Un año después de que el Tribunal Supremo anulara la adjudicación de la estación de autobuses al constructor alicantino Enrique Ortiz, el Ayuntamiento de Benidorm todavía no sabe cómo va a legalizar el limbo en el que se encuentra la terminal. Y ahora las cosas se le complican un poco más. El Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunidad Valenciana ha tumbado una propuesta planteada por el gobierno local para adjudicar de nuevo la explotación de la estación y legalizar todo el exceso de obra, mediante la firma de un convenio con el propio Ortiz.
La fórmula planteada por el Consistorio pasaría por que el empresario cediera el contrato para la licitación del mismo a un tercero, que debería indemnizar al constructor por las obras realizadas y a cambio obtendría la autorización municipal para explotar toda la superficie comercial que en su día se edificó de más: cerca de 9.500 cuadrados de superficie comercial y dos plantas por encima de las previstas en el hotel anexo a la terminal. Ahora bien, el convenio planteado también recoge que, en el caso de que el concurso quedara desierto, el actual contratista -es decir, Ortiz- continuaría explotando la instalación con toda la superficie, ahora sí, ya completamente legalizada.
La necesidad de buscar solución al vacío legal en el que se encuentra la explotación de la terminal proviene de una sentencia dictada en noviembre de 2012 por el Tribunal Supremo, que ratifica otra del TSJ de 2007, y que anuló el acuerdo plenario por el cual el Ayuntamiento, con los votos a favor del PP y del exedil no adscrito Manuel Catalán Chana, autorizó en 2003 a Enrique Ortiz ampliar de 500 a 10.000 metros cuadrados la superficie comercial de la estación de autobuses. Dicho acuerdo fue recurrido por otra de las empresas que había optado a la concesión, Acintur Residencial, al considerar que se habían violado las condiciones del concurso en el que las diferentes mercantiles optaron gestionar la terminal.
Lo mismo pensó el TSJ y después el Supremo, que en ambos casos manifestaron que la modificación del proyecto fue «de tal calado» que no podía considerarse una mera modificación, sino que debía haberse sacado un nuevo concurso público «para que otros interesados pudieran presentar ofertas ante las nuevas condiciones de contratación dispuestas por el Ayuntamiento».
Así que anuló la adjudicación a la UTE formada por las empresas Enrique Ortiz e Hijos y Auplasa, para explotar la estación por 50 años. Con todo sobre la mesa, el Consistorio propuso la fórmula del convenio para que la rescisión de la contrata no costara más dinero a las arcas públicas. Ahora bien, el Consell Jurídic Consultiu pone numerosas pegas a la propuesta planteada por el Consistorio. Y ello, a pesar de no habérsele remitido toda la información referente a los hechos, tal y como constata el propio dictamen.
Las advertencias del CJC
Entre las cuestiones que el CJC pone sobre la mesa advierte de que la actual concesionaria «únicamente podrá ceder aquello sobre lo que versa su contrato y nada más», es decir, que Ortiz sólo tiene potestad para ceder la concesión de la parte legal del proyecto y no de la totalidad de la estación. Además, entiende que para ceder la gestión de un servicio ha de haber transcurrido una quinta parte del tiempo de duración del contrato, que en este caso serían diez años mientras que sólo han transcurrido cinco. El CJC también apunta a que la indemnización que debería percibir Ortiz debe calcularse, sólo, sobre la parte legalizada de la estación, esto es, sobre el proyecto inicial, que en su día se tasó en 5,7 millones y cuyo coste se multiplicó por diez con la ampliación anulada por el Supremo.
El Consell Jurídic recoge finalmente que es «inviable jurídicamente la solución» planteada por el gobierno local y plantea otras tres soluciones alternativas, de las que no obstante reconoce también su inviabilidad por motivos económicos: el rescate de la concesión por parte del Ayuntamiento o la resolución del contrato de mutuo acuerdo, fórmulas en ambos casos en las que el Consistorio tendría que indemnizar a Ortiz, bien de forma directa, bien a través de un tercero; o, por último, que el actual concesionario siguiera gestionando la estación y que se saque a concurso la explotación del resto de servicios.
El grupo municipal del PP reprochó al gobierno local que no haya dado cuenta del dictamen del CJC y pidió explicaciones sobre los pasos que se van a dar para legalizar la estación.
