Las empresas dedicadas a alquilar las sillas autopropulsadas han proliferado muy rápido en poco tiempo, algo para lo que no estaba preparado el Ayuntamiento de Benidorm. La mayoría de sus clientes son británicos, y no todos ellos hacen un buen uso de las mismas. Ante esto, el anterior gobierno aprobó el año pasado una ordenanza, que como ha podido comprobar la Policía Local, y según pudo saber este diario, no cumplen, en general, ni el Ayuntamiento ni los dueños. Una normativa que «empezaban a olvidar los empresarios», según manifestaron fuentes municipales.
Éste texto, entre otros puntos, recoge que el Consistorio tiene que tener un registro de las sillas y expedir por cada una de ellas una placa local que las identifique, algo así como una matrícula al uso. Punto que no se ha cumplido y que las empresas tratan de solventar colocando pegatinas poco fiables porque en cualquier momento se pueden quitar, según pudo conocer este diario. De esta misma forma, este periódico ha comprobado que en algunos casos las empresas no están entregando a los clientes el contrato que tienen que llevar encima para que se lo puedan dar a los agentes si lo requieren. Además, al parecer no están informando a los usuarios de que sólo lo pueden usar las personas con movilidad reducida o los que hayan cumplido 55 años.
Asimismo, también está prohibido llevar ocupantes encima o conducirla bajo los efectos de cualquier sustancia, teniendo la posibilidad de efectuarle pruebas como las establecidas para conductores de vehículos.
