Las escuchas policiales a miembros de la red marroquí desarticulada en Crevillent, Callosa de Segura y Lorca por traficar con menores inmigrantes llegados en patera que traían de Canarias tras fugarse de centros de protección han revelado que la organización estaba presuntamente implicada en más actividades ilícitas. Además del delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y el uso fraudulento de pasaportes de terceras personas para trasladar a la península a menores extranjeros no acompañados -«menas»- en aviones desde aeropuertos de Canarias, la Policía Nacional ha detectado indicios de tráfico de drogas y de prendas falsas de ropa y calzado de conocidas marcas, así como conversaciones sobre sobornos a aduaneros marroquíes para pasar mercancía de contrabando y sobre venta de contratos de trabajo falsos y de certificados de empadronamiento y de covid, entre otros documentos.
La investigación de la Policía Nacional que dirige el juzgado de Instrucción número 4 de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife, recoge en las actuaciones no solo conversaciones sobre el tráfico de menores migrantes a la península desde Canarias, objeto inicial de las actuaciones, sino que hay llamadas entre miembros de la red -como el cabecilla que reside en Crevillent- donde hablan de los pagos que realizan a las personas que trabajan en los controles aduaneros marroquíes, todo ello con la finalidad de pasar mercancía de contrabando.
Los investigados hablan incluso de que es mejor entrar a la frontera marroquí a la hora del cambio de turno y se refieren a distintas cantidades de dinero en concepto de sobornos. Así, en una conversación se indica que los aduaneros aceptan un soborno de 200 euros, en otras de 45 y 700 e incluso en una lo elevan a unos 1.500 euros si la mercancía de contrabando es de marca.
Los investigadores de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía refieren en su análisis de las llamadas de los teléfonos intervenidos que la red podría tener relación con algún funcionario en los puertos fronterizos de Algeciras y Marruecos. Dichos contactos, según la Policía, podrían estar facilitando la entrada y salida de mercancía, de ahí el pago de sobornos del que hablan algunos investigados.
En uno de los registros domiciliarios realizados hace varias semanas al principal investigado de la red, vecino de Crevillent y defendido por el abogado Fernando Rocamora, del despacho de Francisco Miguel Galiana Botella,, se intervinieron un centenar de cajas con prendas de ropa y calzado que la Policía ha valorado en 270.000 euros.
Las escuchas policiales también desvelan otros delitos de falsificación de contratos de trabajo, de certificados covid y de empadronamiento. Una de estas llamadas, interceptada el pasado 16 de junio, hablan de un certificado de empadronamiento para uno de los dos interlocutores y uno de ellos le indica que su precio era de 600 euros pero que otra persona se lo dejaba en 500. Al final le dice que es caro y que en Crevillent costaba 400 euros. En posteriores llamadas, uno de estos interlocutores sigue hablando de gestiones para empadronar a varias personas y al final se refieren a una cita concertada en Crevillent para realizar un empadronamiento por dos o tres años a cambio de 400 euros.
La falsificación de contratos de trabajo también aparece en las escuchas policiales a la red que traficaba con menores migrantes llegados en patera a Canarias. Así, en una de las conversaciones se refieren a una tercera persona que trabaja en una empresa de aluminio que vende contratos de trabajo por 13.000 euros. Uno de los interlocutores le dice al otro que una compañera de trabajo quiere traer de forma ilegal a un familiar y le contesta que le pida 14.000 euros para llevarse mil euros de comisión por la gestión.
En otra llamada se refieren a la venta de un contrato de trabajo por 8.000 euros, aunque uno de los interlocutores añade que en ciudades como Zamora, Toledo o Santander se pueden conseguir por 5.000 o 6.000 euros. Asimismo, en otra conversación el precio de venta se estipula en 7.000 euros.
Los investigadores señalan que estos contratos podrían estar utilizándose para facilitar la llegada a España de inmigrantes procedentes de Marruecos. No obstante, estos contratos falsos también se emplean en ocasiones para percibir prestaciones por desempleo fraudulentas.
