El pleno del Ayuntamiento de Benidorm inició ayer los trámites para intentar regularizar en el plazo de tiempo más breve posible el limbo en el que se encuentra la estación de autobuses de la ciudad desde noviembre de 2012, cuando el Tribunal Supremo anuló definitivamente el proyecto autorizado por el pleno en 2003 al constructor alicantino Enrique Ortiz para ampliar la terminal. El gobierno local, formado por PSOE y CDL, dio ayer luz verde a una moción del alcalde Agustín Navarro que marca la «hoja de ruta» para legalizar el edificio y volver a licitar su gestión a una nueva empresa. Ahora bien, los puntos de la propuesta están encaminados a alcanzar el mutuo acuerdo con el constructor para rescindir el contrato, para lo cual se establecen diversas medidas que permitirán que Ortiz -siempre Ortiz- vuelva a ser el principal beneficiado por esta operación.
La propuesta aprobada ayer por PSOE y CDL, y que en tres de sus once puntos contó también con el respaldo de la oposición, se basa en una de las opciones que planteó el Consell Jurídic Consultiu en una consulta formulada por el Ayuntamiento para saber cómo tenía que actuar para cumplir la sentencia. En concreto, contempla la resolución del contrato, pactando con la actual adjudicataria, y la posterior licitación de todos los servicios de la estación; es decir, la explotación de la terminal, el área comercial y el hotel. Por su parte, la nueva empresa que se haga con el contrato estaría obligada a indemnizar al constructor como compensación por la obra.
Licencia para toda la superficie
Antes de dar todos estos pasos, la moción prevé, por un lado, legalizar los más de 9.500 metros cuadrados de la superficie comercial y las dos plantas de más en el hotel que Ortiz construyó y no estaban en el proyecto inicial de la estación. Una vez concedidas todas las licencias y permisos, la propuesta también prevé reconocer como «derecho indemnizatorio» de la concesionaria no sólo las obras ejecutadas al amparo del contrato inicial de septiembre de 2002 y de la posterior modificación de 2003, sino también las «obras ejecutadas sin estar amparadas en la modificación del contrato aprobado por acuerdo del pleno de 28 de marzo de 2003», tanto las que cuentan con «licencia de primera ocupación» como las que «no cuentan ni con licencia de primera ocupación ni de obra otorgada». A ellas se sumará también «el daño emergente y el lucro cesante»; esto es, el dinero que la UTE explotadora prevé que estaría dejando de percibir de aquí a que se acabe la concesión, otorgada en su día por un plazo de 70 años.
En conjunto, aunque aún no hay una valoración en firme, una estimación realizada en el año 2006 por el área de Contratación alertaba de que el precio de la obra se había multiplicado por nueve, pasando de los 5,7 millones por los que fue adjudicada en 2002 a -ni más ni menos- que 54 millones, una cantidad que podría dificultar ahora la concurrencia de nuevas empresas al concurso y que, por tanto, podría volver a dejar de nuevo el servicio en manos de Enrique Ortiz.
Acusaciones cruzadas
El debate político para sacar adelante la moción, estuvo plagado de acusaciones cruzadas entre los grupos del gobierno y la oposición, que se culparon mutuamente de consentir «que la estación creciera y creciera, mirando hacia otro lado», como reprochó el portavoz del PSOE al PP; y de «demorar más de un año una solución a la sentencia del Supremo», como criticaron los populares a socialistas y liberales.
En cualquier caso, como ya alertaba el informe del secretario, esta resolución del contrato y nueva licitación «está condicionada a la aceptación por el actual concesionario». El técnico avanzó ayer que el asunto deberá volver a pasar, al menos, tres veces más por pleno: una para aprobar el convenio y otra para aprobar la liquidación, siempre y cuando se logre ese acuerdo con Ortiz; más otra para volver a adjudicar la explotación. Por su parte, el edil de Urbanismo, el liberal Vicente Juan Ivorra, destacó que se ha dado «el primer paso para intentar resolver un problema histórico».
