La juez titular del Juzgado de Instrucción 2 de Benidorm, que investiga el caso de los supuestos enchufes en el Ayuntamiento de la ciudad turística durante el gobierno del exalcalde Agustín Navarro, ha incoado un auto de procedimiento abreviado contra dos exconcejales socialistas y seis funcionarios por presunta prevaricación administrativa continuada. Así se recoge en un auto fechado el pasado 2 de diciembre, donde la magistrada asegura que ve indicios de delito de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos y da el paso previo a la apertura de juicio oral contra los ocho investigados: los exediles Juan Ramón Martínez y Natalia Guijarro, ambos ya retirados desde hace años de la política activa; así como los entonces jefes de los departamentos de Recursos Humanos, de Personal, de Nóminas, de Contratación y Gestión de la Seguridad Social y de Negociado de Personal, además de la técnica de Relaciones Laborales del departamento de RR HH. Junto a ellos, también se imputó en su día al exalcalde Agustín Navarro, desligado de la causa desde el mes de septiembre y eximido de toda responsabilidad criminal tras su muerte el pasado febrero.
Los hechos objeto de la causa fueron denunciados por la Fiscalía, a raíz de una denuncia presentada por el Sindicato Profesional de Policías y Bomberos (SPPLB). Los mismos tienen que ver con la firma de hasta 130 contratos temporales en el año 2010, de los que al menos 43 habrían ido a parar a personas con vínculos familiares o políticos directos con el PSOE local, cuando el Gobierno central había prohibido taxativamente incrementar las plantillas para reducir la inmensa deuda que entonces tenían los ayuntamientos, así como la creación de 13 plazas fijas de funcionario de nuevo ingreso, cuando la tasa de reposición establecida por Ley permitía crear únicamente 3. También, por la concesión de pluses, complementos y ascensos a funcionarios supuestamente afines desde finales de 2009 a 2012, entre otros hechos. La suma de todo ello generó un desfase presupuestario de 4,5 millones en el capítulo de Personal.
En la época en la que se produjeron los hechos investigados, Natalia Guijarro ejercía como concejal de Hacienda, mientras que Juan Ramón Martínez, era el responsable de Recursos Humanos. Tras las municipales de 2011, que ganó el PSOE, Guijarro mantuvo las delegaciones del área económica y sumó también las de Personal, departamento que gestionó hasta que los socialistas perdieron en 2015 y ambos dejaron la primera línea política.
Decisiones injustas
La magistrada apunta en el auto que los hechos investigados «ponen de manifiesto la irregular política de personal y presupuestaria llevada a cabo» durante el gobierno de Agustín Navarro. Entre ellos, hace alusión expresa a la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo municipal de 2010, donde «se incluía una subida salarial que fue aprobada por el Pleno pese al informe contrario a dicha subida, emitido por el Interventor Municipal, que se oponía (...) por suponer un aumento de la masa salarial (...) superior a la máxima autorizada por la Ley». También apunta que «se crearon y cubrieron determinadas plazas, cuya urgencia y necesidad no estaba justificada»; que «se crearon y cubrieron un elevado número de plazas de personal laboral temporal, pese a la restricción establecida por Ley, sin someter la modificación a negociación alguna» y ratifica que «como consecuencia de la política de personal llevada a cabo durante esos años existe un desajuste en la partida presupuestaria de Personal de 4,5 millones de euros».
El auto añade que, «como consecuencia del desarrollo de la RPT aprobada, se convocó la cobertura de ciertas plazas por el sistema de concurso-oposición, siendo así que las personas que accedieron a las mismas presentaban relaciones familiares y políticas con el equipo de gobierno». Por todo, «sin perjuicio de su ulterior calificación, los hechos descritos son constitutivos de un delito continuado de prevaricación de los arts. 404 y 405 del Código Penal, al haberse adoptado y dictado por una serie de resoluciones, acuerdos y nombramientos injustos y sin que concurran los requisitos legalmente establecidos, un delito continuado de tráfico de influencias de los arts. 428 y 429 en los procesos selectivos de contratación convocados y un delito de malversación de caudales públicos del art. 432», concluye.
Tras notificarse el auto a las partes, se abre un plazo para que la Fiscalía, la acusación particular o los acusados puedan pedir el sobreseimiento o la apertura de juicio oral.
Contratos Numerosos informes del interventor alertaban de la ilegalidad
Un detalle que la magistrada que investiga los hechos no pasa por alto es que todas las contrataciones supuestamente irregulares se produjeron a pesar de que existían numerosos informes técnicos, firmados por el interventor municipal, que alertaban de la ilegalidad de los mismos. «En materia de Personal, el Ayuntamiento desatendió la Ley 26/09, de Presupuestos Generales del Estado y los informes de reparos y advertencias efectuados por la Intervención respecto a las limitaciones en el ámbito de contratación de personal y en las retribuciones de los empleados», recoge la juez, que menciona hasta tres informes distintos en los que el técnico ratificó sus advertencias al gobierno local.
