Son muchas las familias que cada mes se echan a temblar cuando les llega la factura la luz, y no es para menos. España es el cuarto país de la UE que más paga por la electricidad, sólo por detrás de Dinamarca, Alemania e Irlanda. Sin los recargos del Gobierno, pasaría del cuarto al undécimo lugar, y eso lo dice todo. No sólo eso. También éste es el país europeo en el que más se ha disparado el precio de la luz entre 2008 y 2014, con un incremento, ni más ni menos, que de 81 euros en el megavatio por hora (MWh) frente a los 42 euros registrados de media en el conjunto de la UE, según se desprende del informe «Análisis de los precios de la electricidad en la Unión Europea y en Estados Unidos: Una perspectiva española», presentado esta semana. Por eso, no es extraño que uno de cada cuatro hogares se declare insatisfecho con su servicio de electricidad, tal y como reveló sin ir más lejos el viernes la mismísima Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Y se declaren insatisfechos simple y llanamente porque consideran que es un suministro excesivamente caro. Sin embargo, ¿cómo se explican esos precios que el común de las familias tachan de abusivos? Los expertos lo tienen claro: se explica por la confluencia de impuestos y tasas que el Gobierno, de una manera o de otra, acaba imputando a la factura, hasta el extremo de que, hoy por hoy, esos recargos suponen más o menos la mitad de lo que se paga cada mes por el consumo eléctrico. Se explica por eso y, como denuncian desde la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu), por la falta de transparencia.
Partiendo de estos puntos, la segunda cuestión es obvia. ¿Y por qué aquí se pagan más recargos que en otros países? Están las primas a la producción de renovables, la compensación a las eléctricas por la moratoria nuclear o el comentado déficit tarifario. Ahora bien, la investigadora del Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante, y profesora del departamento de Análisis Económico Aplicado, Oana Driha, pone en foco en la excesiva dependencia exterior por lo que toca a la energía, especialmente en lo que respecta a los combustibles fósiles, lo que sitúa a España muy por encima de la media europea. «Hay países en los que los recargos son mucho mayores que en España. Sin embargo, no todos los países tienen la misma dependencia del exterior que España, donde esa dependencia pasa del 70%, sólo superada por Malta (104%), Luxemburgo (97%), Chipre (96%) e Irlanda (89%), y mientras que en la media de la UE está en algo más del 50%», puntualiza esta profesora de la UA. A ello se suma otro factor, a su juicio, no menos importante: la política de vaivenes que se ha llevado en la regulación de las renovables. «Hubo una apuesta demasiado fuerte al principio por las renovables, y sólo este año hemos tenido ya dos reales decretos, se han intentado reducir las subvenciones, y eso ha llevado a las empresas a una situación de descontento generalizado», indica.
Al final, como admite el presidente de la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís de Crevillent -empresa matriz del grupo Enercoop-, Enrique Mas, los medios de producción en España son los que son, y todo eso tiene una incidencia directa en la factura. Y todo eso pese a que, como apunta, las cooperativas eléctricas -en su caso, cuentan con unos 12.000 socios en Crevillent- pueden ofrecer precios más económicos que las grandes empresas porque parte de los dividendos, una vez cubiertas las inversiones de rigor y lo que se destina a acciones sociales, va a rebajas en el recibo. No obstante, la forma en la que se han disparado los recargos en las facturas es lo que ha hecho que, si hace unos años, tenían capacidad para bajar las facturas a sus socios en torno a un 35% sobre las tarifas de las grandes empresas, ahora esa capacidad de maniobra se sitúa entre el 7% y el 8%.
Sea como sea, no son éstos los únicos factores de peso. El autor del informe «Análisis de los precios de la electricidad en la Unión Europea y en Estados Unidos: Una perspectiva española», David Robinson, investigador senior del Oxford Institute for Energy Studies, hace hincapié en otros puntos, aunque sin perder de vista en este caso tampoco la situación geográfica de España. Entran aquí los costes extra que se atribuyen al transporte en Canarias y Baleares. «No deja de ser una subvención, cuando en EE UU, por ejemplo, cada Estado tiene su propio precio, de manera que en Hawaii el precio de la electricidad es más caro en Texas», detalla Robinson. Ante este escenario, este experto no duda a la hora de poner encima de la mesa las posibles soluciones: o bien dejar de lado la política de precios unitarios y «regionalizar» los precios en función de los costes, o bien salvar esas diferencias vía Presupuestos Generales del Estado.
En cualquier caso, y, por encima de todo, el autor de este estudio que tanto ha dado que hablar esta semana subraya que el principal problema es el intervencionismo de los gobiernos... Intervencionismo de los gobiernos en los precios con el fin de obtener ingresos seguros para poder destinarlos a otras políticas. «Los precios podrían bajar, y mucho, no sólo en España, sino en otros países, si no se financiaran con cargo a las tarifas otras cosas ajenas al coste del suministro eléctrico. Bastaría con que esas partidas se metieran en los presupuestos, y, además, no se distorsionaría el mercado», considera. No en vano, el gran desafío al que se enfrentan los estados en estos momentos, no sólo en Europa, sino también en Estados Unidos, y, por supuesto, también la UE es el de minimizar al máximo ese intervencionismo, señala.
Sin embargo, y, más allá de la desorbitada subida de las tarifas, que también, desde Avacu se quejan del agravio comparativo que se establece entre los pequeños consumidores y las grandes empresas. Tanto es así que el propio informe de David Robinson pone en evidencia que el precio medio de la luz también ha subido para las empresas, pero no a un ritmo tan atroz como para los hogares: un 9% en el caso de las industrias medias y un 7% en el caso de las más grandes. Así las cosas, el responsable del Gabinete de Información de Avacu, Julián Tío, se queja de que, en última instancia, el sistema está confeccionado de manera tal que siempre se acaba penalizando a los hogares. «Los grandes consumidores siempre aprecian menos las subidas, pero, además, cuando se produce un decrecimiento, son los que más lo notan, por lo que acaban perdiendo menos», precisa.
No obstante, si hay algo en lo que ponen el acento desde Avacu, ese algo es en la falta de transparencia, demanda ésta en la que coinciden los investigadores, junto a la exigencia de que falta claridad e información hacia el usuario final. «¿Por qué pagamos más en España? Lo triste es que no tenemos ni idea. Se habla mucho del déficit tarifario, por ejemplo, pero nunca se acaba de averiguar bien por qué se ha producido ese déficit. Se dice que se quiere preservar el precio real de la electricidad, pero tampoco se acaba de ver», lamenta. Por ello, su reivindicación no puede ser más contundente: «Seguimos exigiendo más claridad en la factura de la luz. Eso es posible que no sirva para rebajar el recibo, pero sí nos permitiría saber qué es eso del déficit tarifario o cuánto tiempo lo vamos a tener que pagar, ver las políticas que se cargan a los recibos y, en un momento dado, incluso decidir si queremos que eso se mantenga o se cambia. El problema es que la factura de la luz se basa en una política de hechos consumados, cosa que no ocurre, por ejemplo, con el recibo del gas», sentencia Julián Tío.
De momento, y, con las tarifas actuales en la mano, desde Avacu, inciden en que la clave es intentar introducir prácticas que pueden traducirse en pequeñas rebajas en la factura, como cambiar las bombillas por otras de tecnología led, poner la lavadora o el lavavajillas cuando estén llenos y en las horas más económicas, o, simplemente, algo tan obvio como apagar las luces cuando uno no vaya a estar en una estancia.
