran que han presentado 170 escritos que los técnicos no pueden responder a tiempo. Indican, además, que sólo en 2020 registraron otros 380 escritos entre los que se incluyen los de grupos políticos y dudan que haya otro municipio con tal cantidad de registros.
Por ello, piensan remitir un escrito a Transparencia exponiendo estos hechos porque entienden que no están siendo opacos y que no se puede cargar contra los funcionarios, según indica José Pedro Martínez, portavoz del equipo de gobierno.
Desde el PSOE apuntan que han solicitado en infinidad de ocasiones acceso y copia a documentación pública y a expedientes administrativos, «obteniendo el silencio por respuesta». Según el portavoz socialista, Lorenzo Cervera, su labor es fiscalizar la acción del equipo de gobierno pero como no podían acceder a ciertos documentos han acudido también al Consell de Transparència y al Síndic de Greuges, «que nos dio la razón, pero se ve que el Ayuntamiento prefiere incumplir las leyes antes de darnos la información que estamos en nuestro derecho de solicitar»
Los socialistas entienden que es significativo que el Consell de Transparencia haya instado en dos ocasiones a abrir un expediente disciplinario para depurar responsabilidades. Entienden que el deber del ejecutivo local es contestar a todo lo que la oposición pregunte y requiera, y que sea por escrito si así ha sido la pregunta, por lo que no comprenden que el equipo de gobierno les acuse de entorpecer la gestión.
Desde Compromís tildan de «penoso», «poco transparente» y «arbitrario» el funcionamiento interno del Ayuntamiento. Según Anna Antón, portavoz de la coalición, también pusieron en conocimiento del Consell de Transparència lo que creían que era una forma irregular de actuar, porque aseguran que «cualquier petición para poder revisar registros de entrada o salida, expedientes e informes tiene que recibir el consentimiento de Alcaldía, que decide cuándo nos da acceso a la información, si es que nos la da, incumpliendo claramente la ley, en vez de designar a una persona funcionaria para realizar este trabajo de acuerdo a la normativa».
Sin plenos
Antón declara que durante el confinamiento de marzo a mayo de 2020 por la pandemia de coronavirus no se convocó pleno ordinario a pesar de que lo solicitaron, y apuntan que «es manifiestamente ilegal, y tampoco se convocaron juntas de gobierno ni comisiones, por lo que toda la acción de gobierno se desarrolló mediante decretos de alcaldía con una opacidad inmensa que no nos permitió realizar nuestro trabajo», reprochan.
Ciudadanos refiere que el último informe de Transparencia «pone negro sobre blanco» a una realidad, porque entienden que la falta de transparencia en Santa Pola «era un secreto a voces». Ramón José García, portavoz de Cs, expone que la mayoría de sus escritos están sin responder o lo hacen «pasados muchos meses y muchas veces se responde una cosa distinta a la preguntada».
Indica que esta forma de actuar les dificulta su trabajo porque tardan en acceder a registros que han hecho otros organismos como Costas, Antifraude, la SGAE, o las diferentes consellerias sobre cuestiones que afectan a la localidad.
Apuntan, igualmente, que «la Administración tiene la obligación de contestar a los concejales en 5 días y que ese plazo nunca suele darse.
De igual forma, reprochan que en plenos aparezca información «que no está en el expediente» y que no obtienen antecedentes a tiempo para poder emitir un voto estudiado.
Desde Vox, sin embargo dudan que haya opacidad. Mireia Moya, portavoz de la formación, apunta que no tiene problemas para acceder a la información y dudan que «lo tenga ningún grupo político». Añade que «una cosa es hacer oposición y otra muy diferente es intentar ralentizar el buen funcionamiento del Ayuntamiento con reiterados registros que se contestan, muchas veces, en los mismos órganos colegiados; doy fe».
Indica que la oposición, aunque no forme parte de la junta de gobierno, está invitada al órgano. «Todos acudimos y se nos responde, incluso, preguntas que no forman parte del orden del día».
