La solicitud del concurso voluntario de acreedores que ayer anunció Reyal Urbis deja en el aire el futuro de los más de 80 millones de euros en activos inmobiliarios -la inmensa mayoría solares y terrenos- que la compañía posee en la provincia de Alicante y que, con toda probabilidad, acabarán ahora en manos de las entidades financieras y la Sareb, el "banco malo" impulsado por el Gobierno que se convirtió el pasado diciembre en su principal fiador al recibir los créditos de las cajas nacionalizadas.

Después de dos refinanciaciones de su deuda en los años iniciales de la crisis -la última en 2010- y de meses de negociación para un nuevo acuerdo, finalmente la banca ha dejado caer a la firma controlada en un 70% por Rafael Santamaría al entender que ya no era viable y que resultaba imposible recuperar la totalidad de la inversión con los activos que posee la empresa. Sólo la deuda financiera de Reyal Urbis ascendía a 3.613 millones de euros, a los que hay que sumar al menos otros 139 que tiene pendientes con sus proveedores y 370 millones que debe a la Agencia Tributaria.

Precisamente, la posibilidad de que Hacienda ejecutase un embargo para cobrarse los intereses de esta deuda fue lo que precipitó la petición del concurso voluntario por parte de sus actuales gestores, que así han evitado perder el control de la firma. Se trata, en todo caso, de la segunda mayor suspensión de pagos de la historia de España, tan solo por detrás de la protagonizada por Martinsa-Fadesa, que logró renegociar una deuda de 7.200 millones.

Entre los acreedores financieros el mayor es el Sareb, con 747 millones, de los que 440 proceden de los créditos traspasados por Bankia y otros 190 de los recibidos de Novagalicia. En segundo lugar se sitúa el Santander, con 508 millones; seguido por el fondo Appaloosa, que compró la deuda de Barclays, con 407 millones; el Royal Bank of Scotland con 290; el ICO con 215; el Popular con 208; el fondo FMS con 167; o el portugués Caixa Geral con 160.

Deuda provisionada

Por su parte, la inmobiliaria tiene un saldo pendiente con el Sabadell de 70 millones de euros, que la entidad catalana heredó al adjudicarse la CAM. No obstante, desde el banco presidido por Josep Oliu restaron importancia al posible impacto de esta cifra en su balance ya que estaría completamente provisionada y cubierta, en parte, por el Esquema de Protección de Activos que protege al grupo de las catastróficas inversiones en el ladrillo que realizaron los anteriores responsables de la caja alicantina.

Lo cierto es que éste ha sido uno de los problemas de Reyal Urbis a la hora de negociar un nuevo aplazamiento: tras cinco años de crisis y los dos decretos del ministro De Guindos que obligaron a aumentar las dotaciones, las entidades ya tenían cubiertas todas las posibles pérdidas por el impago de estos créditos, por lo que les resultaba más práctico ejecutarlos y evitar que el problema continuara prolongándose. Esta misma amenaza pende ahora sobre otras compañías del sector.

Intereses en las Marinas

En cuanto a los activos de la firma, las últimas cuentas anuales de Reyal Urbis cifran en 3.319 millones las "existencias" del grupo, de los que 81 millones corresponden a activos ubicados en la provincia de Alicante. De estos últimos, una gran mayoría, 70,5 millones, son terrenos y solares que, según las fuentes del sector consultadas, se ubican en su mayoría en distintas poblaciones de la Marina Alta y la Marina Baixa. Otros 10,5 millones aparecen en el balance como inmuebles terminados, aunque en la web de la firma tan sólo tiene en estos momentos en comercialización una promoción de chalets en Sant Joan d'Alacant -Residencial Islas de San Juan- y unos locales comerciales en el edificio Altabix de Elche, cuyas viviendas ya entregó en dación en pago a Novagalicia en el año 2010.

Fuentes del sector también recuerdan que Reyal Urbis desarrolló varias promociones en Cala Finestrat y en Nuevo San Blas, en la ciudad de Alicante, donde la orden religiosa de los Maristas llegó a demandarles por utilizar su nombre en uno de sus residenciales.

La inmobiliaria señaló ayer, en un comunicado, que seguirá desarrollando su actividad con normalidad tras solicitar el concurso y expresó su confianza en "encontrar una solución definitiva" que les permita superar la situación de insolvencia, informa Europa Press. Igualmente, aclararon que ni la división hotelera ni el complejo que promueve al norte del Paseo de la Castellana de Madrid forman parte del proceso.