Tras un año de calma, el sector del comercio vuelve a su estado natural de efervescencia. El borrador del anteproyecto de Ley de Comercio Sostenible ha sorprendido a las patronales y ha motivado una cascada de alegaciones de todo tipo. El texto fue lanzado hace unas semanas por la Conselleria de Economía, cuando aún están en marcha proyectos como el Patsecova. Lo hizo para cumplir con el compromiso adquirido en el último seminario del Consell de iniciar la tramitación antes de fin de año, y ha pillado al sector en fuera de juego.
El periodo de consulta se cerró el pasado lunes con el rechazo prácticamente unánime a regular a través de este documento un nuevo instrumento de promoción comercial: las áreas de promoción económica urbana (APEU). Todas las organizaciones integradas en la patronal autonómica CEV (desde las grandes superficies -Anged-, al pequeño comercio -Confecomerç- o los supermercados -Asucova-) piden que sea eliminada y se aborde en una norma particular, con una negociación reposada y en paralelo a esta ley.
¿En qué consiste esta nueva figura? Se trata de una especie de distritos delimitados geográficamente, ya sean dentro de un municipio o supramunicipal, al que pertenecerán los comercios con acceso directo desde la calle y donde se acometerán mejoras del entorno, actuaciones urbanísticas, medidas de promoción, etcétera.
Es una forma de colaboración público-privada, que puede ser impulsada por el ayuntamiento de la ciudad, por asociaciones empresariales o por un número mínimo de comerciantes. Además de fondos públicos, los ayuntamientos podrían fijar una cuota a los comercios como contraprestación para la financiación de estos distritos, una medida amparada por la Constitución, según el borrador de la ley. Es un instrumento para «consolidar un modelo de ciudad compacta», mediterránea, «cohesionada y medioambientalmente sostenible».
El sector, que lleva años pidiendo una iniciativa de este calado, ve con desconfianza la plasmación de las APEU en la Ley de Comercio sin un debate previo. De hecho, existen dudas: desde la legalidad de poder exigir contraprestaciones económicas obligatorias a la legitimidad de un ayuntamiento para instar la constitución de una de estas áreas.
«Nos ha sorprendido que se incluya en la ley y que se ventile en cinco artículos. Es algo atípico en nuestra cultura [la figura está inspirada en países como EE UU o Canadá], y en Cataluña y Navarra está siendo fruto de un debate de más de un año y con una ley específica. Puede ser muy importante pero tiene cuestiones polémicas como la tributaria. Es precipitado», resumió Joaquín Cerveró, de Anged.
Todos coinciden en pedir que la futura Ley de Comercio se limite a mencionar los principios generales y se remita a un posterior desarrollo legislativo, según figura en las alegaciones de la CEV. El conseller Rafa Climent se comprometió a reflexionar hasta el punto de dilatar, si es necesario, la aprobación de la Ley de Comercio unos meses; o incluso a crear un desarrollo normativo propio para esta figura.
Seguridad jurídica con las ZGAT
Por otro lado, entre las decenas de alegaciones presentadas algunas reabren algunos aspectos polémicos ligados a las zonas de gran afluencia turística (ZGAT), que mediatizaron el debate del sector la pasada legislatura.
Así, por ejemplo, Confecomerç pide eliminar la revisión de las ZGAT a los cuatro años para comprobar que persisten las circunstancias que motivaron su declaración. «Es fundamental que se mantenga su vigencia mientras no cambien las circunstancias, eliminando, por tanto, cualquier periodo de caducidad en aras de la seguridad jurídica», señala la entidad.
