El Banco de España expedienta a los anteriores responsables de la CAM

Por todo ello, que podría suponer una infracción administrativa muy grave, el supervisor del sistema financiero español ha decidido actuar contra los exdirectores generales de la caja, Roberto López Abad y María Dolores Amorós; el expresidente de la misma, Modesto Crespo; y todos los que fueron miembros del consejo de administración y de la comisión de control de la entidad desde el año 2008, entre los que hay destacados empresarios y también representantes del personal. En total, 49 personas que ayer empezaron a recibir las respectivas notificaciones. Llama la atención, sin embargo, que el resto de miembros del comité de dirección de la entidad queda excluido del expediente.

La decisión se toma casi siete meses después de que el Banco de España interviniera la entidad el pasado 22 de julio y encargase al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) su gestión ante la imposibilidad de los directivos y consejeros de presentar un plan de viabilidad creíble tras la ruptura de su fusión con Cajastur.

Informe demoledor

El informe elaborado por la Dirección General de Supervisión del Banco de España resulta demoledor, especialmente para los citados ejecutivos, y agrupa las supuestas irregularidades encontradas en cinco grandes apartados: Deficiencias en los mecanismos de control y gestión de los riesgos; prácticas irregulares para alterar la realidad financiera y patrimonial de la CAM; el incumplimiento de autorizaciones administrativas; el pago de retribuciones no justificadas a los órganos de control, consejeros y ejecutivos; y la incapacidad final para mantener la viabilidad de la caja, como ya se ha citado.

El documento señala, sin paños calientes, que la CAM ha estado dirigida por gestores que «no han sabido preservar la situación patrimonial» de la entidad y que en ocasiones «ha primado la satisfacción de intereses particulares por encima de los intereses generales» de la caja. Destaca así el escaso control que durante muchos años hubo sobre la concesión de créditos, tanto en la red comercial como al más alto nivel. Los inspectores apuntan que en muchos expedientes ni siquiera hay constancia de la intervención del Departamento de Riesgos y que la unidad de Auditoría Interna tampoco cumplía con su tarea de analizar los riesgos y proponer medidas para eliminarlos o mitigarlos. Y añade que esta dejadez de funciones se inició a partir del año 2001, cuando Roberto López ascendió a lo más alto del escalafón.

En este sentido, la gestión de la morosidad es otros de los fallos señalados. Para evitar que aumentara, según el relato del Banco de España, se concedían refinanciaciones sin tener en cuenta la solvencia del beneficiado. Además, las oficinas «se desentendían» de los recobros.

El ejemplo de Polaris

Como ejemplo de la falta de control que había en la entidad, el documento relata las operaciones de la CAM con el grupo Polaris y las que se realizaron con múltiples promotores a través de la filial Tenedora de Inversions y Participaciones (TIP). En el caso de la inmobiliaria murciana, los inspectores se sorprenden al comprobar que no existía ningún control sobre las disposiciones de financiación que hacía la firma supuestamente para sufragar las promociones. Es decir, que no se comprobaba que el dinero se invertía en las urbanizaciones.

Tampoco se realizó ningún análisis de riesgo para otorgar nueve millones al socio principal de Polaris para que éste participase, a su vez, en un préstamo con el que recapitalizar la sociedad, después de haberse repartido 84 millones en dividendos.

El caso de las actuaciones a través de TIP es aún más grave, según el Banco de España, que estima en más de mil millones de euros las pérdidas registradas por la caja debido sus inversiones a través de esta filial. La CAM utilizaba esta compañía para asociarse con distintos promotores, a los que les financiaba sus «pelotazos». Lo hacía, por ejemplo, concediendo préstamos para la compra de suelo por un precio muy superior al que pagaba el promotor o participando en «proyectos especulativos» en los que se compraban terrenos rústicos sin tener clara su recalificación futura.

El informe señala como responsables de estas operaciones a López Abad y a Daniel Gil Mallebrera que, paradójicamente, no forma parte de los expedientados.

El supervisor también censura la política seguida por los directivos de la entidad para favorecer el crecimiento de la misma, por recurrir en exceso a la financiación de los mercados mayoristas descuidando la captación del ahorro de los particulares. Esta práctica se convirtió rápidamente en un problema cuando en septiembre de 2008 quebró Lehman Brothers y se cerró el mercado interbancario. La entidad nunca consiguió tener un balance equilibrado en este terreno y la ruptura con Cajastur agudizó hasta el extremo la situación. En este sentido, los inspectores desvelan que la fuga de depósitos desde el 1 de enero de 2011 hasta el día de la intervención fue de 3.407 millones de euros.

Ingeniería contable

El documento también hace hincapié en que los «estados contables no permitían conocer adecuadamente la situación financiero patrimonial de la entidad» y destaca las estratagemas seguidas para intentar mejorar artificialmente la tasa de mora. Así, se asegura que en el año 2008 la caja pasó directamente a fallidos una importante cartera de créditos problemáticos, evitando tener que reconocerla como activos dudosos. Para cubrir las pérdidas se deshizo de una parte importante de su cartera industrial: ese año consiguió 1.088 millones por la venta de sus acciones de Enagás y Unión Fenosa, consideradas la joya de la corona de sus participaciones empresariales.

