Trabajadores sociales alertan del posible colapso por el ingreso mínimo

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia (COTSV) ha rechazado que sean los Servicios Sociales de las entidades locales los que asuman la tramitación de solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y ha alertado de un posible colapso del sistema.

En un comunicado, el órgano colegial ha denunciado que la desaparición de los Servicios Sociales en el reparto del fondo social complicará la atención a las personas más vulnerables y ha considerado que la tramitación del IMV tiene que ser competencia de un organismo estatal y ser gestionada con auxiliares administrativos.

Según ha argumentado, dejar la tramitación a los Servicios Sociales municipales supone "una sobrecarga de tareas que no pueden asumir las trabajadoras y los trabajadores sociales con los equipos que disponen actualmente los ayuntamientos".

Ha advertido que a pocos días para el inicio de la presentación de solicitudes del IMV, aún son "muchas las incertidumbres" que ven los trabajadores sociales, a los que "preocupa el posible colapso de los Servicios Sociales municipales" por la situación de emergencia social generada por la crisis sanitaria.

La situación actual "ha dejado a cuerpo descubierto que los Servicios Sociales, a pesar de haberse visto reforzados con la incorporación de personal en los últimos años, no disponen de los recursos suficientes para afrontar el gran aumento de personas en situación de necesidad y riesgo de exclusión que se espera en los próximos meses", ha indicado.

"La exclusión de Servicios Sociales en el reparto del fondo social del Gobierno estatal complica todavía más la viabilidad de la atención integral que necesitan las personas más vulnerables, lo cual supone, una vez más, que la cuarta pata del Estado de Bienestar (los Servicios Sociales) no tiene el respaldo ni la consideración que tienen la Sanidad, la Educación y las pensiones", ha añadido.

Para el COTSV, los trabajadores sociales "no son tramitadores de solicitudes, sino que su trabajo "va mucho más allá", pues acompañan a las personas a desarrollar sus capacidades, que les permitirán resolver los problemas a los que se enfrentan, además de facilitar la información que necesitan y conectar con los organismos que resuelven las prestaciones económicas, entre muchas más funciones.

Por eso, ha sostenido que la tramitación del IMV tiene que ser competencia de un organismo estatal, como la Seguridad Social (INSS), y ser gestionada por esta mediante auxiliares administrativos.

"Si se sobrecargan los profesionales del Trabajo Social de los Servicios Sociales de las entidades locales con estas tareas administrativas, no podrán intervenir en la atención directa que requieren las personas más vulnerables para luchar contra su exclusión social", ha concluido.