Junto con los gastos de personal o los alquileres, la factura de la electricidad suele ser uno de los mayores costes que las empresas tienen que afrontar todos los meses, en especial en aquellas de carácter industrial, que tienen consumos elevados. Se trata de uno de esos gastos fijos que en la actual situación los empresarios ven con recelo, ante la falta de liquidez a que los ha abocado el cierre forzoso por la declaración del estado de alarma, pero que también pueden rebajarse.

Así, además de aplazar el pago del recibo, como ha establecido el último decreto del Gobierno, las compañías pueden optar por rebajar el término de potencia que tienen contratada, una medida que puede suponer en muchos casos una rebaja de entre el 40% y el 50%, según afirman desde la Asociación Provincial de Empresas del Sector de la Energía. Esta reducción se suma, además, al menor consumo que provoca la paralización de la actividad, por lo que el coste final puede caer entre un 80% y un 90%, según afirma su presidente, Fernando Amat, que estos días no se cansa de instar a las empresas de todo tipo a que aprovechen la oportunidad.

De esta forma, ha tenido que llegar una pandemia mundial para que los empresarios vean atendida una de sus reivindicaciones históricas: la posibilidad de ajustar según sus necesidades la potencia de la luz. Según explica Amat, en circunstancias normales, las empresas sólo pueden solicitar un cambio al año, lo que les obliga a estar pagando durante todo el ejercicio por el máximo que necesitan en su temporada de mayor actividad, ya que, si lo bajan, más tarde no pueden volver a subirlo. Algo especialmente gravoso en aquellas industrias de temporada, como el turrón.

Con el inicio del estado de alarma, primero fueron las grandes eléctricas las que acordaron facilitar que sus clientes pudieran reducir el término de potencia durante un tiempo y luego recuperarlo, sin coste alguno. Una posibilidad que posteriormente el propio Gobierno también recogió en su nuevo decreto de medidas para combatir los efectos del Covid-19, del pasado 31 de marzo.

Hasta 12.000 euros al mes

Pero, ¿cuánto puede suponer este cambio? Pues, según los cálculos de Asener, una fábrica de tamaño medio que tenga suministro de media tensión, con 800 kilovatios contratados, se ahorraría solo con la bajada de potencia unos 6.000 euros al mes. En la misma línea, una gran industria que tenga un contrato de 1.600 kilovatios pagaría unos 12.000 euros menos y, así, sucesivamente. Evidentemente, cuanto menor sea la capacidad contratada menor será el ahorro. Por ejemplo, un comercio de grandes dimensiones podría rebajar su factura entre 60 y 500 euros, según las mismas fuentes.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto, las eléctricas tendrán la obligación de atender estos cambios en el plazo de cinco días. Posteriormente, las empresas que se acojan a la medida dispondrán de tres meses para solicitar otro cambio para volver a aumentar su término de potencia.

Ahora lo que plantean organizaciones como Asener es que esta facilidad pueda prolongarse y se modifique definitivamente la legislación para facilitar que las industrias y el resto de sectores puedan adecuar sus contratos a la electricidad que realmente demanden en cada momento.