En años posteriores se rehabilitaron parte de estos préstamos cuando fue necesario disponer de las provisiones realizadas. En este sentido, el Banco de España también apunta que el método seguido no cumplió con la normativa. En muchos casos lo que se hizo, supuestamente, fue conceder una segunda o tercera hipoteca sobre el mismo bien para pagar la primera. Los inspectores cifran en 2.832 millones los préstamos rehabilitados incorrectamente.

Otra de las prácticas denunciadas en el escrito con el objetivo de ocultar la morosidad fue la de titulizar (empaquetar) préstamos fallidos, dudosos e inmuebles adjudicados y simular su venta a un tercero para darlos de baja en el balance. Supuestamente los responsables de la CAM lo hicieron en cuatro ocasiones y colocaron estos «paquetes» a través de fondos privados en Irlanda y los Países Bajos.

Ignoró las advertencias

Los inspectores también remarcan que la cúpula de la CAM incumplió los requerimientos que le hizo el Banco de España en diciembre de 2010 -ya con María Dolores Amorós como primera ejecutiva- para que reclasificase buena parte de la cartera crediticia de la entidad. Amorós se escudó entonces en que la CAM ya formaba parte del SIP con Cajastur y que debía ser el nuevo banco creado para ser cabecera del grupo -el Banco Base- el que debía dar cuenta de las medidas tomadas para dar satisfacción a las exigencias del supervisor.

Igualmente, el informe se hace eco de las supuestas artimañas de la directora general para conseguir que el balance de 2010 aún presentara beneficios a pesar del aumento de la morosidad que había registrado la caja. Sobresale, en este aspecto, una doble operación pactada, según el Banco de España, con el socio mayoritario de Hansa Urbana, Rafael Galea. En dicha operación, la CAM primero aumentó su participación en la promotora y luego la redujo para poder anotarse las plusvalías.

Por último, los inspectores también cuestionan las remuneraciones variables de los ejecutivos, algunas prejubilaciones y las dietas que cobraban los consejero por representar a la entidad en las participadas, una práctica que a Modesto Crespo le llegó a reportar hasta 300.000 euros anuales pero que no estaba aprobada por la asamblea general de la entidad.

Como es lógico, no todos los incluidos en el proceso tienen la misma responsabilidad, pero el expediente se dirigen contra «quienes ostentaban cargos de administración o dirección» en las fechas en que se cometieron las supuestas irregularidades y también contra la comisión de control puesto que su obligación es auditar los balances de la caja y las decisiones de los anteriores.

El Sabadell evita opinar pero alaba el trabajo del FROB

El adjudicatario de la CAM, el Banco Sabadell, declinó ayer realizar ninguna valoración sobre la apertura del expediente sancionador contra los anteriores responsables de la entidad. Preguntados al respecto, desde el banco catalán se limitaron a decir que «el FROB, los actuales administradores, hacen su trabajo y muy bien». «Nuestro único objetivo es estar preparados para que cuando se produzca la toma de control podamos, junto con el actual talento del equipo de CAM, devolverla lo antes posible a la senda de beneficios», añadieron desde el Sabadell. El banco catalán empezará a gestionar la entidad a partir de marzo, cuando se prevé que Bruselas dé su autorización. d.n. alicante

Los expedientados se enfrentan a sanciones de hasta 500.000 €

Dependiendo de la clasificación que finalmente dé el Banco de España a las supuestas irregularidades cometidas por los anteriores gestores de la CAM, los expedientados podrían enfrentarse a multas de hasta 500.000 euros, según consta en la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. Así es como se sancionan la infracciones «muy graves» de la normativa bancaria, mientras que si la falta es sólo «grave» la multa se reduce hasta los 150.000 euros. En cualquier caso, para conocer la conclusión del caso aún debe pasar bastante tiempo. Una vez que los afectados hayan recibido la correspondiente notificación existe un plazo de 20 días para que puedan aportar la documentación y las alegaciones que estimen oportunas. Posteriormente el Banco de España deberá elaborar un pliego de cargos con las acusaciones concretas y la tipificación de cada una de las supuestas infracciones, tras lo que se abrirá otro periodo de alegaciones antes de que el Consejo de Gobierno del supervisor financiero apruebe el castigo definitivo. En cualquier caso, el expediente que instruye el Banco de España sólo puede dar lugar a una sanción administrativa que, además de la multa económica, puede conllevar la inhabilitación para ocupar puestos de gestión en el sector. En caso de que el supervisor considere que puede haber delitos penales, debe trasladarlo a los tribunales. No obstante, como es público, la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional ya están investigando la gestión realizada por los anteriores responsables de la CAM, la primera de oficio y la segunda a raíz de la denuncia del abogado murciano Diego de Ramón. redacción alicante